La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones y al proceso sobre el predio estatal.

La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presentación judicial, que se conoció este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio estatal entre 2025 y 2026.

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de 3.650 millones de pesos para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En ese proceso, la denuncia advierte posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

Además, se señalan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Sospechas sobre la concesión de Tecnópolis

Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de 183.300 millones de pesos y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

La denuncia también detalla conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que —según la presentación— podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Posibles delitos

De acuerdo con el documento al que accedió Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la diputada solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

El vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la escena por su patrimonio, en medio de cuestionamientos por sus gastos y su discurso contra los privilegios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suma una nueva polémica tras conocerse que una vivienda en un exclusivo country, con expensas cercanas a los $700 mil mensuales, figura a nombre de su esposa. La información generó interrogantes sobre la situación patrimonial del funcionario y el origen de los fondos, en un contexto donde ya venía siendo cuestionado por su nivel de gastos.

La propiedad se encuentra en un barrio cerrado de alto nivel y forma parte de un conjunto de datos que comenzaron a circular sobre los bienes vinculados al entorno familiar de Adorni. La revelación se suma a las dudas que ya habían surgido por los consumos con tarjetas de crédito y otros movimientos que exceden ampliamente su ingreso declarado como funcionario público.

Más allá del detalle puntual del inmueble, el caso vuelve a poner en discusión la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas de algunos integrantes del gobierno. Adorni ha sido uno de los principales voceros de la narrativa libertaria contra “la casta” y los privilegios del Estado, lo que amplifica el impacto político de este tipo de revelaciones.

En ese marco, crecen los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y su entorno. Mientras el Gobierno insiste en la austeridad como bandera, los datos que se van conociendo alimentan la controversia y refuerzan las críticas sobre posibles inconsistencias entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre.

Aunque en febrero las expensas en la Ciudad de Buenos Aires registraron una leve baja mensual, la tendencia de fondo sigue encendiendo señales de alerta: los costos se mantienen por encima de la inflación y están empujando un aumento sostenido de la morosidad.

Según un relevamiento privado, el valor promedio de las expensas se ubicó en $318.650, con una caída del 1,8% respecto de enero. Sin embargo, este descenso resulta apenas un alivio parcial frente a una dinámica más profunda: en los últimos 12 meses, las expensas aumentaron un 38,4%, superando el 33,1% de inflación interanual informada por el Indec.

Este desfasaje entre ingresos y gastos comienza a reflejarse con claridad en la capacidad de pago de los hogares. El dato más preocupante es el crecimiento de la morosidad: el porcentaje de unidades con deuda pasó del 17% al 19% en apenas un mes. Es decir, casi dos de cada diez departamentos en CABA ya no pueden afrontar las expensas en tiempo y forma.

El informe, elaborado por ConsorcioAbierto sobre más de 13.000 consorcios, muestra que la mora dejó de ser un fenómeno estable para transformarse en una tendencia en alza. Durante mucho tiempo se mantuvo cerca del 17%, pero el reciente incremento confirma que el sostenido encarecimiento de las expensas está empezando a impactar de lleno en la cadena de pagos.

“Las expensas no evolucionan igual que la inflación porque dependen del calendario del edificio. Enero suele concentrar ajustes de contratos, presupuestos y el impacto del aguinaldo”, explicó Albano Laiuppa, director de la plataforma. Aun así, la suba acumulada por encima del IPC evidencia una presión adicional sobre los consorcistas.

En este contexto, los consorcios comienzan a funcionar como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término sostienen el funcionamiento cotidiano mientras crece la cantidad de vecinos que se atrasan y regularizan más adelante.

En cuanto a la estructura de costos, el mayor peso sigue siendo el personal, que representa el 33% del total. Le siguen el mantenimiento y los gastos operativos (28%), los servicios públicos (entre 13% y 15%), los gastos administrativos e impuestos (14%) y las obras o mantenimientos extraordinarios (entre 6% y 11%).

Pese a la leve baja de febrero, desde el sector advierten que no hay una reducción real de costos, sino una mayor estabilidad en su evolución. El resultado es un escenario cada vez más delicado: expensas en niveles altos, ingresos que no acompañan y una morosidad creciente que tensiona el funcionamiento de los consorcios.

Visiblemente molesto con el rumbo del Gobierno, Etchecopar aseguró estar “cansado” del Presidente y su entorno, y profundizó sus críticas al afirmar que Milei “sólo tiene corazón para sus perros” y volvió a insistir en que “le chupa un huevo la gente”.

El periodista Baby Etchecopar volvió a apuntar con extrema dureza contra el presidente Javier Milei, al asegurar sin rodeos que “le chupa un huevo la gente y no le importa el hambre”, en una de las críticas más explosivas que se escucharon en los últimos días.

Lejos de quedarse ahí, el conductor redobló la apuesta y desafió públicamente al mandatario a presentarse en su programa para sostener una entrevista sin condicionamientos, con repreguntas y sin acuerdos previos. “Sería interesante verlo con alguien que no tenga las preguntas pautadas ni compromisos económicos con la presidencia, pero eso no va a pasar”, lanzó, cuestionando el esquema de comunicación oficial.

Visiblemente molesto con el rumbo del Gobierno, Etchecopar aseguró estar “cansado” del Presidente y su entorno, y profundizó sus críticas al afirmar que Milei “sólo tiene corazón para sus perros” y volvió a insistir en que “le chupa un huevo la gente”. En uno de los pasajes más duros de su descargo, disparó: “Para los perros tenés corazón, dejate de joder”, poniendo en duda la sensibilidad del mandatario frente a la crisis social.

Criticas a Adorni

El periodista también extendió sus cuestionamientos al resto del gabinete y apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, al criticar que haya viajado a Punta del Este en un vuelo privado en lugar de enfocarse en la situación de los jubilados.

En su análisis, Etchecopar enmarcó sus declaraciones dentro de una crítica más amplia al modelo de gestión, al sostener que “no podés gobernar para un Excel mientras la gente la pasa mal”, en referencia al impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

Finalmente, también cuestionó el tono confrontativo del Presidente y su relación con la prensa: “No podés tratar a todo el que piensa distinto como enemigo”, advirtió. Y cerró con una frase que expone su decepción: “Yo te apoyé, pero esto no era lo que prometiste”

La provincia de Buenos Aires expresó un fuerte rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca modificar la Ley de Glaciares y pidió a los diputados que voten en contra. Desde el Ejecutivo bonaerense advirtieron que la iniciativa pone en riesgo reservas estratégicas de agua y, por lo tanto, el desarrollo productivo del país.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, sostuvo que la normativa vigente “no debe modificarse” y alertó que la reforma afectaría incluso a provincias sin glaciares, como Buenos Aires, debido a su impacto en el acceso al agua y en las cuencas interjurisdiccionales. En ese sentido, remarcó que “sin agua no hay condiciones para la producción”.

El gobierno provincial cuestionó que el proyecto flexibiliza la protección ambiental para habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, lo que podría generar pérdida de reservas hídricas, contaminación y mayor variabilidad climática. Además, advirtió sobre una posible competencia entre provincias para atraer inversiones mediante menores controles ambientales.

También se señalaron objeciones legales, al considerar que la reforma vulnera principios constitucionales y acuerdos internacionales, y se criticó el limitado alcance de las audiencias públicas en el Congreso.

En síntesis, Buenos Aires se posiciona firmemente en contra de la modificación de la ley, defendiendo el esquema actual y planteando que el camino no es cambiar la norma, sino mejorar su implementación y control.

El Gobierno dejó trascender que estaría dispuesto a apoyar militarmente a Estados Unidos en el Golfo Pérsico si así lo solicitara, pero dentro de las propias Fuerzas Armadas y del área de Defensa crecen las dudas sobre la capacidad real del país para intervenir en un conflicto de esa magnitud.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, aseguró que ante un eventual pedido de Donald Trump “cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, aunque reconoció que no existe actualmente una solicitud formal. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno evitó confirmaciones y habló de “rumores”, mientras que otras fuentes oficiales aclararon que cualquier colaboración dependería de las posibilidades concretas de la Argentina.

El escenario se da en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde no se descarta un eventual despliegue en el Estrecho de Ormuz frente a acciones de Irán. Sin embargo, desde el ámbito castrense fueron tajantes: el país no estaría en “condiciones” técnicas ni operativas para una misión de ese tipo. Incluso, desde el Edificio Libertador remarcaron que “no hay ninguna posibilidad” real de intervención.

Las limitaciones incluyen problemas estructurales como bajos salarios, falta de financiamiento y equipamiento insuficiente. Fuentes militares señalaron que, en el mejor de los casos, podría evaluarse un aporte simbólico o limitado, aunque advirtieron sobre los riesgos de involucrarse en un conflicto de alta intensidad, incluyendo posibles bajas y eventuales represalias.

A modo de ejemplo destacan la baja disposición operativa de buques de la Armada con solo algunas corbetas y un par de destructores desfazados tecnológicamente, los cuales deberían actuar bajo el paraguas de unidades más capaces que les proporcionen protección, con lo cual su participación seria sumar problemas en lugar de soluciones, en especial considerando la diversidad de amenazas a las cuales deberán hacer frente una vez arribados a la zona de operaciones. La Armada tampoco cuenta con submarinos, ni buques para desplegar tropas, el logístico ARA Patagonia un veterano petrolero de flota de origen francés, aunque podría ser un activo importante para reabastecer a otros buques, no esta plenamente operativo y apenas participa de las campañas antárticas. Mientras que los OPV de la armada están dedicados a la custodia de los propios espacios marítimos, retirarlos a otra región tan distante seria un absurdo ya que por un lado se perderían activos para la custodia del propio mar argentino contra la pesca ilegal por otra parte su aporte en Medio Oriente seria marginal ya que apenas cuentan con armamento.

Diferencias con la política de Menem en los 90s

También se marcó una diferencia clave con el antecedente de los años 90, cuando Argentina en el marco del denominado “operativo Alfil” se sumo a la coalición internacional en la operación “Escudo del Desierto” participando con unidades navales en la Guerra del Golfo bajo mandato y resolución de la ONU: en este caso, implicaría alinearse directamente en un conflicto sin ese respaldo legal internacional constituyendo un grave y peligroso antecedente para el país.

En paralelo, el alineamiento político del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel refuerza la hipótesis de apoyo, aunque hacia adentro crecen las advertencias sobre los costos políticos, estratégicos y operativos.

Un antecedente reciente es la incorporación de Argentina a la Fuerza Marítima Combinada (CMF), firmado por la entonces canciller Diana Mondino y el Ministro Luis Petri, se trata de una coalición naval liderada por Estados Unidos en Medio Oriente a la cual finalmente el país no aporto nada. La decisión fue cuestionada en ese momento por implicar el uso de recursos limitados en una región lejana y de alta conflictividad, lo que —según especialistas— expone aún más las debilidades logísticas y operativas del país frente a escenarios bélicos complejos.

El ministro de Justicia bonaerense aseguró que fue Macri quien intervino para favorecer al ex secretario de Obras Públicas y cuestionó el rol del Poder Judicial.

El ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Mauricio Macri al afirmar que fue quien permitió la liberación de José López, el exfuncionario detenido en 2016 con bolsos llenos de dinero. La declaración generó un momento de tensión en el estudio y dejó sin respuesta a los periodistas que lo entrevistaban.

“Macri sacó de prisión a López”, sostuvo Mena sin rodeos, al tiempo que planteó que la causa judicial estuvo atravesada por decisiones políticas y maniobras que exceden el plano estrictamente judicial. La frase sorprendió por su contundencia y abrió un nuevo foco de polémica sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la Argentina reciente.

Más adelante, el funcionario profundizó su postura y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial durante el gobierno de Cambiemos. En ese sentido, sugirió que existieron decisiones direccionadas que beneficiaron a determinados actores mientras se perseguía a otros, en una lógica que —según planteó— combinó intereses políticos y judiciales.

En el mismo tono, Mena también apuntó contra el rol de los medios de comunicación en la construcción de determinados relatos sobre las causas judiciales. Sus declaraciones generaron incomodidad en el intercambio con los periodistas, quienes evitaron confrontar directamente con la afirmación central.

Las palabras del ministro reavivan el debate sobre la utilización política de la Justicia y el manejo de causas sensibles durante el macrismo. En particular, vuelven a poner en discusión el caso de José López, cuyo impacto mediático marcó un antes y un después en la agenda pública, pero que aún sigue generando controversias sobre su tratamiento judicial.