El Ministerio de Educación de Córdoba impuso un protocolo de control extremo que obliga a los alumnos a usar bolsas transparentes. Una medida que importa una paranoia de guerra ajena a la Argentina para tapar la falta de inversión en gabinetes psicopedagógicos y contención social.
Lo que el Gobierno de Córdoba presenta como un “protocolo de seguridad e higiene” es, en realidad, la institucionalización de una paranoia importada. El Ministerio de Educación decidió prohibir las mochilas y exigir que los alumnos trasladen sus pertenencias en bolsas plásticas transparentes, utilizando como disparador una supuesta amenaza de tiroteo que circuló en redes. Sin embargo, mientras la justicia investiga si se trató simplemente de un reto viral de adolescentes, la respuesta oficial fue la militarización de la mirada: tratar a cada estudiante como un sospechoso y a cada aula como una potencial zona de conflicto bélico.
Esta lógica de “seguridad low-cost” instala en la Argentina un problema que no tenemos. En un país sin cultura de armas en las escuelas y sin conflictos bélicos, el Estado decide copiar los modelos de vigilancia de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Es el absurdo total: en lugar de trabajar sobre la alfabetización digital o el acompañamiento psicológico de los pibes ante los fenómenos de internet, el Gobierno opta por despojarlos de su intimidad. La bolsa de plástico no previene una masacre, pero sí garantiza que el Estado pueda revisar hasta el fondo de la cartuchera sin necesidad de protocolos judiciales.
El componente social de la medida es demoledor. En una Argentina donde la pobreza infantil no para de crecer, obligar a los chicos a exhibir sus pertenencias en una bolsa de nailon es una humillación planificada. El derecho a la privacidad queda suspendido bajo el mantra del control, y los alumnos quedan expuestos a mostrar desde la falta de merienda hasta el estado de sus útiles. Es la transparencia aplicada únicamente a los más vulnerables, mientras la gestión de los problemas reales —como el hambre en los comedores y el derrumbe salarial— sigue ocurriendo detrás de puertas cerradas.
Finalmente, este protocolo revela la orfandad de criterios de un modelo que prefiere el impacto visual de la requisa antes que la complejidad del vínculo pedagógico. Al alimentar el pánico por un reto de TikTok para justificar la desaparición de las mochilas, el Gobierno de Córdoba está formando a una generación en la cultura de la sospecha. Mientras los pibes cargan sus cuadernos en bolsas de residuo a la vista de todos, queda claro que la única “libertad” que se promueve es la de ser vigilado, importando miedos extranjeros para no tener que dar respuestas a las urgencias nacionales.