Mientras el Gobierno celebra la macro, la economía real muestra fábricas que bajan la persiana y empleo en caída.
Según un informe de la consultora Fundar, el sector privado argentino atraviesa un deterioro profundo, con un cierre masivo de empresas desde la asunción de Javier Milei. El estudio advierte sobre una contracción sostenida del entramado productivo, en un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y ajuste económico que golpea de lleno a la industria y las pymes.
Los datos son contundentes: desde el cambio de gobierno ya cerraron más de 22.600 empresas empleadoras en todo el país, lo que representa una caída significativa del tejido productivo. Este proceso no solo implica la desaparición de unidades económicas, sino también un impacto directo en el empleo formal y en las economías regionales, profundizando la recesión en múltiples sectores.
El fenómeno no es aislado ni sectorial. Casos como FATE, que cerró su planta en San Fernando tras perder mercado frente a un fuerte aumento de las importaciones, o los despidos en empresas como Newsan, Whirlpool o Quilmes, muestran que la crisis atraviesa toda la estructura productiva. Detrás de este deterioro aparecen tres factores clave en los que coinciden distintos diagnósticos: atraso cambiario, apertura de importaciones y caída del consumo interno, una combinación que remite, en varios aspectos, a la crisis posterior a la salida de la convertibilidad en 2002.
Los indicadores oficiales también reflejan la gravedad del escenario. Según el INDEC, más de la mitad de las empresas industriales (52,4%) reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia la debilidad del mercado interno como principal limitante para la producción. En la misma línea, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,6% en enero, marcando el peor inicio de año desde 2002.
A su vez, un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso fuertes tensiones financieras: el 45,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su plantilla de personal. Estos datos surgen de una encuesta realizada a 644 compañías de distintos tamaños y sectores, lo que confirma la extensión del problema en todo el entramado productivo.
En este contexto, distintos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se corrige el rumbo económico. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía, los datos muestran que la supuesta recuperación aún no se materializa y convive con un deterioro profundo en la economía real. La apuesta oficial a una mejora futura contrasta con un presente marcado por fábricas que cierran, empleo que se pierde y un tejido productivo cada vez más debilitado.