La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones y al proceso sobre el predio estatal.
La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, que se conoció este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio estatal entre 2025 y 2026.
Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de 3.650 millones de pesos para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, la denuncia advierte posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
Además, se señalan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Sospechas sobre la concesión de Tecnópolis
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de 183.300 millones de pesos y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
La denuncia también detalla conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que —según la presentación— podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Posibles delitos
De acuerdo con el documento al que accedió Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la diputada solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.