La entidad modificó su reglamentación luego de la fuerte polémica generada por la difusión de casos de dirigentes y funcionarios del Gobierno Nacional que habían obtenido préstamos hipotecarios por montos millonarios, destinados a la compra de segundas e incluso terceras viviendas.
El punto cuestionado formaba parte de la reglamentación 802, actualizada en septiembre de 2024, donde se había incorporado un apartado que extendía el acceso a los créditos a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, incluyendo a funcionarios, diputados y senadores. Aunque en su momento pasó casi desapercibido, ese cambio terminó desatando críticas cuando se conocieron los beneficiarios.
Con el tema instalado en la agenda pública y amplificado en redes sociales, el Banco Nación avanzó con una nueva circular —la N° 0092/2026— que eliminó ese beneficio. La decisión fue formalizada el 9 de enero por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, quien dejó sin efecto la inclusión de cargos políticos dentro del universo de beneficiarios.
Según trascendió, la medida original había sido impulsada por los propios funcionarios, pero el resultado fue el contrario al esperado: derivó en un inmanejable escandalo político y reavivó el debate sobre el acceso desigual al crédito en un contexto donde gran parte de la población enfrenta serias dificultades para acceder a financiamiento para la vivienda y otras actividades básicas.
La controversia incluso llevó al presidente Javier Milei a pronunciarse públicamente. En una entrevista, defendió la legalidad de los préstamos, aunque sus declaraciones no lograron desactivar el malestar generado por el tema.