El 20 de febrero, Ali Peralta, secretario político nacional de la OLA, recibió en su domicilio de la capital jujeña una notificación de la Policía Federal para presentarse en la fiscalía federal. La citación se debe a una investigación iniciada por una denuncia realizada en julio de 2025 por un soldado del ejército israelí de origen argentino que vive en territorios palestinos ocupados como reservista de las FDI.

Por Joshua Lentulus Aivazian.

La denuncia original imputaba a Peralta los delitos de “terrorismo, apología de la violencia y posible acción en banda”. A raíz de esta presentación, la organización denuncia que el dirigente fue objeto de “seguimiento y espionaje por parte de la Policía Federal durante meses en su trabajo, hogar y demás actividades”, lo que consideran una vulneración de su derecho a la intimidad. “Buscando pruebas ante tamaña denuncia encontraron que es un trabajador y padre de familia, que así como está comprometido con nuestro pueblo y la nación Argentina, también apoya la Causa Palestina y su lucha contra la ocupación”, afirma el comunicado oficial de la OLA el pasado martes 3 de marzo.

Sin embargo, lejos de archivar el caso, la organización señala que los fiscales intervinientes decidieron “dar curso a la persecución” modificando la carátula a “discriminación por antisemitismo”. El Secretariado Nacional de la OLA concluye afirmando su decisión de ir a juicio “con la convicción de sostener nuestros valores, nuestros principios, nuestras verdades, y nuestra posición histórica, política y cultural, intransigente e irreductible, de resistencia nacional popular contra el sionismo”.

El caso de Ali Peralta, se suma a la lista de personas víctimas de persecución y censura con la complicidad de las instituciones del Estado argentino. Vulneran derechos y garantías constitucionales en vísperas de conmemorarse 48 años del golpe cívico-militar de 1976. Lejos de ser un retroceso, reflejan una alarmante renovación del propósito en el uso represivo del aparato estatal, actualizando viejas prácticas con nuevos ropajes discursivos.

Para comprender la gravedad del momento, es menester mirar por el espejo retrovisor. Los fundamentos ideológicos de la dictadura de Videla operaban en dos dimensiones. Puertas adentro, el objetivo declarado era preservar la “organización nacional” y los “valores cristianos” frente a la amenaza subversiva. En el plano exterior, significaba una extensión del alineamiento internacional con Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor.

El objetivo oficial de dicho plan era exterminar cualquier célula subversiva alineada con Moscú en el contexto de la Guerra Fría. Pero en la práctica, su misión fue la destrucción de los movimientos patriotas que luchaban por la soberanía y la justicia social, socavando la independencia y la libertad de nuestros pueblos. Fueron perseguidos sindicatos, organizaciones estudiantiles, artistas e intelectuales, instaurando un verdadero terrorismo de Estado sobre el conjunto de la sociedad.

Hoy nos encontramos con una inquietante reedición de aquel escenario. La bipolaridad Este-Oeste murió, pero la resurrección semántica del “enemigo” se perpetúa con violencia desde el discurso del movimiento libertario. Este discurso viene acompañado de alineamientos explícitos con un occidente supremacista y belicista, teniendo como ejes centrales a Estados Unidos e Israel.
No es casual. Los Acuerdos de Abraham, la reivindicación de una alianza evangélico-sionista, y la humillación y persecución pública de quienes critican los actos de genocidio cometidos por Israel sobre el pueblo palestino, son tan solo el espejo histórico de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina.

Hoy, desde el Estado y sus instituciones, se persigue a quienes denuncian estos crímenes. Y, como complemento perverso, se impulsa el negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, llegando incluso a su reivindicación como un acto “necesario” y “positivo”. Este revisionismo grotesco corre en paralelo a los actuales discursos de simpatía hacia las políticas genocidas y belicistas de figuras como Trump y Netanyahu.

La denuncia contra Ali Peralta, orquestada desde el extranjero y validada por una fiscalía federal que cambió la carátula para sostener la acusación, es un ejemplo perverso de este retroceso histórico. Se persigue a quienes se oponen al discurso oficial, se quiere subordinar al país a los dictámenes de potencias hostiles a cambio de fotos y reconocimientos hacia el presidente, y se quiere reescribir la historia para justificar el presente.

Frente a esta renovación del propósito represivo del aparato del Estado, la respuesta no puede ser otra que la misma de siempre: una batalla tras otra en defensa de nuestras libertades, la soberanía y la justicia social. Porque, como ayer, hoy también es una batalla más. Y es necesario, hoy más que nunca, no dormir en los laureles de efemérides simbólicas, sino despertar en la realidad de la lucha por nuestros derechos.

El jefe de Gabinete fue denunciado por incluir a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos. El caso generó polémica porque el propio funcionario había criticado duramente el uso del Estado para beneficiar a allegados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por haber incluido a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York junto al presidente Javier Milei. La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió investigar si se produjo un uso indebido de recursos públicos al trasladar a una persona que no ocupa ningún cargo en el Estado.

La polémica se desató luego de que trascendiera que la esposa del funcionario integró la delegación que participó de actividades oficiales en Estados Unidos. La denuncia solicita que la Justicia determine si hubo malversación de fondos o utilización irregular de recursos del Estado en el marco del viaje presidencial.

El episodio reavivó críticas por las declaraciones que el propio Adorni había realizado en el pasado contra los privilegios de la política. En una conferencia de prensa, el actual jefe de Gabinete había afirmado: “Se acabó la lógica del Estado como un botín, a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada”, una frase que volvió a circular en redes sociales tras conocerse la denuncia.

No fue la única declaración en ese sentido. El ex vocero también sustuvo que “en la Argentina de las ideas de la libertad los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual”, y había insistido en que el gobierno libertario no haría acuerdos con “la corrupción” ni permitiría los privilegios de la política.

Consultado por la polémica, Adorni intentó justificar la presencia de su esposa en el viaje y sostuvo que los gastos personales no fueron cubiertos por el Estado. Sin embargo, la denuncia presentada ante la Justicia federal buscará determinar si la inclusión de su pareja en la comitiva oficial implicó o no un uso indebido de recursos públicos.

Mientras tanto, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y lucha contra los privilegios que el Gobierno libertario repite en cada conferencia y las prácticas concretas de algunos de sus funcionarios.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del núcleo duro del Gobierno con una reacción cargada de ironía frente a la polémica por el viaje a Nueva York del jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni junto a su esposa.

En medio de una relación cada vez más deteriorada con el resto del oficialismo, Villarruel reposteó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje crítico que apuntaba al funcionario por la controversia generada en torno a los viajes oficiales. El mensaje, acompañado por un fragmento de una entrevista a Adorni, incluía una frase irónica: “El ajuste lo va a pagar la política… jajajaja”.

El gesto fue leído en la Casa Rosada como un nuevo capítulo de la interna que enfrenta a la vicepresidenta con el armado político que responde al presidente Javier Milei. La tensión se da, además, en un momento particular: Villarruel ejerce de manera interina las funciones presidenciales mientras Milei se encuentra de gira internacional.

La polémica se desató luego de que se conociera que Adorni viajó a Nueva York acompañado por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, como parte de la comitiva que acompañó al mandatario en el evento Argentina Week. La presencia de Angeletti generó cuestionamientos y críticas en redes y en la oposición, especialmente por el contraste con una de las principales consignas del oficialismo: la reducción del gasto estatal.

Ante los cuestionamientos, Adorni defendió la decisión. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, explicó.

El funcionario también señaló que Angeletti tenía previsto viajar previamente a Miami el 26 de febrero, pero que el cambio en su agenda motivó que finalmente lo acompañara en el vuelo oficial.

En ese contexto, la reacción de Villarruel volvió a evidenciar la distancia política dentro de La Libertad Avanza. Si bien la vicepresidenta no fue la autora original del mensaje —publicado por una cuenta llamada @Apoyoavictoria—, la decisión de republicarlo amplificó la crítica y sumó un nuevo round de chicanas dentro del oficialismo.

La organización kirchnerista difundió un mensaje de la ex presidenta en el que critica el rumbo económico del Gobierno y advierte sobre el ajuste, los despidos y el endeudamiento de las familias. “Me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria”, sostiene la exmandataria en las imágenes.

La Cámpora salió al cruce del gobierno de Javier Milei con un contundente mensaje en redes sociales. A través de su cuenta oficial en X, la organización kirchnerista difundió un video de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y acompañó las imágenes con duras críticas al modelo económico implementado por la administración libertaria.

“El modelo de Milei y el FMI es hambre y pobreza para los argentinos y las argentinas”, publicó la agrupación en su cuenta oficial. En el mismo posteo, La Cámpora aseguró que “la economía no para de caer, las empresas cierran y la industria está destruida”. También advirtieron que hay “miles de despidos” y que muchas familias se encuentran endeudadas en un contexto de ajuste y recesión.

El video elegido para respaldar el mensaje muestra a Cristina Kirchner en una de sus apariciones públicas, donde reflexiona sobre su situación judicial y la vincula con el deterioro económico que atraviesa el país. “Creo que se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo”, afirma la exmandataria en la grabación.

En esa línea, Cristina también hace foco en la situación de los jubilados y el aumento del costo de vida. “Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y los medicamentos cada vez están más caros”, señala, antes de concluir: “Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer cuatro comidas por día”.

El mensaje de La Cámpora se da en un contexto de creciente tensión política y social, con sectores industriales golpeados por la recesión, caída del empleo registrado y una apertura de importaciones que afecta especialmente a rubros como el textil, el metalúrgico y el automotor. La organización kirchnerista buscó instalar el video de Cristina como una advertencia sobre el impacto social de las políticas del oficialismo, mientras la expresidenta continúa cumpliendo prisión domiciliaria con estrictas restricciones.

El presidente Javier Milei calificó como “empresarios prebendarios” al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, durante su discurso de apertura de la Argentina Week en Nueva York, un foro orientado a promover inversiones en el país. El mandatario afirmó que mantiene “confrontaciones abiertas” con ambos empresarios y los vinculó con prácticas que, según sostuvo, perjudicaron a los argentinos. Citó a los evangelios para hablar mal de la industria nacional. ¿Está bien el mandatario?

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”, afirmó Milei ante empresarios e inversores.

El Presidente profundizó las críticas y sostuvo: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta”. En ese marco defendió su política de apertura de importaciones y sostuvo que el objetivo es beneficiar a “millones de argentinos”, aun cuando algunos sectores industriales puedan verse afectados por la competencia externa.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que su esposa viajó en el avión presidencial que trasladó a Javier Milei y la comitiva a Nueva York. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York el 26 de febrero. Ella tenía el pasaje comprado, pero después hubo un cambio de agenda y yo quería que ella me acompañe. Así que Presidencia la invitó”, explicó el Jefe de Gabinete.

Adorni y su mujer viajaron juntos en el avión presidencial a Estados Unidos donde se desarrolla Argentina Week 2026, un encuentro para intentar atraer inversiones para el país. “Yo me voy a deslomar, necesitba que me acompañe”, insistió el ex vocero presidencial. Los argentinos le pagaron el viaje y la estadía de lujo a la mujer de Adorni.

“Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe”, argumentó de forma insólita el jefe de Ministros.

Sin embargo, cuando Eduardo Feinmann le preguntó por el hospedaje de su mujer, reconoció que pernocta en su misma habitación. “Los gastos se los paga ella y yo pagó mis gastos”, dijo. Nadie le creyó pero tampoco hubo indignación.

Un dato alarmante refleja con crudeza la profundidad de la crisis económica: seis de cada diez trabajadores asalariados en Argentina se ven obligados a saltearse comidas por falta de dinero, incluso durante su jornada laboral.

Así lo revela una encuesta difundida el 10 de marzo de 2026 por la Universidad Católica Argentina (UCA), realizada sobre 1.171 trabajadores de distintas ciudades del país, en el marco del debate sobre la reforma laboral.

El informe, elaborado para la empresa Edenred, indica que el 61,1% de los asalariados ha dejado de alimentarse durante su horario de trabajo debido a restricciones económicas. Dentro de ese universo, el 46,7% lo hace ocasionalmente y el 14,4% de manera habitual, lo que expone un deterioro profundo de las condiciones de vida incluso entre quienes tienen empleo registrado.

Trabajar y no poder comer

El estudio advierte que la crisis no solo impacta en la cantidad de alimentos, sino también en su calidad. El 78,5% de los trabajadores opta por comidas menos nutritivas para abaratar costos, una tendencia que se intensifica entre quienes perciben ingresos inferiores a $800.000 mensuales.

La problemática golpea con mayor fuerza a jóvenes de entre 18 y 29 años, a trabajadores de menores ingresos, a empleados no calificados y a quienes se desempeñan en pequeñas empresas, donde los beneficios corporativos vinculados a la alimentación son menos frecuentes.

Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, explicó que la economía personal determina directamente la calidad de la alimentación. Según el estudio, más de la mitad de los trabajadores ha debido saltearse comidas o elegir alimentos menos nutritivos por razones económicas, mientras que solo el 16,5% declara no sufrir ningún tipo de privación alimentaria.

La presión también se observa en el gasto cotidiano: el 43,9% de los asalariados destina entre $5.000 y $10.000 por día para alimentarse, mientras que un 36,1% debe arreglarse con menos de $5.000 diarios.

Desigualdad regional y diferencias entre sectores

La encuesta también revela fuertes disparidades geográficas. En el Nordeste argentino (NEA), el 50,1% de los trabajadores reconoce que no come durante su jornada laboral, uno de los niveles más altos del país.

Las diferencias también aparecen entre sectores: en el ámbito privado el 17% de los asalariados no ingiere alimentos durante el horario de trabajo, mientras que en el sector público la cifra se eleva al 33%.

Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos de Edenred, subrayó la gravedad del fenómeno: “Una cosa es comer mal o poco y otra es pasar entre ocho y doce horas sin comer nada. También sorprende que más de la mitad de los trabajadores no reciba ningún aporte de alimentación por parte de su empleador”.

Alimentación y reforma laboral

El informe también vincula la problemática con la reciente reforma laboral, que modificó un artículo para ampliar los beneficios alimentarios considerados como beneficios sociales.

La nueva normativa permite incluir comedores externos o tarjetas de alimentación para comercios cercanos, sin que esos montos formen parte del salario imponible.

Según Granatelli, garantizar la alimentación de los trabajadores no es solo una cuestión social, sino también productiva: “Un trabajador que come bien está más sano, tiene menos accidentes laborales, falta menos y es más productivo”.

El estudio deja al descubierto un dato inquietante de la coyuntura: en medio de la crisis, incluso tener empleo dejó de ser garantía de una alimentación adecuada.

El sistema universitario argentino comienza marzo atravesado por una crisis profunda. Un paro de personal docente y no docente posterga el inicio del ciclo lectivo hasta el próximo 16 de marzo y expone el creciente conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y la pérdida salarial de sus trabajadores.

La medida de fuerza combina distintos niveles de protesta gremial. Mientras la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) convocaron a un cese de actividades de 24 horas, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió iniciar una huelga por tiempo indeterminado hasta obtener una recomposición salarial. El gremio reclama un aumento del 51%, en contraste con la propuesta oficial del 12,3% a pagar en cuotas.

El retraso en el comienzo de clases refleja un conflicto más amplio que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. Los sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura inmediata de paritarias, denunciando que el Gobierno nacional mantiene congelada la negociación salarial formal desde 2024.

Conflicto por financiamiento y salarios

El núcleo de la disputa se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuya implementación fue suspendida por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 795/2025. El Gobierno sostuvo que la norma no habilitaba gastos de manera explícita, lo que derivó en una presentación judicial colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto.

Desde ADUBA advierten que la falta de negociación salarial agravó el deterioro de los ingresos en el sector. Su secretario general, Emiliano Cagnacci, señaló que la ausencia de paritarias desde 2024 provocó un retraso que hoy resulta insostenible para los trabajadores del sistema universitario.

Según explicó el dirigente, el reclamo involucra a todo el entramado laboral de las universidades públicas: docentes, no docentes, investigadores y personal de salud de los hospitales universitarios. En ese marco, el paro busca presionar al Gobierno para que convoque a paritarias y cumpla con la legislación vigente sobre financiamiento.

La postura de AGD-UBA es aún más contundente. El gremio condicionó el regreso a las aulas a una recomposición salarial que compense la pérdida acumulada frente a la inflación.

Su secretaria general, Laura Carboni, denunció que el Ejecutivo intenta evitar el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los trabajadores mediante modificaciones legislativas. Según detalló, mientras el reclamo sindical plantea una actualización del 51%, el Gobierno propone un aumento del 12,3% dividido en tres cuotas, cuya última se abonaría recién en septiembre.

Además de la huelga, el plan de lucha incluye movilizaciones, cortes y permanencias en facultades y colegios universitarios de todo el país bajo la consigna de una “huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”.

Escalada del conflicto

La paralización en la UBA comenzará formalmente el 16 de marzo, pero el desarrollo del conflicto tendrá un nuevo punto de evaluación el 20 de marzo, cuando se realice una asamblea para definir la continuidad o eventual profundización de la huelga.

Los gremios insisten en la plena aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley original, que establecen la actualización automática de salarios y becas estudiantiles de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo dentro del sistema universitario.