Se trata de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, quien habría omitido declarar siete departamentos en Miami, Estados Unidos.

Según la información difundida por el canal A24, el funcionario habría adquirido estas propiedades a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC, registradas a su nombre en Estados Unidos. Además, se mencionan cuentas bancarias que tampoco habrían sido informadas en sus declaraciones.

Cinco de los inmuebles no declarados ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) se encuentran en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida. Las propiedades incluyen departamentos en localidades como Lantana, West Palm Beach, South Palm Beach y Delray Beach, con valuaciones que oscilan entre los 187.000 y más de 300.000 dólares según registros oficiales y estimaciones del mercado inmobiliario.

Tras la difusión del caso, Frugoni reconoció la irregularidad: “Es todo verdad. Cometí un error”, afirmó, y aseguró que ya se encuentra “rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP”, al tiempo que sostuvo que los impuestos correspondientes a esos bienes fueron pagados en Estados Unidos.

Frugoni ocupa el cargo desde diciembre pasado, cuando reemplazó a Martín Maccarone, cercano a Caputo. Con más de tres décadas de trayectoria en el sector de la construcción e infraestructura, el funcionario había consolidado su perfil técnico en el ámbito público y privado, incluyendo su paso por organismos vinculados al control de concesiones y servicios de transporte.

El caso abre interrogantes sobre los controles patrimoniales dentro del Gobierno y podría derivar en nuevas investigaciones para determinar el alcance de las posibles omisiones en las declaraciones oficiales.

El Ministerio de Educación de Córdoba impuso un protocolo de control extremo que obliga a los alumnos a usar bolsas transparentes. Una medida que importa una paranoia de guerra ajena a la Argentina para tapar la falta de inversión en gabinetes psicopedagógicos y contención social.

Lo que el Gobierno de Córdoba presenta como un “protocolo de seguridad e higiene” es, en realidad, la institucionalización de una paranoia importada. El Ministerio de Educación decidió prohibir las mochilas y exigir que los alumnos trasladen sus pertenencias en bolsas plásticas transparentes, utilizando como disparador una supuesta amenaza de tiroteo que circuló en redes. Sin embargo, mientras la justicia investiga si se trató simplemente de un reto viral de adolescentes, la respuesta oficial fue la militarización de la mirada: tratar a cada estudiante como un sospechoso y a cada aula como una potencial zona de conflicto bélico.

Esta lógica de “seguridad low-cost” instala en la Argentina un problema que no tenemos. En un país sin cultura de armas en las escuelas y sin conflictos bélicos, el Estado decide copiar los modelos de vigilancia de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Es el absurdo total: en lugar de trabajar sobre la alfabetización digital o el acompañamiento psicológico de los pibes ante los fenómenos de internet, el Gobierno opta por despojarlos de su intimidad. La bolsa de plástico no previene una masacre, pero sí garantiza que el Estado pueda revisar hasta el fondo de la cartuchera sin necesidad de protocolos judiciales.

El componente social de la medida es demoledor. En una Argentina donde la pobreza infantil no para de crecer, obligar a los chicos a exhibir sus pertenencias en una bolsa de nailon es una humillación planificada. El derecho a la privacidad queda suspendido bajo el mantra del control, y los alumnos quedan expuestos a mostrar desde la falta de merienda hasta el estado de sus útiles. Es la transparencia aplicada únicamente a los más vulnerables, mientras la gestión de los problemas reales —como el hambre en los comedores y el derrumbe salarial— sigue ocurriendo detrás de puertas cerradas.

Finalmente, este protocolo revela la orfandad de criterios de un modelo que prefiere el impacto visual de la requisa antes que la complejidad del vínculo pedagógico. Al alimentar el pánico por un reto de TikTok para justificar la desaparición de las mochilas, el Gobierno de Córdoba está formando a una generación en la cultura de la sospecha. Mientras los pibes cargan sus cuadernos en bolsas de residuo a la vista de todos, queda claro que la única “libertad” que se promueve es la de ser vigilado, importando miedos extranjeros para no tener que dar respuestas a las urgencias nacionales.

El hecho ocurrió en el Monumento Nacional a la Bandera, un sitio cargado de historia y sentido patriótico. Durante algunas horas, ese lugar asociado a las gestas fundacionales del país desde la independencia hasta la defensa de la soberanía fue escenario de un acto que generó incomodidad y rechazo en distintos sectores.

El motivo formal fue la conmemoración del 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel. Sin embargo, el contexto político le dio mayor resonancia: el gesto fue leído por muchos como una señal alineada con la política exterior del gobierno de Javier Milei, que ha mostrado una cercanía explícita con ese país declarándose además el presidente más sionista del mundo.

Más allá de las intenciones diplomáticas o culturales, lo que generó mayor controversia fue el lugar elegido. Para los rosarinos, el Monumento no es un espacio más dentro del mapa urbano, sino un símbolo central de la identidad nacional. Ver allí una bandera extranjera, en un entorno cargado de referencias históricas y memoria colectiva nacional, fue percibido como una autentica falta de respeto y un quiebre de ese consenso simbólico.

Pensé que era fake pero ES REAL. Pusieron la bandera de ISRAEL y cantaron el himno israelí en el Monumento a la Bandera en Rosario

"Primero se izó la bandera de Israel dentro del Monumento y luego se cantó el himno israelí para celebrar el Día de Independencia de ISRAEL" pic.twitter.com/SjzzOmjYXW

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 22, 2026

El acto tuvo características formales y organizadas: participaron alrededor de 400 estudiantes de la Escuela Jaim Najman Bialik, hubo entonación de himnos y una puesta en escena típica de eventos institucionales. En ese marco, las autoridades buscaron explicar el sentido de la ceremonia. Desde la institución organizadora, se planteó como una tradición orientada a honrar tanto la creación del Estado israelí como a sus víctimas y caídos. Representantes de la comunidad también destacaron aspectos culturales, científicos y tecnológicos como eje del homenaje.

Sin embargo, las críticas no apuntaron tanto al contenido del acto como a su emplazamiento. Rosario cuenta con múltiples espacios para este tipo de celebraciones, y la decisión de realizarlas en el principal monumento patrio fue considerada por muchos como innecesaria e inoportuna en un contexto de fuertes criticas al accionar de Israel en materia de derechos humanos.

Aunque la bandera argentina volvió a quedar en soledad horas después, el episodio dejó abierta una discusión más profunda: hasta qué punto ciertos gestos, aun dentro de la legalidad, pueden afectar sensibilidades colectivas cuando se trata de símbolos nacionales. En ese terreno, donde lo histórico y lo emocional se entrelazan, el impacto de una decisión puede trascender ampliamente su intención original.

“A la gente no le gusta”, sostuvo el exjefe de Gabinete. Además, se refirió a las dudas de Javier Milei sobre Victoria Villarruel y el impacto de las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó este miércoles la actitud de su sucesor, Manuel Adorni, frente a la investigación judicial que lo rodea por presunto enriquecimiento ilícito.

Francos aseguró que el actual funcionario debe guardar un estilo que no denote “ironía o soberbia”.

Cuestionamientos al estilo de Adorni

En diálogo con TN, Francos manifestó su desagrado por la forma en que Adorni utiliza sus redes sociales para responder a las denuncias.

“No me gusta que se tome livianamente el tema o que se haga bromas”, señaló el exministro, refiriéndose a los posteos en la red social X donde Adorni ironizó sobre las acusaciones, llegando a bromear sobre el cambio de lámparas en su domicilio.

Para Francos, la estrategia comunicativa del actual jefe de Gabinete es errónea, ya que “la gente lo toma mal”.

Las declaraciones de Francos se producen en un contexto delicado para Adorni, luego de que un testigo clave, el desarrollador Pablo Martín Feijoo, reveló ante la Justicia una presunta deuda no declarada de 65 mil dólares por refacciones en el departamento que el funcionario compró a dos jubiladas.

Fractura interna y dudas sobre Villarruel

Francos también analizó la lucha de poder entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Según el exfuncionario, esta disputa “afecta” directamente al presidente Milei y fue uno de los factores que precipitó su propia salida de la Casa Rosada.

Por otro lado, el exjefe de Gabinete no dejó pasar la ausencia de Victoria Villarruel en el homenaje al papa Francisco en Luján.

Francos minimizó el gesto de la vicepresidenta, pero lanzó una frase contundente sobre la relación entre los integrantes del binomio presidencial: “Hace tiempo que tiene una relación difícil con el Presidente y que él tiene sus dudas sobre la vice”.

Elogios a la gestión económica

Pese a las críticas internas, Francos defendió el rumbo económico del Gobierno, destacando la baja de impuestos y la reducción de las retenciones.

El exfuncionario reafirmó su confianza en el país, asegurando que, al asumir, Argentina estaba “destrozada” y que los cambios realizados son positivos para el futuro

Según fuentes judiciales, la estadía en dos hoteles de lujo, el Embassy Suites by Hilton Aruba Beach Resort y el Divi Village Golf & Beach Resort, fue abonada íntegramente en efectivo y en dólares, por un total de US$8.874.

La investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó en las últimas horas revelaciones que agravan su situación y amplifican el escándalo. Nuevos datos ponen el foco en movimientos de dinero difíciles de justificar y en operaciones sin respaldo claro, tanto en viajes al exterior como en transacciones inmobiliarias.

Uno de los puntos más sensibles es el viaje familiar a Aruba, realizado entre fines de 2024 y comienzos de 2025. Según fuentes judiciales, la estadía en dos hoteles de lujo —el Embassy Suites by Hilton Aruba Beach Resort y el Divi Village Golf & Beach Resort— fue abonada íntegramente en efectivo y en dólares, por un total de US$8.874. La modalidad de pago encendió alarmas: en el segundo hotel, donde no había régimen all inclusive, tampoco se registraron consumos con tarjeta, lo que refuerza la sospecha de que todos los gastos fueron cubiertos en efectivo.

A esto se suman los pasajes aéreos del grupo familiar, que habrían costado US$5.822, elevando el total del viaje a US$14.696. Sin embargo, la falta de registros bancarios o movimientos con tarjetas durante ese período genera dudas sobre el origen y la trazabilidad de los fondos. La sospecha se extiende incluso a otros viajes oficiales: durante una visita a Estados Unidos en el marco de la “Argentina Week”, tampoco se habrían detectado gastos con tarjetas a nombre del funcionario ni de su esposa.

En paralelo, la causa también detectó movimientos en criptomonedas antes y después de su asunción en el cargo, lo que suma otro elemento opaco a la reconstrucción de su patrimonio.

Pero las irregularidades no terminan allí. En el frente inmobiliario, un testimonio clave complicó aún más al funcionario. Pablo Martín Feijoo declaró que Adorni mantiene una deuda de US$65.000 por refacciones en un departamento del barrio porteño de Caballito. Según su relato, la propiedad fue adquirida por US$200.000, pero las obras necesarias elevaron el costo total a US$295.000. Parte de ese monto —los US$65.000— habría quedado como una deuda informal, sin documentación ni plazos establecidos.

Además, la operación incluyó una hipoteca por US$200.000 otorgada sin interés y a devolver en apenas un año, una condición poco habitual que también está bajo análisis judicial.

La lupa de la Justicia se extiende a otras propiedades vinculadas al entorno de Adorni, como una vivienda en el country Indio Cua, registrada a nombre de su esposa. Allí se investigan los costos de las refacciones y la participación de distintos actores en las obras.

Con pagos en efectivo, deudas sin respaldo, movimientos en criptomonedas y operaciones inmobiliarias poco convencionales, el caso Adorni se vuelve cada vez más complejo. Lejos de disiparse, las sospechas crecen y la investigación avanza sumando elementos que podrían comprometer seriamente al jefe de Gabinete.