La decisión se tomó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una serie de medidas para analizar en profundidad el sospechoso patrimonio del funcionario.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal requirió una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de Adorni. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.

Entre las medidas dispuestas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintos organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. La intención es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con su situación declarada.

En particular, se solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de precisar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También se busca determinar quién afronta el pago de las expensas y si se gestionaron los permisos de construcción correspondientes.

Asimismo, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre de Adorni como de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones o inhibiciones.

La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, antecedentes laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, además de información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia. Finalmente, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos años, junto con sus anexos reservados, para evaluar la consistencia de la información presentada.

Así lo aseguró el secretario general de ATE en la Superintendencia de Servicios de Salud, Leandro Castro, al encabezar una conferencia de prensa en la sede central del organismo, donde denunció expedientes cajoneados, irregularidades en la gestión y un deterioro del sistema que impacta directamente en el acceso a prestaciones médicas.

A horas de la tarde de este viernes se realizó una conferencia de prensa en la sede central de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde dirigentes sindicales profundizaron las denuncias por vaciamiento, corrupción y deterioro del organismo, y advirtieron sobre el impacto directo en el acceso a la salud de millones de usuarios.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo, Leandro Castro, fue el principal orador y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación actual. “Los trabajadores del Estado no somos neutrales. Defendemos el rol del Estado porque es garantizar derechos, especialmente en salud”.

En esa línea, describió el escenario cotidiano que enfrentan los empleados: “Todos los días vemos la angustia de familias que reclaman por tratamientos, medicamentos o intervenciones urgentes. Y también sentimos la frustración cuando, por decisiones políticas, el Estado deja de dar respuestas”.

Además, Castro criticó la paralización de expedientes y una política deliberada de desfinanciamiento. “Hoy denunciamos con claridad que hay expedientes cajoneados, discrecionalidad en sanciones y una transferencia de recursos hacia las grandes empresas de medicina prepaga, en detrimento del sistema solidario”.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención estuvo vinculado al cobro de los coseguros. “Queremos ser claros: los coseguros para intervenciones quirúrgicas son ilegales. El Programa Médico Obligatorio no los contempla. Sin embargo, se intenta instalar que el usuario debe pagar. Eso no solo es ilegal, es condenar a muchos a no poder acceder a tratamientos esenciales”, remarcó.

También apuntó contra prácticas discriminatorias dentro del sistema: “Denunciamos la discriminación dentro de las obras sociales por afiliación sindical, lo cual viola la ley y pone en riesgo la salud de los trabajadores”.

“Lo que está en juego es el sistema solidario de salud. Buscan desfinanciarlo para concentrar el negocio en pocas manos. Y eso significa dejar afuera a los que más necesitan”, advirtió, y luego concluyó: “Podrán ajustar salarios, podrán intentar disciplinarnos, pero la dignidad de los trabajadores del Estado no se negocia. Seguimos de pie, defendiendo la salud como derecho y no como negocio”.

Cabe destacar que la conferencia se realizó en un contexto marcado por denuncias judiciales por presunta corrupción dentro del organismo y por un conflicto gremial en ascenso, que ya incluyó paros, asambleas y protestas.

En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tomó el micrófono y no dudó en respaldar el reclamo al endurecer el tono contra el Gobierno. “Los estatales estamos de pie, más vivos que nunca, a pesar de los ataques”, afirmó.

El dirigente de los estatales a nivel nacional advirtió sobre un posible recorte de personal en la administración pública y lo vinculó con una política de ajuste. “Quieren avanzar con miles de despidos, pero no van a poder. El Estado ya funciona al límite y se sostiene por el esfuerzo de sus trabajadores”.

Asimismo, vinculó la situación del organismo con las denuncias de corrupción conocidas en los últimos días, en clara referencia a los conocidos actos ilegales realizados por el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. “La corrupción en la Superintendencia no tiene techo. Hay funcionarios que no pueden explicar cómo multiplicaron su patrimonio ni gastos millonarios”, sostuvo.

El dirigente también alertó sobre el rumbo del sistema de salud: “Quieren destruir el sistema de obras sociales para favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. Buscan que cada argentino tenga la salud que pueda pagar”.

Por su parte, Fernanda Boriotti, en representación del Frente de Gremios Estatales y Empresas Públicas del Estado y de FESPROSA, expresó su apoyo a la protesta y llamó a profundizar la unidad. “Hoy estamos desafiando la reforma laboral. Estamos realizando esta asamblea sin pedir permiso, y ese es el camino: no dejarnos avasallar”.

Finalmente, remarcó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es en unidad, con objetivos comunes, como vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer en la calle. La lucha es hoy, fue ayer y seguirá siendo mañana”.

El conflicto en la Superintendencia de Servicios de Salud continúa escalando y trasciende lo estrictamente laboral; se trata de una disputa por el modelo de sistema de salud y por el rol del Estado en la garantía de derechos más elementales de la sociedad.

La expresidenta y el gobernador bonaerense sostuvieron que la decisión de la Justicia estadounidense confirma los argumentos del Estado argentino y cuestionaron al Presidente por sus críticas a la expropiación.

La ex presidenta Cristina Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunciaron este viernes sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. Ambos aprovecharon para defender la nacionalización de la petrolera y cuestionar al presidente Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Kicillof afirmó que la decisión judicial “deja en evidencia años de mentiras” en torno al proceso de expropiación y sostuvo que las críticas a esa medida respondieron a una “operación” impulsada por fondos buitre.

“El fallo confirma que los argumentos que sostuvo el Estado argentino desde el inicio del juicio son los mismos que defendimos siempre”, planteó el mandatario bonaerense, en referencia a su rol como ministro de Economía durante la estatización de la compañía en 2012.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.

Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Fallo a favor de YPF: qué dijo Axel Kicillof

En ese sentido, cuestionó las críticas que durante años se hicieron a la decisión de avanzar con la nacionalización, particularmente desde sectores que señalaban supuestas irregularidades técnicas en el proceso.

Kicillof también respondió a las declaraciones de Milei, quien en reiteradas oportunidades se refirió al tema como el “impuesto Kicillof”. Para el gobernador, esa caracterización “nunca fue más que una construcción” basada en argumentos de los demandantes en el litigio internacional. Según planteó, el objetivo de esas críticas no era personal, sino que apuntaba a “cuestionar una decisión soberana” y a defender intereses extranjeros en detrimento de la política energética nacional.

En su mensaje, el gobernador también vinculó el debate con el presente económico y energético del país. Sostuvo que YPF cumple hoy un rol clave para la generación de divisas y para amortiguar el impacto de la crisis energética global.

“La nacionalización fue una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”, afirmó, al tiempo que destacó el papel de la empresa como “palanca de desarrollo”

El posteo de Cristina Kirchner tras el fallo a favor de YPF

Por su parte, Cristina Kirchner también se hizo eco en las redes sociales del fallo y reconoció el rol de los Estados Unidos en el litigio, al tiempo que defendió la estatización de la compañía.

En primer lugar, le agradeció al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP “que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”.

“Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”, afirmó.

Luego, admitió que “justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por EEUU; tanto en su administración demócrata como republicana”.

“De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, reflexionó Cristina.

Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.

Como…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

Por último, defendió la expropiación de YPF llevada adelante su Gobierno: “Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país”.

“Con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”, finalizó.

La más reciente medición de Atlas Intel refleja un marcado deterioro en la percepción del gobierno nacional. De acuerdo con el relevamiento, la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó por tercer mes consecutivo y alcanzó el 61,6%, el registro más alto desde el inicio de su mandato.

En paralelo, el nivel de aprobación descendió hasta el 36,4%, configurando su piso histórico, mientras que la evaluación negativa sobre el desempeño general del Ejecutivo también se profundizó por segundo mes consecutivo y ya supera a más de la mitad de la población (57,4%). Estos indicadores consolidan una tendencia de desgaste que se viene acentuando en los últimos meses.

Tras un repunte en febrero, impulsado por avances legislativos en el Congreso, la imagen presidencial volvió a retroceder en marzo, con una caída de dos puntos que interrumpe esa recuperación parcial. El cambio de tendencia sugiere que el impacto político de aquellas victorias parlamentarias fue transitorio frente a un contexto económico y social cada vez más exigente.

El estudio, además, se inscribe en un escenario donde las políticas de ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo comienzan a tener un correlato más nítido en la opinión pública. En ese marco, la caída en los niveles de aprobación y el aumento del rechazo aparecen como señales de alerta para un gobierno que, hasta hace pocos meses, lograba sostener mejores expectativas en amplios sectores de la sociedad.

Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que volverán a golpear los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros rubros sensibles que inciden de manera directa en el costo de vida cotidiano.

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse a partir del 3% en marzo, luego del 2,9% de febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,5%, lo que marcaría una desaceleración leve pero aún insuficiente para recomponer el poder adquisitivo, especialmente en sectores que vienen acumulando fuertes pérdidas en los últimos meses.

En este escenario, comienzan a evidenciarse con mayor claridad las tensiones del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia de ajuste basada en la liberalización de precios, la quita de subsidios y la contracción del gasto público tiende a trasladar el peso de la estabilización a los ingresos de la población, sin mecanismos de contención que amortigüen el impacto social. Mientras, la inflación mensual sigue altísima, en torno del 3%.

A esto se suma que la dinámica de aumentos en servicios esenciales no parece acompañada por una mejora equivalente en salarios o ingresos, lo que profundiza la pérdida de poder de compra y enfría la actividad económica. Distintos analistas advierten que el esquema actual corre el riesgo de consolidar una estabilización “recesiva”, donde la baja de la inflación se logra a costa de una caída en el nivel de actividad, el empleo y el bienestar general. En ese marco, abril no solo llega con aumentos, sino también con interrogantes sobre la sostenibilidad social del rumbo económico.

Bajo el rótulo aparentemente neutral de un “traslado”, Estados Unidos concretó la salida de 100 millones de dólares en oro venezolano hacia su territorio, en una operación anunciada por el propio secretario del Interior, Doug Burgum.

El funcionario confirmó que el metal fue llevado “físicamente” a Estados Unidos tras su reciente visita a Caracas, donde mantuvo reuniones con autoridades venezolanas y ejecutivos del sector energético y minero. Según sus declaraciones, se trata del primer envío de este tipo en más de dos décadas y será destinado a “usos industriales y comerciales”.

Sin embargo, este “traslado” no puede entenderse como un simple movimiento logístico. La operación fue posible tras la firma de nuevas licencias que habilitan el flujo de minerales críticos y metales preciosos entre ambos países, abriendo la puerta a la exportación de recursos estratégicos venezolanos hacia el mercado estadounidense.

El envío se produjo inmediatamente después de la visita de Burgum a Venezuela, donde sostuvo reuniones prolongadas con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en el marco de una agenda centrada en petróleo, minería y otros recursos naturales.

En este contexto, lo que se presenta oficialmente como cooperación económica o “intercambio” ocurre en paralelo a un renovado interés de Washington por las riquezas venezolanas. Además del petróleo —del que el país posee algunas de las mayores reservas del mundo—, Estados Unidos ha señalado su interés en el oro, la bauxita y otros minerales considerados críticos para la industria y la defensa .

Así, el uso del término “traslado” funciona como un encuadre discursivo que suaviza una dinámica más amplia: la salida de recursos estratégicos desde Venezuela bajo nuevas condiciones legales que favorecen su inserción en cadenas productivas controladas por actores externos.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión clave con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en un contexto de fuerte tensión financiera.

Allí, el mandatario provincial denunció la “asfixia” ejercida por el gobierno de Javier Milei y anunció una medida central para sostener a los distritos: la coparticipación de deudas nacionales con los municipios.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su equipo económico, Kicillof explicó que la crisis que atraviesan los municipios responde a tres factores: la ausencia de políticas del Estado nacional, los recortes de fondos y la caída de la recaudación producto del parate económico. En ese marco, aseguró que la Provincia no dejará solos a los bonaerenses, pese a la falta de recursos.

Durante el encuentro, el gobernador apuntó contra la Casa Rosada y denunció un plan “deliberado” para trasladar el peso de la crisis a provincias y municipios. En esa línea, remarcó que el deterioro económico no es responsabilidad de las familias ni de los comerciantes, sino de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Convocamos a las y los intendentes para renovar el reclamo ante los incumplimientos del Gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires. Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres… pic.twitter.com/Uibvr0XhLO

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Como respuesta, Kicillof anunció que la Provincia avanzará en la coparticipación de los fondos obtenidos a través del recupero de deudas que la Nación mantiene con Buenos Aires. “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita distribuir lo recaudado”, señaló. La iniciativa busca reforzar las finanzas municipales y amortiguar el impacto del ajuste nacional.

Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la deuda acumulada de la Nación con la Provincia asciende a 15 billones de pesos, cifra que se eleva a 22 billones si se suma la caída de la recaudación. El monto representa cerca del 50% del presupuesto anual bonaerense, lo que configura —según el gobierno provincial— un escenario crítico.

Ante esta realidad, proponemos a los 135 municipios adherir a una normativa que permitirá coparticipar lo recuperado de las deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables.

En este momento tenemos… pic.twitter.com/WDhLabZQT4

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

En paralelo, la Provincia confirmó que abonará el próximo 30 de abril la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objetivo de evitar que los distritos frenen obras y servicios. Además, Kicillof adelantó una nueva reunión con autoridades nacionales el 21 de abril para insistir con los reclamos por los recursos adeudados.

El encuentro cerró con una fuerte señal de unidad política entre intendentes de distintos espacios, quienes respaldaron las medidas y coincidieron en la necesidad de articular respuestas frente a la crisis. Para Kicillof, el camino es sostener el reclamo en la Justicia y defender los recursos provinciales para evitar que el ajuste impacte de lleno en la vida cotidiana de los bonaerenses.

Por Pablo Vilas*

Hace poco me compartieron la entrevista que le hace el periodista Tucker Carlson al profesor Jiang Xueqin. Jiang Xueqin, analista geopolítico chino-canadiense conocido por sus predicciones acertadas (regreso de Trump, guerra con Irán, etc.). La conversación dura aproximadamente 1 hora y 8 minutos y se centra en la guerra actual con Irán (EE.UU-Israel vs. Irán), cómo se desarrollará y sus consecuencias globales catastróficas. (Publicada en la red X, @TuckerCarson). El mensaje para Nuestra América es ya conocido, la crisis energética y alimentaria que viene va a ser brutal para Latinoamérica.

A partir de ahí algunas reflexiones desde nuestro espacio del sur global. No es el mundo el que nos condena. Es la decisión colectiva de dejar de actuar como región soberana. Se está instalando con fuerza en el debate internacional la idea de que el mundo avanza de forma inevitable hacia una nueva etapa de confrontación atómica entre potencias y de que los países latinoamericanos solo podemos adaptarnos pasivamente a ese escenario.

Esa narrativa no es ingenua, es funcional a la lógica de subordinación. Porque cuando se acepta que la historia ya está escrita, lo que en realidad se está afirmando es que la política ha dejado de importar. Y para América Latina, eso marca un nuevo ciclo de subordinación estructural.

No hay destino: hay disputa

El orden internacional se encuentra en plena transformación. Estados Unidos ha perdido la capacidad de disciplinamiento global que ejerció durante décadas. China avanza de manera sostenida. Los conflictos se multiplican. Sin embargo, nada de ello constituye un destino inevitable.

Lo que existe es una disputa abierta por el poder global y el problema radica en que, en ese tablero, América Latina vuelve a ocupar el lugar histórico que le fue asignado desde hace doscientos años: proveedor de recursos naturales, espacio de influencia y territorio administrado desde el exterior.

Litio, energía, alimentos y agua. Todo lo que el mundo demanda se concentra en la región. Sin una estrategia común, esa riqueza no genera autonomía: genera dependencia y extracción.

Derechización y debilitamiento del Estado: una combinación peligrosa

Este proceso global coincide con una realidad regional preocupante. En varios países, como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Honduras, etc. han asumido el gobierno fuerzas que, con distintos matices, comparten una misma lógica: el debilitamiento deliberado del Estado. Menos Estado en un mundo que exige mayor capacidad estatal. Menos política en un escenario que requiere más decisión política. No se trata de una contradicción, es un proyecto coherente.

Un Estado debilitado no solo regula menos: negocia peor, decide menos y depende más.

La memoria como herramienta política

Es importante recordar que América Latina no siempre ocupó esta posición pasiva, hubo un ciclo no muy lejano en el que la región decidió actuar como sujeto histórico. Gobiernos como los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa comprendieron una verdad central: la única vía hacia la autonomía era la acción conjunta.

Se fortaleció el MERCOSUR, se creó la UNASUR, se impulsó la CELAC y se rechazó el ALCA en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, Los resultados fueron concretos:

• Millones de personas salieron de la pobreza,

• Se ampliaron derechos sociales,

• Se consolidó el mercado interno,

• La región adquirió una voz propia en el escenario internacional.

No fue casualidad. Fue política.

El relato que desarma

Hoy se promueve un sentido común distinto: que todo está determinado, que las potencias deciden y que no existe margen de maniobra, ese discurso no describe la realidad. La disciplina. Porque si todo está predeterminado, entonces nadie asume responsabilidad. Solo resta adaptarse y desde esta perspectiva, eso no es análisis: es resignación.

La pregunta que realmente importa

El dilema no consiste en elegir entre alinearse con Estados Unidos o con China. Esa es una falsa dicotomía, La pregunta esencial es otra: ¿América Latina desea volver a ser sujeto político? Eso implica asumir costos, construir consensos, sostener tensiones y, sobre todo, definir un proyecto propio. Sin embargo lo que observamos actualmente es lo opuesto: fragmentación, competencia interna y ausencia de estrategia compartida. En ese vacío, otros deciden por nosotros.

Lo que hay que reconstruir

No se trata de nostalgia. Se trata de recuperar la experiencia histórica que ya demostró su eficacia; Integración con contenido político, espacios como el MERCOSUR y la CELAC solo tienen sentido si sirven para construir poder real. El Estado como herramienta de soberanía, no existe desarrollo sin Estado fuerte, debilitarlo en este contexto no es modernización, es cesión de soberanía. Autonomía como estrategia, la región no necesita elegir un nuevo amo, necesita construir margen propio. La paz como decisión política, aceptar la guerra y la crisis energética como destino equivale a aceptar un rol subordinado en ella.

Para cerrar

El mundo está en disputa, pero en América Latina y el Caribe no estamos obligados a perder. Lo que se juega no es solo la geopolítica global, es la voluntad política regional. Cuando la región actuó de manera unida, mejoró la vida de sus pueblos, cuando abandonó esa vía, otros ocuparon su lugar. 

Jiang cierra diciendo que “Occidente está destruyendo sus propios clásicos (Platón, Homero, Biblia)”. Nosotros agregamos: mientras ellos abandonan su civilización, nosotros estamos recuperando la nuestra: Bolívar, Morazán, San Martín, Perón, Chávez, Kirchner. Esa es la verdadera “demolición controlada” que hay que resistir: la del pensamiento colonial que aún algunos internos quieren imponernos

La entrevista confirma lo que siempre sostuvimos: el mundo unipolar está muerto. La guerra de Irán es el parto doloroso del mundo multipolar. Y en ese nuevo mundo, Nuestra América tiene la posibilidad histórica de dejar de ser patio trasero para convertirse en protagonista. Solo depende de que tengamos la valentía de elegir soberanía, integración y alianza con los pueblos que también resisten.

No hay destino. Hay decisiones.

Y a partir de ahí la decisión que debemos tomar es si América Latina vuelve a organizarse como Patria Grande, o si acepta, una vez más, ser organizada por otros.

*Ex Embajador de la República Argentina en la República de Honduras. Parlamentario del MERCOSUR. Condecorado con la Orden Francisco de Morazán en el grado de “Gran Cruz Placa de Plata” por la Presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Condecorado con la Orden del Libertador de los Esclavos, “José Simeón Cañas” en el grado de “Comendador”, por el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Por Lois Pérez Leira

La caracterización de la Federación de Rusia dentro del sistema capitalista contemporáneo exige volver a las fuentes del materialismo histórico, en particular a las tesis de Vladímir Ilich Lenin sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo. Allí, el dirigente ruso no definía el imperialismo como mera expansión militar, sino como una estructura económica con rasgos precisos. Contrastados con la Rusia actual, esos criterios permiten cuestionar la idea de que se trate de una potencia imperialista en el sentido clásico.

El primer rasgo es la concentración del capital hasta la formación de monopolios que dominan la economía global. Si bien Rusia cuenta con grandes corporaciones, su peso relativo en el mercado mundial es limitado. Según el ranking Global 2000 de Forbes, la incidencia de empresas rusas en ventas y beneficios globales es reducida frente a los gigantes de Estados Unidos y China. Más que imponer condiciones, la economía rusa aparece condicionada por los precios internacionales de materias primas fijados en los centros financieros globales.

En cuanto a la fusión del capital bancario e industrial —base de la oligarquía financiera—, la comparación también resulta desfavorable. El sistema financiero ruso tiene una escala muy inferior al de las potencias centrales. Lejos de expandirse globalmente, enfrenta restricciones externas, sanciones y fuga de capitales hacia plazas bajo control occidental. Rusia no ejerce el tipo de dominación financiera que Lenin atribuía a los países imperialistas; por el contrario, se encuentra parcialmente excluida de esos circuitos.

Otro punto central es la exportación de capital. Las potencias imperialistas se caracterizan por invertir en el exterior para capturar valor. En el caso ruso, predomina la exportación de materias primas —gas, petróleo y minerales— y una dependencia tecnológica de bienes complejos producidos fuera de sus fronteras. Esta estructura la acerca más a economías de la periferia o semiperiferia que a un centro imperialista consolidado.

La dimensión militar suele ser el argumento más utilizado para sostener la etiqueta de imperialismo. Sin embargo, en términos comparativos, la presencia global de Rusia es acotada frente a la red de bases militares de Estados Unidos. Su despliegue se concentra principalmente en su entorno inmediato y se inscribe en la disputa con la OTAN. Desde esta perspectiva, su accionar puede leerse más como una política de defensa de su esfera de influencia que como una expansión destinada a la captura de mercados globales.

En este marco, Rusia aparece como un país capitalista que busca preservar su autonomía frente a un sistema internacional dominado por potencias centrales. Su rol, más que el de un actor imperialista clásico, se inscribe en las tensiones de un orden global en transición hacia la multipolaridad.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

En medio de un escándalo que no deja de crecer, Manuel Adorni recibió un aumento salarial que ya lo ubica en torno a los $7 millones mensuales, una decisión que desató fuertes cuestionamientos por su timing y falta de sensibilidad política ante los recientes escándalos que involucran al jefe de gabinete libertario.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos sueldos estaban congelados desde diciembre de 2023, aunque excluyó al presidente y a la vicepresidenta.

Sin embargo, el caso de Adorni concentra la polémica. En plena controversia por su viaje a Punta del Este y en el marco de una investigación judicial en curso, el jefe de Gabinete terminó beneficiado con una suba cercana al 100%, lo que duplicó su salario, mientras millones de argentinos están con serias dificultades para llegar a fin de mes y mientras desde distintos sectores luchan por paritarias justas que equilibren la cancha ante la difícil situación inflacionaria.

Antes del decreto, los ministros percibían poco más de $3,5 millones y los secretarios alrededor de $3,2 millones. Con la actualización, los ingresos de los ministros treparon a casi $7 millones brutos, mientras que Adorni —por su jerarquía superior— quedó incluso por encima de esa cifra.

En los días previos a la firma ya se hablaba de una recomposición de entre el 60% y el 100%, aunque el texto oficial evitó detallar los nuevos montos. También se incluyó una cláusula que prevé el congelamiento automático de salarios en caso de déficit fiscal financiero acumulado.

Desde el Gobierno justificaron la medida al sostener que es necesario garantizar remuneraciones “adecuadas y competitivas” para quienes ocupan cargos de conducción. No obstante, la explicación no logró disipar las críticas, especialmente por el contexto en el que se produjo.

La confirmación del nuevo salario llega en el peor momento para Adorni, bajo la lupa por su viaje y con la causa judicial avanzando. De hecho, en las últimas horas un testigo clave se presentó a declarar en Comodoro Py, profundizando un escenario que combina cuestionamientos éticos, políticos y ahora también judiciales.