El caso que involucra a Manuel Adorni sigue sumando revelaciones incómodas y cada nuevo dato agrava la situación de un funcionario cuya credibilidad aparece cada vez más comprometida.
En su intento por defender el cuestionado viaje de su esposa a Nueva York, Adorni había afirmado en una entrevista con Luis Majul que en un año y medio apenas se había tomado “cuatro días” de descanso en Punta del Este. Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a aparecer datos que desmienten esa versión: primero se supo de una estadía de varias semanas en la exclusiva Aruba, y ahora se suma este paso por uno de los hoteles más caros y emblemáticos del país.
La visita al Llao Llao, durante el fin de semana largo de junio de 2024, se configura como el tercer viaje de alto nivel que se le conoce. El destino no es menor: se trata de un complejo asociado a sectores empresariales cercanos al poder (grupo IRSA muy cercano al presidente Javier Milei, cabe recordar que el Hotel Libertador, de Eduardo Elsztain, fue el bunker de campaña de La Libertad Avanza en 2023), lo que abre interrogantes sobre posibles beneficios o condiciones especiales en la estadía, algo que hasta el momento no fue aclarado.
Los costos del lugar refuerzan el carácter exclusivo del viaje: una simple merienda puede rondar los 90.000 pesos por persona y una cena superar los 130.000, mientras que una empanada premium alcanza cifras llamativas. Solo en alojamiento, el gasto estimado para una estadía de este tipo se ubicaría en torno a los 2.500 dólares, sin contar comidas, actividades y traslados.
A esto se suma otro elemento sensible: la justicia ya había determinado que en viajes anteriores Adorni pagó pasajes en clase ejecutiva en efectivo para su familia, lo que vuelve a poner bajo la lupa el origen y la transparencia de los fondos utilizados.
El contraste entre el discurso público de austeridad y la seguidilla de viajes de lujo empieza a generar ruido político. Lo que en un principio parecía un episodio aislado hoy se perfila como un patrón, con potencial para escalar y salpicar a un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la conducta de sus funcionarios más visibles.