La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, en un nuevo episodio de enfrentamiento interno que expone la creciente distancia entre la titular del Senado y dirigentes cercanos al presidente Javier Milei.
La presentación judicial fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Petri afirmara en televisión que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y que incluso se habría ofrecido como alternativa presidencial mientras integra la actual gestión.
El conflicto se originó tras el discurso de Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina. En ese contexto, Petri sostuvo públicamente que la vicepresidenta “no ha estado a la altura de las circunstancias” y sugirió que el mandatario hacía referencia a ella cuando mencionó a quienes, desde dentro o fuera del Gobierno, esperarían un fracaso de su gestión.
“Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”, afirmó el exministro, quien además insinuó que Villarruel podría haber aspirado a la presidencia.
La vicepresidenta respondió primero en redes sociales, donde calificó a Petri como un “cosplayer”. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió.
El cruce escaló rápidamente. Petri respondió con dureza y acusó a la vicepresidenta de ser “golpista”, lo que terminó de tensar el enfrentamiento público.
Tras ese intercambio, Villarruel decidió avanzar en la vía judicial y radicó una denuncia penal por “calumnias o falsa imputación, injurias, infracción del artículo 213 bis del Código Penal y otros atentados contra el orden público”, además de una supuesta “amenaza de rebelión”.
El artículo citado prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes integren agrupaciones que busquen imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor.
El episodio suma un nuevo capítulo a las fricciones entre Villarruel y dirigentes alineados con el núcleo político del presidente Milei, una relación que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más tirante y que empieza a trasladarse con mayor frecuencia al terreno público y judicial.