La central obrera denunció “parcialidad manifiesta”, pidió anular un fallo que favorece al Ejecutivo y acusó a los magistrados de actuar bajo consignas políticas para desarticular los derechos de los trabajadores.
La batalla legal por la reforma laboral de Javier Milei sumó un capítulo de alto voltaje con la decisión de la CGT de recusar a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La central obrera presentó una denuncia por parcialidad contra los magistrados que intervienen en las causas contra el DNU oficialista, argumentando que el tribunal ya tiene una postura tomada a favor del Ejecutivo. Para el gremialismo, no se trata de una discrepancia jurídica, sino de una operación política para convalidar el recorte de derechos mediante fallos redactados a la medida del poder de turno.
El eje del reclamo es un pedido de nulidad sobre un fallo clave que le quita fuerza a las medidas cautelares que mantenían frenada la reforma. La CGT sostiene que los jueces actuaron con una celeridad sospechosa y omitieron pruebas fundamentales presentadas por los sindicatos. Según la presentación judicial, la imparcialidad de la Cámara está herida de muerte, y acusan a los magistrados de seguir un libreto escrito en los despachos oficiales para desarticular la protección legal que rige en el ámbito laboral desde hace décadas.
Esta embestida judicial se da en un clima de absoluta desconfianza entre la justicia del trabajo y el Gobierno nacional. Desde la CGT advierten que, si no se anula el fallo y se aparta a los jueces cuestionados, se estará sentando un precedente peligroso donde las garantías constitucionales quedan supeditadas a las necesidades del mercado. “Están rifando la seguridad jurídica de millones de argentinos”, señalaron fuentes gremiales, remarcando que la recusación es el último recurso para evitar un avance irreversible sobre las indemnizaciones y los convenios colectivos.
Finalmente, la estrategia de la central obrera busca ganar tiempo y forzar la intervención de la Corte Suprema bajo un escenario de conflicto de intereses. Al denunciar la parcialidad de los jueces de alzada, la CGT intenta congelar la aplicación de la reforma hasta que se garantice un tribunal que no esté condicionado por el sesgo ideológico libertario. Mientras tanto, la tensión en los pasillos de Tribunales no para de crecer, dejando en claro que el futuro de la ley laboral se definirá en un clima de extrema hostilidad judicial.