Una nueva denuncia pone bajo la lupa la declaración jurada del vocero presidencial tras la adquisición de una propiedad en el barrio de Belgrano.
La transparencia del entorno de Javier Milei sufrió un duro golpe tras las declaraciones testimoniales de Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, los responsables de la firma inmobiliaria que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni. Según los empresarios, la propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Belgrano tenía un valor real de mercado de 340.000 dólares, pero llamativamente terminó figurando en la escritura por apenas 230.000 dólares. Esta diferencia de 110.000 dólares es la que la justicia investiga ahora como una presunta maniobra de subvaluación para ocultar el patrimonio real del funcionario.
El dato más impactante que surgió del testimonio es la modalidad de pago, calificada por expertos como “totalmente fuera de mercado”. Según Rucci y Trimarchi, el vocero presidencial habría convencido a las vendedoras —dos mujeres jubiladas— de otorgarle un préstamo personal por 200.000 dólares para cubrir casi la totalidad de la operación. Es decir, las vendedoras no solo aceptaron cobrar un tercio menos de lo que valía su propiedad, sino que además se convirtieron en las “financistas” de Adorni, permitiéndole pagar su vivienda de lujo en cómodas cuotas.
Para los investigadores de Comodoro Py, esta estructura tiene todas las características de una operación simulada. En el mercado inmobiliario actual, no existe el precedente de un vendedor que resigne una suma millonaria en dólares y, simultáneamente, le preste el dinero al comprador para que se lo devuelva a largo plazo. La sospecha principal es que ese “préstamo” es en realidad una pantalla para blanquear fondos de origen desconocido que el vocero no podría justificar con su salario público ni con sus ahorros previos declarados.
La celeridad del trámite también generó sospechas. La transferencia se realizó en tiempo récord, eludiendo varios de los controles de la UIF (Unidad de Información Financiera) sobre el origen de los fondos en transacciones de este calibre. Mientras Adorni utiliza su atril diario en Casa Rosada para exigir sacrificios a la población y hablar de “transparencia”, los papeles de su vivienda propia revelan un entramado de beneficios y opacidad administrativa que lo aleja por completo de la ética que pregona su discurso oficial.
Desde el bloque de la oposición ya se preparan pedidos de informe sobre el rol del escribano interviniente y la situación patrimonial de las vendedoras. Resulta difícil explicar por qué dos jubiladas accederían a un negocio tan perjudicial para su propio capital, a menos que el préstamo sea una ficción jurídica para cerrar una brecha contable. “Es el primer gran caso de corrupción inmobiliaria del riñón libertario”, señalan fuentes judiciales que siguen de cerca la causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
Finalmente, la Justicia deberá determinar si la discrepancia de valores constituye un delito de evasión y lavado de dinero. El impacto político es directo: el vocero estrella del Gobierno queda atrapado en una contradicción moral insalvable, donde la “motosierra” parece haber funcionado solo para recortar el precio de su propia casa. Si la tasación oficial confirma los 340.000 dólares denunciados por la inmobiliaria, el destino judicial de Adorni podría complicarse seriamente antes de que termine el primer semestre.