El fiscal Guillermo Marijuan endureció su acusación contra la ex cúpula de la Agencia Nacional de Discapacidad. Asegura que se montó una estructura jerárquica para agilizar fondos públicos a cambio de retornos, afectando directamente el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables.
La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un giro determinante tras el último dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan. En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, el fiscal describió al organismo como una “ventanilla de pagos indebidos” que funcionaba bajo una lógica de recaudación ilegal, donde el otorgamiento de fondos estatales estaba condicionado al pago de sobornos por parte de los prestadores.
Según la acusación, la estructura liderada por los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Pablo Calvete no operaba de manera aislada, sino que respondía a un esquema de “negocios espurios” perfectamente aceitado. La fiscalía sostiene que se establecieron prioridades arbitrarias en la cadena de pagos del programa Incluir Salud: aquellas empresas o transportistas que accedían a entregar un porcentaje de sus facturaciones recibían sus fondos de manera inmediata, mientras que el resto sufría demoras injustificadas.
El dictamen judicial hace especial hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas de este esquema. Marijuan señala que la maniobra es doblemente grave dado que los fondos desviados debían garantizar la atención médica, traslados y tratamientos de personas con discapacidad. Para la fiscalía, el uso de un organismo con fines sociales como una herramienta de extorsión financiera representa uno de los puntos más oscuros de la gestión investigada.
Las pruebas recolectadas incluyen registros de comunicaciones, movimientos bancarios sospechosos y testimonios de empresarios del sector salud que habrían sido presionados para entrar en el circuito de coimas. El fiscal remarcó que la ANDIS fue desnaturalizada en sus funciones primordiales, convirtiéndose en un ente facilitador de intereses privados que buscaban “sostener negocios” a costa del erario público y la salud de los beneficiarios.
Dentro del pedido de nuevas indagatorias, se subraya el rol de intermediarios que actuaban como nexo entre los altos mandos del organismo y los prestadores. Estos actores eran los encargados de “negociar” los montos de los retornos, que en algunos casos llegaban a cifras millonarias dada la magnitud de las deudas que el Estado mantenía con el sector. La fiscalía busca ahora determinar si estos fondos escalaron hacia otras esferas del poder político.
La causa entra ahora en una etapa de definiciones procesales, donde el juez Ramos deberá analizar si las pruebas presentadas por Marijuan son suficientes para procesar a la veintena de involucrados. Mientras tanto, el impacto del escándalo continúa resonando en el sector de discapacidad, donde se exige una auditoría integral para garantizar que los recursos lleguen finalmente a quienes los necesitan, sin peajes ilegales de por medio.