El caso del escandaloso vuelo privado a Punta del Este sumó un giro clave este jueves, cuando el piloto de la aeronave contradijo la versión oficial de Manuel Adorni y complicó aún más su situación judicial y política.
Agustín Issin, el broker que facturó el vuelo de regreso, declaró ante la Justicia que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandío, amigo cercano del jefe de Gabinete y vinculado a la TV Pública. Según precisó, no solo el tramo de vuelta formaba parte de un paquete de vuelos facturado a Grandío, sino que también la productora del periodista se hizo cargo del vuelo de ida.
Estas declaraciones desmienten de forma directa lo que había afirmado Adorni apenas un día antes. En una conferencia marcada por la tensión, el funcionario había insistido: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial”. Sin embargo, el testimonio del piloto ante el juez Ariel Lijo desarma esa versión y pone en duda la transparencia del financiamiento del viaje.
El impacto fue inmediato. La estrategia oficial para cerrar el tema terminó generando el efecto contrario: lejos de despejar dudas, profundizó las sospechas. Incluso, el propio Adorni quedó expuesto tras admitir la existencia de un departamento que no figuraba en su declaración jurada.
En este contexto, la situación del jefe de Gabinete se volvió aún más delicada. El hecho de que Grandío tuviera contratos con la TV Pública —organismo que dependía del área de Adorni— abre la puerta a una posible figura de dádivas. Por ese motivo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria avanzó con un allanamiento en la TV Pública en busca de documentación sobre esos vínculos.
Así, lo que comenzó como una explicación oficial para dar por cerrado el tema derivó en un nuevo foco de conflicto, con declaraciones que comprometen directamente al funcionario y lo dejan, una vez más, en el centro de la escena judicial y política.