Graciela Molina y Victoria Cancio declararon en Comodoro Py. Lo hicieron como testigos en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses. 

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. 

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”.  Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes. 

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni. 

Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.__IP__

Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito. 

La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni. 

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, alertó que el sistema de transporte público atraviesa una crisis profunda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y responsabilizó al Ejecutivo de Javier Milei por desentenderse de una función clave: garantizar el sostenimiento del servicio.

Según explicó el funcionario, la situación crítica es consecuencia directa de la eliminación de subsidios nacionales y del aumento sostenido de los costos operativos, especialmente el combustible. En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional haya decidido retirarse del esquema de financiamiento compartido que sostenía el sistema.

“Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”, reclamó Bianco, al remarcar que la resolución del conflicto depende de decisiones que hoy la Nación no está tomando.

El ministro detalló que el sistema se financiaba con aportes equitativos entre Nación y Provincia, pero denunció que el Ejecutivo nacional dejó de cubrir su 50%, generando un fuerte desbalance. Como consecuencia, la deuda con el sector asciende a $90.700 millones y afecta a más de 100 líneas de colectivos que operan en territorio bonaerense. En contraste, aseguró que la Provincia continúa cumpliendo con sus compromisos.

El impacto es especialmente grave en el AMBA, donde la quita de subsidios deterioró la integración del sistema y encareció el acceso al transporte para millones de usuarios. En el interior bonaerense, en tanto, la eliminación del fondo compensador nacional también golpeó con fuerza al servicio.

A este escenario se suma el incremento de entre un 20% y 25% en el precio de los combustibles, otro factor que agrava la crisis. Bianco planteó que empresas como YPF podrían intervenir para amortiguar los costos, fijando valores más accesibles.

Además, el funcionario denunció la falta de diálogo con el Gobierno nacional. “No nos atiende el teléfono”, afirmó, y señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó reuniones con el Presidente sin obtener respuesta, lo que dificulta aún más la gestión de una situación ya crítica.

Bianco advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, el sistema podría entrar en una fase de mayor inestabilidad, con riesgo para la continuidad del servicio. Según sostuvo, se trata de una “fragilidad inédita” que pone en jaque el acceso al transporte público para millones de personas.

En la misma línea, el diputado bonaerense Fabián Luayza presentó un proyecto en la Legislatura para expresar su preocupación por la reducción de frecuencias en el AMBA, vinculada al aumento del gasoil. “Los usuarios no tienen la culpa de que suba el precio del combustible todo el tiempo”, señaló, y remarcó que el impacto recae especialmente en los sectores más vulnerables que dependen del transporte público para trabajar, estudiar y acceder a servicios esenciales.

Miles de usuarios se ven afectados este lunes por complicaciones en las principales líneas ferroviarias. Problemas en el sistema de señales y desperfectos mecánicos provocaron cancelaciones y demoras de más de 30 minutos en las líneas Roca, Mitre y Sarmiento.

El inicio de la semana laboral se convirtió en una odisea para los pasajeros que dependen de la red de trenes metropolitanos. Desde las primeras horas de la mañana, una serie de fallas técnicas en cadena afectaron el normal funcionamiento de los servicios que conectan el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. La situación más crítica se registró en la Línea Roca, donde un problema en el sistema de alimentación eléctrica dejó varadas a varias formaciones entre las estaciones de Constitución y Temperley.

En simultáneo, la Línea Mitre operó con servicios reducidos en sus tres ramales debido a desperfectos técnicos en el sistema de señalización a la altura de la estación Empalme Maldonado. Esta falla obligó a las autoridades ferroviarias a implementar un protocolo de emergencia, reduciendo la frecuencia de los trenes y provocando amontonamientos masivos en los andenes de las estaciones cabeceras, donde los tiempos de espera superaron los 40 minutos en hora pico.

Por su parte, la Línea Sarmiento también reportó complicaciones por un incidente técnico en una de las formaciones en la zona de Haedo. Si bien el servicio no se interrumpió por completo, los trenes circularon con demoras significativas y algunas cancelaciones sorpresivas, lo que generó malestar y protestas entre los pasajeros que intentaban llegar a sus puestos de trabajo. Las redes sociales se llenaron rápidamente de quejas y fotos de estaciones colapsadas.

Desde Trenes Argentinos emitieron un breve comunicado informando que los equipos técnicos se encuentran trabajando en la resolución de los distintos inconvenientes. Sin embargo, no brindaron un horario estimado para la normalización total de las frecuencias. Atribuyeron la acumulación de fallas a la falta de mantenimiento acumulada en componentes críticos de la infraestructura ferroviaria y a la escasez de repuestos para las unidades más antiguas.

El impacto del caos ferroviario se trasladó de inmediato al servicio de colectivos y subtes, que se vieron desbordados por los usuarios que buscaban alternativas para completar sus recorridos. En las inmediaciones de los centros de transbordo, las colas para las líneas de colectivos que realizan trayectos similares a los trenes afectados llegaron a tener más de dos cuadras de extensión, complicando aún más la movilidad en toda el área metropolitana.

Hacia el mediodía, el servicio comenzó a mostrar signos de una lenta normalización, aunque se mantienen las demoras residuales. Se recomienda a los usuarios consultar las aplicaciones oficiales y los estados de servicio antes de dirigirse a las estaciones, ya que la estabilidad del sistema sigue siendo precaria mientras se completan las reparaciones de emergencia en las zonas de vías y señales afectadas.

Que un grupo de 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno de Javier con sueldos estatales hayan calificado para créditos hipotecarios del Banco Nación generó un escándalo total. Algunos funcionarios recibieron hasta 340.000 dólares, a la menor tasa del mercado, y para comprar segundas casas. ¿Con qué criterio el Banco Nación distribuye los créditos hipotecarios?

Pero el escándalo no termina ahí. Los cargos políticos pudieron recibir esos préstamos porque en septiembre de 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman alteraron la resolución 802 sobre “empleados del sector público” permitiendo que los políticos pudieran quedarse con crédito. Lógicamente antes no podían para evitar situaciones de privilegio.

Ahora, el gobierno volvió a poner aquella frase que dejaba afuera a los funcionarios. Pero lo hizo después de que sus funcionarias multiplicaran sus patrimonios personales gracias al banco público. ¿No era que los libertarios odiaban al Estado? Parece que no cuando el Estado les permite hacerse (más) ricos. La casta está de fiesta.

La entidad modificó su reglamentación luego de la fuerte polémica generada por la difusión de casos de dirigentes y funcionarios del Gobierno Nacional que habían obtenido préstamos hipotecarios por montos millonarios, destinados a la compra de segundas e incluso terceras viviendas.

El punto cuestionado formaba parte de la reglamentación 802, actualizada en septiembre de 2024, donde se había incorporado un apartado que extendía el acceso a los créditos a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, incluyendo a funcionarios, diputados y senadores. Aunque en su momento pasó casi desapercibido, ese cambio terminó desatando críticas cuando se conocieron los beneficiarios.

Con el tema instalado en la agenda pública y amplificado en redes sociales, el Banco Nación avanzó con una nueva circular —la N° 0092/2026— que eliminó ese beneficio. La decisión fue formalizada el 9 de enero por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, quien dejó sin efecto la inclusión de cargos políticos dentro del universo de beneficiarios.

Según trascendió, la medida original había sido impulsada por los propios funcionarios, pero el resultado fue el contrario al esperado: derivó en un inmanejable escandalo político y reavivó el debate sobre el acceso desigual al crédito en un contexto donde gran parte de la población enfrenta serias dificultades para acceder a financiamiento para la vivienda y otras actividades básicas.

La controversia incluso llevó al presidente Javier Milei a pronunciarse públicamente. En una entrevista, defendió la legalidad de los préstamos, aunque sus declaraciones no lograron desactivar el malestar generado por el tema.

Mirtha Legrand hizo estallar la polémica por el escándalo Adorni y desató un debate explosivo en su mesa.

Mirtha Legrand volvió a demostrar que no le teme a los temas incómodos y convirtió su programa en el epicentro de una fuerte polémica. En la noche del sábado 11 de abril, durante una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), la conductora lanzó una pregunta explosiva sobre el caso que sacude al gobierno de Javier Milei: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero Manuel Adorni.

“¿Y el caso Adorni?”, disparó sin rodeos, encendiendo de inmediato el clima en la mesa. Pero no se detuvo ahí. “Qué increíble. Esta señora, ¿le había prestado la plata de verdad?”, insistió, en alusión a las mujeres involucradas en la causa vinculada a la compra de propiedades. “Es raro todo, es extraño”, remató, dejando planteadas dudas que incomodaron a todos.

La reacción fue inmediata. Lejos de esquivar el tema, sus invitados —Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese— se metieron de lleno en el debate, generando un intercambio intenso que por momentos subió la temperatura del programa.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Reynaldo Sietecase, quien aportó una metáfora que resonó en la mesa: “El gobierno está cargando con algo que yo llamo el delantal blanco”. Y explicó: “Cuando asumieron dijeron ‘venimos contra la casta’, entonces en ese delantal blanco las manchas se notan más”.

La frase sintetizó el eje del debate: el costo político de construir un discurso basado en la transparencia y quedar expuesto ante cualquier sospecha. En ese sentido, el periodista fue más allá y planteó una comparación incómoda: “¿Qué estaríamos diciendo si esto pasara en un gobierno peronista , estaríamos pidiendo la renuncia desde el Obelisco? Si fuimos exigentes con la corrupción durante el Kirchnerismo me parece que hay que tener la misma vara”.

Con su intervención filosa, Mirtha Legrand no solo puso el tema en agenda, sino que logró lo que mejor sabe hacer: transformar su mesa en un escenario de alto voltaje político, donde las opiniones chocan, incomodan y generan repercusión.

La crisis del PAMI desató una ola de denuncias que apuntan de manera directa contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quienes distintos actores del sistema de salud responsabilizan por un deterioro acelerado que ya impacta en la atención de jubilados y amenaza con un colapso sanitario.

Desde clínicas privadas que trabajan con la obra social advierten que el problema central no es la falta de pacientes, sino el ajuste en los pagos. Un prestador reveló que, pese a contar con cien camas —de las cuales el PAMI suele ocupar el 75%—, en los últimos días no se registraron nuevas internaciones porque el organismo dejó de cubrir la totalidad de las prestaciones durante marzo. A esto se suma la interrupción en la provisión de prótesis de cadera, una práctica clave para adultos mayores, también por deudas impagas.

Las críticas vinculan directamente esta situación con el plan de superávit fiscal impulsado por Caputo y respaldado por Milei. Según denuncian, el recorte del gasto público en áreas sensibles como Salud derivó en faltantes de medicamentos, reducción de atención médica, ausencia de vacunas y hasta el cierre de servicios para jubilados. Lo que comenzó como una política económica, sostienen, se transformó en un factor de riesgo sanitario concreto.

El diagnóstico desde el sector es alarmante. Fuentes de la salud privada califican el escenario como “terminal” y advierten que el sistema podría colapsar, especialmente con la llegada del invierno. Funcionarios municipales, que ya registran un fuerte aumento de la demanda en centros de atención primaria, alertan que los gobiernos locales están absorbiendo pacientes que el PAMI ya no cubre.

El desfinanciamiento también golpea a clínicas y sanatorios, que denuncian atrasos de hasta cuatro meses en los pagos. Incluso, en marzo solo cobraron una parte de las prestaciones realizadas en diciembre, lo que llevó a muchos establecimientos a recortar servicios o directamente dejar de atender afiliados. Esto empuja a los pacientes hacia el sistema público, que también enfrenta demoras y pagos desactualizados.

La crisis se extiende a las farmacias, que reportan una deuda millonaria por parte del PAMI. El retraso en los pagos y la imposibilidad de reponer stock ya genera problemas de abastecimiento que afectan no solo a jubilados, sino al conjunto de la población. Desde el sector advierten que el sistema se sostiene con endeudamiento, pero que la situación es “insostenible”.

En este contexto, intendentes describen un “cóctel explosivo”: más demanda en salud pública, caída de ingresos por la recesión y aumento de la morosidad. Los datos muestran un crecimiento sostenido de las consultas en centros municipales, que se consolidan como la última red de contención frente al vaciamiento del PAMI.

Las denuncias coinciden en un punto: el ajuste económico impulsado por Milei y Caputo no solo afecta las cuentas públicas, sino que está teniendo consecuencias directas en el acceso a la salud, especialmente para uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados.