La Cámara Contencioso Administrativo Federal volvió a fallar contra el Gobierno y confirmó que debe aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo revés judicial para el Ejecutivo.
El tribunal no solo rechazó la apelación oficial, sino que cuestionó con dureza sus argumentos, al calificarlos como “poco serios”, y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos centrales de la norma. En concreto, la resolución exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y recomponer los programas de becas estudiantiles.
Los jueces también desestimaron uno de los principales planteos del Gobierno —que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta— y remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo, por lo que no compromete el equilibrio de las cuentas públicas. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho constitucional clave como el acceso a la educación superior pública.
El fallo ratifica así la decisión previa que había declarado arbitrario el intento del Ejecutivo de suspender la ley mediante un decreto, y vuelve a desautorizar su postura de que la aplicación depende de la definición de recursos en el Congreso. En este contexto, la Justicia insiste en que la norma debe cumplirse sin demoras, profundizando el frente judicial abierto entre el Gobierno y el sistema universitario.