Tras reiterados incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, desde el ámbito judicial ya deslizan una medida extrema: el posible embargo de cuentas personales de funcionarios para obligar a ejecutar los fondos establecidos por ley.
La advertencia surgió del juzgado federal a cargo de Martín Cormick, quien ya había fallado en primera instancia —en diciembre de 2025 y con ratificación en 2026— a favor del reclamo presupuestario y salarial impulsado por las universidades. El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno aplicar de manera “inmediata” la normativa, incluyendo la actualización de salarios docentes, no docentes y becas, además de suspender decretos oficiales que la contradecían.
Sin embargo, el incumplimiento persistente encendió nuevas alarmas. Aunque los rectores aún no solicitaron el embargo, en los pasillos del juzgado reconocen que “podrían ir más fuerte”, dejando abierta la puerta a una escalada judicial inédita. Este recurso, previsto por la ley frente a incumplimientos de funcionarios públicos, aparece ahora como una herramienta concreta ante la falta de respuestas.
El origen del conflicto se remonta al amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de todo el país, quienes denunciaron que la falta de ejecución presupuestaria compromete seriamente el funcionamiento del sistema y vulnera derechos educativos. El fallo judicial fue contundente al señalar que la pérdida salarial genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”.
Pese a ello, el Gobierno apeló la decisión y sostiene que el impacto fiscal —estimado en $2,5 billones— resulta inviable. En paralelo, impulsa en el Congreso un nuevo proyecto de financiamiento que, según advierten desde el sector universitario, apenas recompone un 12% de los salarios y el presupuesto de 2025, sin contemplar la pérdida total de 2024 en un contexto de inflación del 118%.
La situación mantiene en vilo a las universidades, que denuncian un progresivo ahogo presupuestario. Mientras la Justicia insiste en el cumplimiento pleno de la ley vigente, crece la expectativa por una posible avanzada de los rectores en las próximas horas. El eventual pedido de embargo marcaría un punto de inflexión en la disputa, profundizando un conflicto que ya combina tensión política, crisis financiera y judicialización.