Aunque el índice perforó el 30%, especialistas advierten que la mejora responde a factores coyunturales y alertan por el impacto del ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo.

La pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según datos del INDEC, lo que implica que 13,1 millones de personas no logran cubrir sus necesidades básicas. Si bien el número marca una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, el dato abre un escenario de fuertes cuestionamientos sobre la sostenibilidad de esa mejora en el contexto del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El descenso del índice está directamente vinculado a una mejora relativa de los ingresos frente al costo de las canastas básicas: mientras los ingresos familiares crecieron un 18,3%, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 11,9% y la Canasta Básica Total (CBT) un 11,3%. Sin embargo, esta dinámica comenzó a revertirse en los últimos meses, donde los alimentos y servicios volvieron a presionar por encima de la inflación, encendiendo señales de alerta hacia adelante.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 6,3%, prácticamente sin cambios respecto al período anterior, lo que refleja que el núcleo más vulnerable de la población no logró mejoras significativas pese a la desaceleración inflacionaria. En términos absolutos, casi 3 millones de personas siguen sin poder acceder siquiera a una alimentación básica.

El Gobierno celebró la baja del indicador y la vinculó a su programa económico, pero distintos especialistas ponen en duda esa lectura. Señalan que la caída responde en parte a una distorsión estadística derivada del pico inflacionario de 2023, que había elevado artificialmente los niveles de pobreza. En ese sentido, advierten que la mejora actual no necesariamente refleja una recuperación estructural de las condiciones de vida.

Además, el contexto económico refuerza esas dudas. Desde la asunción de Milei, el ajuste sobre el gasto público, la quita de subsidios y la fuerte suba de tarifas impactaron de lleno en los ingresos reales de la población. De hecho, el costo de los servicios públicos ya representa más del 12% del salario promedio, mientras que los salarios continúan corriendo por detrás de la inflación en varios sectores.

A esto se suma la caída de la actividad económica y del empleo en distintos rubros, especialmente en la industria, el comercio y la construcción, que en los últimos dos años registraron retrocesos significativos. En ese marco, la baja de la pobreza convive con un deterioro general de las condiciones económicas y sociales.

Otro punto de discusión gira en torno a las declaraciones del propio Presidente, quien aseguró haber sacado a millones de argentinos de la pobreza. Si bien los datos muestran una reducción respecto al cierre de 2023 —cuando el índice alcanzaba al 41,7% de la población—, la magnitud de la mejora es menor a la que el mandatario suele mencionar en sus intervenciones públicas.

Con este escenario, el dato del 28,2% aparece más como una foto momentánea que como una tendencia consolidada. La evolución de los precios, el impacto de las tarifas y la capacidad de recuperación de los ingresos serán factores clave para determinar si la pobreza continúa bajando o vuelve a crecer en los próximos meses, en un contexto donde el ajuste económico sigue siendo el eje central de la política oficial.

Una investigación reveló el diálogo con las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$ 200.000 del Jefe de Gabinete. Ambas manifestaron desconocer al funcionario y rechazaron haberle otorgado préstamo alguno.

La controversia en torno al patrimonio de Manuel Adorni sumó detalles reveladores tras conocerse la identidad y la palabra de las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento en Caballito. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen en los registros oficiales como las personas que financiaron casi el 90% del valor del inmueble, otorgando un préstamo hipotecario de 200.000 dólares. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, la respuesta de las supuestas prestamistas fue de total desconcierto.

En un breve pero contundente intercambio a través del portero eléctrico, Beatriz Viegas fue tajante al ser consultada sobre su vínculo con el funcionario nacional. “¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa. Ante la repregunta sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, la jubilada cortó la comunicación con un nervioso: “Ay, no, no, no. Gracias”.

Por su parte, el entorno de Claudia Sbabo, la otra mujer que figura como acreedora del 50% restante del crédito, mantuvo una postura similar de extrañeza. Al ser consultada una persona de su círculo íntimo sobre si Sbabo le había prestado una suma millonaria al Jefe de Gabinete, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas. Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella lo conoce, pero no sabemos nada”.

“¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa.

El departamento en cuestión, una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, fue adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre pasado. Según la escritura, la operación se cerró por US$ 230.000, de los cuales el matrimonio solo habría abonado US$ 30.000 en efectivo, quedando el resto cubierto por la hipoteca privada con estas dos particulares. Lo llamativo es que ambas mujeres habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes por un valor menor.

La inconsistencia entre lo que dicta el Registro de la Propiedad Inmueble y los testimonios de las involucradas ha puesto la lupa sobre la transparencia de la transacción. Mientras los documentos públicos llevan la firma de la escribana Adriana Nechevenko —quien ya había intervenido en otras operaciones de la familia Adorni—, las declaraciones de las supuestas acreedoras sugieren que podrían haber sido utilizadas como prestanombres en una maniobra de financiamiento poco clara.

Hasta el momento, el Jefe de Gabinete no ha brindado una explicación detallada sobre por qué las personas que figuran prestándole una fortuna aseguran no tener idea de quién es él. El caso ya ha derivado en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la justicia federal comienza a solicitar medidas de prueba para determinar si los 200.000 dólares existieron realmente y cuál es el verdadero origen de los fondos utilizados para la compra.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal volvió a fallar contra el Gobierno y confirmó que debe aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo revés judicial para el Ejecutivo.

El tribunal no solo rechazó la apelación oficial, sino que cuestionó con dureza sus argumentos, al calificarlos como “poco serios”, y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos centrales de la norma. En concreto, la resolución exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y recomponer los programas de becas estudiantiles.

Los jueces también desestimaron uno de los principales planteos del Gobierno —que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta— y remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo, por lo que no compromete el equilibrio de las cuentas públicas. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho constitucional clave como el acceso a la educación superior pública.

El fallo ratifica así la decisión previa que había declarado arbitrario el intento del Ejecutivo de suspender la ley mediante un decreto, y vuelve a desautorizar su postura de que la aplicación depende de la definición de recursos en el Congreso. En este contexto, la Justicia insiste en que la norma debe cumplirse sin demoras, profundizando el frente judicial abierto entre el Gobierno y el sistema universitario.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó un pedido clave: relevar todos los viajes realizados por el funcionario desde 2023 y cruzar esos datos con registros migratorios oficiales para reconstruir sus movimientos dentro y fuera del país.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, apunta a obtener un detalle exhaustivo de cada desplazamiento: fechas, horarios, destinos, pasos fronterizos y medios de transporte utilizados. La medida también alcanza al periodista Marcelo Grandío, quien figura en el expediente.

Uno de los ejes más relevantes es el cruce de información para detectar coincidencias. La fiscalía busca determinar si los involucrados realizaron viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas, lo que podría aportar indicios sobre vínculos con los hechos bajo investigación.

Además, se solicitó incorporar los registros migratorios de Bettina Julieta Angeletti y de cualquier otra persona que haya integrado los vuelos analizados, con especial atención a los realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

La investigación también pone el foco en la trazabilidad de los datos: se pidió identificar a los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones que intervinieron en la carga y validación de los movimientos, incluyendo información técnica como usuario, horario, IP y terminal utilizada.

En paralelo, se dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se requirió información a la empresa JAG Executive Aviation S.A. sobre comunicaciones y facturación vinculadas a los vuelos investigados.

La causa se originó a partir de un viaje a Punta del Este en vuelo privado durante el feriado de Carnaval, pero ahora se amplía con el objetivo de reconstruir todos los desplazamientos recientes y determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos.

El ministro Juan Bautista Mahiques consiguió que Javier Milei autorice el envío de cerca de 60 pliegos de jueces al Senado para su tratamiento en la comisión de Acuerdos. Entre ellos figura el de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Se trata de una postulación que, como muchas otras, había permanecido sin avances durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La promoción de la esposa de Martínez de Giorgi se conoció este lunes, en simultáneo con la presentación que realizaron en el Palacio Talcahuano los ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— de un proyecto para modificar el reglamento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. Una coincidencia llamativa, que podría interpretarse como un intento de tomar distancia de un escándalo que ya consideraban inevitable.

Entre los pliegos también se incluyó el del padre del propio Mahiques, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, quien había accedido a ese tribunal durante el macrismo y ahora obtuvo de Milei una prórroga excepcional para continuar cinco años más en el cargo, incluso después de cumplir los 75 años, edad en la que corresponde la jubilación obligatoria.

A esto se suma la aparición del nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, en la lista de postulaciones enviadas al Senado, aunque al cierre de esta nota su pliego aún no había ingresado formalmente. “Llega el martes”, señalaron desde el oficialismo. Rosatti hijo fue propuesto para un tribunal oral federal en la ciudad de Santa Fe, provincia de origen del titular del máximo tribunal. En tanto, Ana Juan fue postulada para el juzgado federal de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

Karina Milei borró a Manuel Adorni del festejo con rasgos monárquicos de su cumple en Casa Rosada luego de la aparición de nuevas revelaciones escandalosas sobre el patrimonio del jefe de gabinete. Ahora se descubrió que tiene a su nombre un departamente en Caballito que misteriosamente compraron dos jubiladas y luego se lo vendieron con un préstamo.

Capítulo aparte para la hermana del presidente hizo que la orquesta de Granaderos le tocara tres temas de ABBA en el Patio de la Palmeras, siemplemente porque era su cumpleaños. Se la vio rodeada de los funcionarios de mayor confianza y no apareció Adorni. “Fin”, diría un funcionario enriquecido gracias a la administración pública.

Del encuentro también participaron del cumple Diego Santilli y Patricia Bullrich, que le regaló un amplio bolso de cuero a Karina de la marca Ginger, cuyos precios rondan los 400 mil pesos. La casta no tiene miedo.