La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. En este marco, declaró el hijo de una de las jubiladas que le habría entregado dinero para adquirir la propiedad que está ubicada en Caballito.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de un testigo clave en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento ubicado en Caballito, quien agregó una nueva deuda de u$s65.000 por parte del acusado.

Según Feijoo, el funcionario le debe u$s 65.000 correspondientes a refacciones del departamento adquirido en la calle Miró al 500. El testigo llegó minutos antes de las 10 de la mañana, evitó el ingreso principal y comenzó a declarar ante la fiscalía.

Qué dijo el testigo ante la Justicia

Durante su exposición, el testigo explicó que se hizo cargo de las obras de remodelación del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, con un costo total de u$s65.000.

Según su versión, ese monto no se incluyó en la compraventa, sino que se acordó recuperarlo “por afuera”, una vez que Adorni vendiera su propiedad en Parque Chacabuco.

Este dato introduce una nueva línea de análisis para la fiscalía, que busca determinar si existieron pagos no registrados que puedan alterar la transparencia de la operación.

Cómo se compró el departamento

La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar en qué condiciones se realizó la compra del inmueble, si el valor pagado se ajustó al mercado y si las refacciones posteriores justificaron el monto final de la operación.

Según los datos incorporados al expediente, las propietarias habían adquirido el departamento por u$s 200.000 y luego lo vendieron a Adorni por u$s 230.000. La operación incluyó un anticipo de u$s 30.000 y un financiamiento por los u$s 200.000 restantes.

En este punto, la declaración de Feijoo resulta relevante, ya que podría aportar detalles sobre la negociación del precio y las condiciones del acuerdo.

La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que existía una relación de confianza entre las partes, incluso un vínculo personal, que explicó la concesión de una hipoteca sin interés a un año.

Otros testimonios ya incorporados al expediente sumaron elementos que alimentan las dudas sobre la operación. Un matrimonio de martilleros afirmó que tasó la propiedad en u$s345.000, un valor considerablemente superior al de la compraventa.

Además, el expropietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró que Feijoo había reservado previamente la unidad con la intención de que luego fuera adquirida por su madre.

Nuevos testigos y medidas de prueba

La ronda de declaraciones continuará en los próximos días. El fiscal Pollicita citó para el 6 de mayo a otro testigo clave, quien deberá presentarse con documentación vinculada a gastos de expensas y mejoras realizadas en la propiedad, además de su teléfono celular para peritaje.

En paralelo, también deberá declarar el encargado del edificio, cuya versión podría aportar datos sobre el estado del inmueble al momento de la operación.

La investigación sobre viajes y patrimonio de Manuel Adorni

La causa no se limita a la compra del departamento. Como parte del análisis patrimonial, el fiscal también investiga los gastos en viajes realizados por Adorni y su entorno familiar.

A partir de información proporcionada por aerolíneas y agencias de turismo, se identificaron vuelos a destinos como Punta Cana, Cancún, Nueva York, Mendoza e Iguazú, entre otros. Ahora, la Justicia busca determinar si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados.

Para ello, se enviaron oficios a distintas empresas del sector turístico con el objetivo de obtener detalles sobre reservas, pagos, facturación y condiciones de contratación.

Con múltiples líneas de investigación abiertas, la causa avanza sobre distintos aspectos del patrimonio del funcionario.

La declaración de Feijoo se presenta como una pieza clave para esclarecer el entramado de la operación inmobiliaria y determinar si existieron irregularidades en la adquisición del inmueble.

Mauricio Macri mantuvo un encuentro con Ricardo Lorenzetti con la mira puesta en la Corte Suprema. El objetivo, según trascendió, fue explorar la posibilidad de construir una mayoría interna crítica de Javier Milei, dispuesta a firmar fallos que impacten en el frente político del Gobierno.

Durante la reunión, Macri le sugirió a Lorenzetti avanzar en un entendimiento con Carlos Rosenkrantz para disputar la conducción del tribunal y desplazar a Horacio Rosatti de la presidencia. Rosatti, con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, atraviesa un momento de mayor sintonía con la administración libertaria.

La propuesta incluyó una fórmula de alternancia en la presidencia entre Lorenzetti y Rosenkrantz, con mandatos de un año cada uno. El rafaelino nunca terminó de digerir su salida de la conducción del máximo tribunal y, desde que fue desplazado por Rosatti y Rosenkrantz, sostiene una estrategia constante para recuperar ese lugar de poder, hoy potenciado por la influencia sobre el Consejo de la Magistratura.

El mercado dio una señal clara de tensión: este martes el riesgo país subió 1,33% y alcanzó los 533 puntos básicos, mientras los bonos en dólares retrocedieron a lo largo de casi toda la curva.

Detrás de ese movimiento aparece un factor estructural. El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, advirtió que el creciente peso de organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BID en la deuda argentina implica una desventaja: tienen prioridad de cobro. Esa “subordinación implícita”, explicó, puede sumar entre 100 y 200 puntos básicos al riesgo país.

En ese contexto se inscribe el regreso de Toto Caputo desde Washington, donde logró destrabar un desembolso de USD 1.000 millones del FMI y obtuvo la promesa de otros USD 2.000 millones del Banco Mundial. Pese al tono optimista del ministro, el impacto en el mercado fue el inverso al esperado: lejos de despejar dudas, reforzó la percepción de dificultades para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Durante las reuniones del equipo económico con fondos de inversión en Estados Unidos, el clima fue cauto. Hubo preguntas sobre reservas, deuda y riesgo político. Los inversores no se retiraron, pero tampoco aumentaron su exposición. Predominó una lógica de pausa más que de entusiasmo, una dinámica que también se percibe en el sistema financiero local.

Tras reiterados incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, desde el ámbito judicial ya deslizan una medida extrema: el posible embargo de cuentas personales de funcionarios para obligar a ejecutar los fondos establecidos por ley.

La advertencia surgió del juzgado federal a cargo de Martín Cormick, quien ya había fallado en primera instancia —en diciembre de 2025 y con ratificación en 2026— a favor del reclamo presupuestario y salarial impulsado por las universidades. El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno aplicar de manera “inmediata” la normativa, incluyendo la actualización de salarios docentes, no docentes y becas, además de suspender decretos oficiales que la contradecían.

Sin embargo, el incumplimiento persistente encendió nuevas alarmas. Aunque los rectores aún no solicitaron el embargo, en los pasillos del juzgado reconocen que “podrían ir más fuerte”, dejando abierta la puerta a una escalada judicial inédita. Este recurso, previsto por la ley frente a incumplimientos de funcionarios públicos, aparece ahora como una herramienta concreta ante la falta de respuestas.

El origen del conflicto se remonta al amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de todo el país, quienes denunciaron que la falta de ejecución presupuestaria compromete seriamente el funcionamiento del sistema y vulnera derechos educativos. El fallo judicial fue contundente al señalar que la pérdida salarial genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”.

Pese a ello, el Gobierno apeló la decisión y sostiene que el impacto fiscal —estimado en $2,5 billones— resulta inviable. En paralelo, impulsa en el Congreso un nuevo proyecto de financiamiento que, según advierten desde el sector universitario, apenas recompone un 12% de los salarios y el presupuesto de 2025, sin contemplar la pérdida total de 2024 en un contexto de inflación del 118%.

La situación mantiene en vilo a las universidades, que denuncian un progresivo ahogo presupuestario. Mientras la Justicia insiste en el cumplimiento pleno de la ley vigente, crece la expectativa por una posible avanzada de los rectores en las próximas horas. El eventual pedido de embargo marcaría un punto de inflexión en la disputa, profundizando un conflicto que ya combina tensión política, crisis financiera y judicialización.

El conflicto por las tierras de Lago Escondido se inscribe en un entramado más amplio de disputas judiciales que exponen el avance sostenido de intereses privados y extranjeros sobre territorios estratégicos de la Patagonia Argentina.

Entre ellas, continúa sin resolución efectiva la demanda para garantizar el acceso público al lago a través del camino de Tacuifí, un reclamo histórico que evidencia la tensión entre el acceso publico al propio territorio nacional, los derechos colectivos y apropiación privada bajo condiciones fraudulentas.

En este contexto, la administración de Javier Milei decidió cerrar la acción de lesividad iniciada por el Estado en 2023 y acordó con el empresario británico Joe Lewis y la firma Hidden Lake S.A. poner fin al litigio. La demanda buscaba anular la compra de más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera en Río Negro, donde se encuentra la estancia de Lago Escondido, por considerar que la operación vulneraba el interés público y la normativa vigente.

El origen de la causa se remonta a investigaciones oficiales que señalaban que la adquisición, realizada en 1996, habría sido concretada mediante una estructura de empresas pantalla y testaferros para sortear las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros en áreas sensibles. Sin embargo, en enero de 2026, en plena feria judicial, un juzgado contencioso administrativo federal homologó un acuerdo conciliatorio entre el Estado y Hidden Lake, desactivando el proceso antes de que se resolviera el fondo de la cuestión.

La decisión no solo interrumpe una estrategia estatal que hasta hace poco sostenía la nulidad de la operación por considerarla fraudulenta, sino que también refuerza un patrón de repliegue institucional frente a actores económicos concentrados. El expediente, además, pasó a tener acceso restringido, lo que alimenta cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo y sobre las condiciones en que se resolvió el conflicto.

El cierre del litigio se produjo en paralelo a movimientos clave dentro del sistema judicial, como la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y el envío al Senado del pliego de Carlos Mahiques para su continuidad en la Cámara de Casación Penal. Ambos habían participado del controvertido viaje a Lago Escondido en 2022, junto a jueces, fiscales y directivos empresariales, episodio que reforzó las sospechas sobre vínculos entre sectores del poder judicial, político y corporativo.

Mientras tanto, organizaciones sociales y actores políticos advierten que el acceso al lago continúa restringido, en contradicción con el principio de libre circulación por bienes naturales.

En definitiva, la resolución del caso marca un giro significativo: de una postura estatal que denunciaba una maniobra para eludir la legislación sobre seguridad fronteriza, a una decisión que, en los hechos, convalida la concentración privada de tierras en una de las regiones más estratégicas del país. Un desenlace que reaviva el debate sobre soberanía, transparencia y el rol del Estado frente al avance de intereses extranjeros sobre la Patagonia.

La cifra surge del primer relevamiento nacional realizado por el Ministerio de Capital Humano, que identificó 9.421 personas en situación de calle en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El 60% de las personas que hoy viven en la calle llegó a esa situación en los últimos dos años, un dato que expone con claridad el impacto de la crisis económica sobre el tejido social. El deterioro de los ingresos, la inestabilidad laboral y el aumento del costo de vida no solo profundizan la pobreza, sino que también rompen redes de contención, dejando a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La cifra surge del primer relevamiento nacional realizado por el Ministerio de Capital Humano, que identificó 9.421 personas en situación de calle en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el dato está lejos de ser completo: cinco provincias —Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires— no participaron del estudio, lo que deja fuera a una parte significativa de la población afectada.

El informe revela además que el fenómeno no responde únicamente a situaciones estructurales de larga data, sino a un proceso reciente de exclusión. Mientras el 32% lleva más de dos años en la calle, el 59% cayó en esa situación en un período igual o menor a ese tiempo. Este desplazamiento acelerado hacia la marginalidad da cuenta de un entramado social cada vez más frágil, donde perder el empleo o no poder sostener un alquiler puede significar quedar fuera del sistema.

Los datos también muestran perfiles que contradicen ciertos estereotipos: el 90% posee DNI, más de la mitad tiene estudios primarios completos y el 53% realiza alguna actividad laboral, en su mayoría informal. Aun así, esos ingresos resultan insuficientes para garantizar condiciones mínimas de vida. Incluso, el 56% recibe asistencia estatal, lo que evidencia que las políticas actuales no logran compensar el deterioro económico.

La problemática, además, está atravesada por desigualdades de género y edad: el 83% son varones y el 92% mayores de edad, aunque también hay más de 500 menores en esta situación. Detrás de estos números aparecen historias marcadas por la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud y consumos problemáticos, que se agravan en contextos de crisis.

Estudios de ONGs advierten que podrían ser muchos más

Organizaciones sociales advierten que la situación podría ser aún más grave. En la Ciudad de Buenos Aires, un censo popular realizado en 2025 estimó que hay casi 12.000 personas viviendo en la calle, una cifra superior a la relevada a nivel nacional. Desde estos espacios señalan que la falta de cobertura territorial y las limitaciones metodológicas impiden dimensionar el problema en su totalidad.

En este contexto, la decisión del Gobierno nacional de transferir a las provincias la responsabilidad de la atención de las personas en situación de calle suma otro elemento de incertidumbre. Con capacidades desiguales entre jurisdicciones, el riesgo es que la asistencia se vuelva aún más fragmentada, profundizando una crisis que ya muestra señales claras de desintegración social.