Las Cámaras Empresarias de transporte público se declararon hoy en estado de emergencia ante el aumento del combustible y advirtieron que la situación “es insostenible”. Mientras tanto, el servicio para los pasajeros se degrada. Millones de argentinos viajan cada vez peor por el ajuste de Javier Milei.

El 1° de mayo, las tarifas de colectivos y subtes volverán a subir un 5,4% tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. Los libertarios se jactaban de que tarifas más caras implicaría un mejor servicio. Por supuesto, no pasó.

En un comunicado oficial, las Cámaras reclamaron recibir “definiciones concretas” por parte del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de costos operativos.

A su vez, expusieron que pese a que se “acercaron propuestas concretas” en las múltiples instancias de diálogo en las que se expuso “la gravedad de la situación”, hasta el momento no recibieron una solución definitiva.

Por lo pronto, el jueves 30 de abril se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Trabajo, donde las Cámaras “esperan recibir respuestas concretas,

La deuda de las familias alcanzó un nivel crítico: casi 16 millones de personas arrastran obligaciones con los bancos por un promedio de 8,76 millones de pesos, equivalente a cinco salarios y medio, en un contexto donde la mora se disparó y el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un atajo desesperado para sostener consumos diarios como comida, transporte y servicios, reseñó el portal La Política Online a partir de informes oficiales.

Esta situación imposible disparó la mora de las familias con los bancos que llegó al 11,2 por ciento en febrero de 2026, cuadruplicando el nivel registrado un año antes, cuando se ubicaba en el 2,9 por ciento. En paralelo, en las entidades no financieras el incumplimiento alcanza el 28,4 por ciento. Las billeteras virtuales como Mercado Pago aplican tasas feroces que elevan el costo financiero hasta un 200 por ciento. Es una mora récord, nunca antes vista.

Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.

La intendenta de Quilmes apuntó contra el Gobierno en redes sociales y contrastó la situación económica de las familias con el estilo de vida de los funcionarios.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó un duro mensaje contra el gobierno de Javier Milei en medio del deterioro del poder adquisitivo y el aumento sostenido de tarifas y servicios.

“Mientras las familias sobreviven y tienen que elegir entre comer, pagar tarifas o comprar remedios, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala. Sin vergüenzas. Se le ríen al pueblo en la cara”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Cena Anual Fundación Libertad, 2026, Argentina. pic.twitter.com/hMYudPR6E7

— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) April 28, 2026

La jefa comunal también hizo foco en el descreimiento social hacia la política, pero marcó una diferencia: “No todos los políticos son iguales: algunos ajustan y se enriquecen, con la panza y los bolsillos llenos a costa del sufrimiento del pueblo”.

En su publicación, Mendoza enumeró algunos de los indicadores que, según su mirada, reflejan el impacto del modelo económico actual. Mencionó una inflación mensual del 3,4%, subas cercanas al 15% en el transporte, aumentos superiores al 10% en las prepagas y tarifas de servicios que acumulan incrementos de más del 500% desde diciembre.

El mensaje se suma a una serie de críticas que distintos dirigentes opositores vienen realizando en las últimas semanas, en un contexto marcado por el ajuste fiscal, la suba del costo de vida y la caída del consumo. La tensión política crece al ritmo de los indicadores económicos, mientras se profundiza el debate sobre el rumbo del país y el impacto social de las medidas.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que llegó al cargo de la mano de José Luis Espert, está en el ojo de la tormenta tras la filtración de audios que revelan presuntos pedidos de retornos y desvíos de fondos destinados a personas con discapacidad.

La estrategia de Diego Spagnuolo frente a la justicia federal parece ser el mutismo absoluto. Quien fuera el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py, pero se negó a prestar declaración indagatoria. La citación del juez Ariel Lijo se da en el marco de una investigación que estalló tras la difusión de audios que exponen una red de pedidos de coimas a cambio de agilizar pagos y licitaciones. Sin embargo, la causa cobró una dimensión mucho más explosiva al trascender que la justicia también investiga el rol de Karina Milei, luego de que en las grabaciones se mencionara el cobro de un presunto “peaje del 3%” destinado directamente al entorno de la Secretaría General de la Presidencia.

El escándalo reveló un esquema de corrupción en el que se solicitaban porcentajes de dinero a proveedores de medicamentos de alto costo dentro del programa “Incluir Salud”. La mención a “El Jefe” en los audios de los operadores de la ANDIS sugiere un circuito de recaudación que excedía los límites de la Agencia. Aunque Spagnuolo intentó inicialmente desacreditar las pruebas alegando que se trataba de montajes, las pericias lo dejaron en una situación asfixiante. Su negativa a declarar este martes es vista como un intento de ganar tiempo mientras el juzgado analiza si ese “3%” efectivamente formaba parte de una estructura de financiamiento político orquestada desde las sombras del poder.

El factor Espert: el padrino político de Spagnuolo

La llegada de Diego Spagnuolo a la cima de la ANDIS no fue azarosa, sino que respondió a un acuerdo político directo: Spagnuolo es el hombre de confianza de José Luis Espert. El vínculo entre ambos es histórico; el ahora exfuncionario fue el apoderado legal del partido de Espert y su principal operador jurídico durante años antes de la fusión definitiva con el universo libertario.

Esta relación coloca a Espert en una posición incómoda, ya que Spagnuolo era considerado su principal “cuadro administrativo” dentro del organigrama estatal. La caída de Spagnuolo es leída también como un golpe al ala política del diputado, quien debió distanciarse del escándalo a medida que los audios de las coimas y las menciones a la familia presidencial se hacían públicos. Inclusive se bajó de su candidatura en las últimas elecciones legislativas que lo ponía a Espert como primer diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Para los investigadores, entender el entramado de influencias es clave para determinar cómo se montó un sistema de retornos en una de las áreas más sensibles del Estado.

Finalmente, la salida de Spagnuolo de Tribunales, esquivando a la prensa y sin responder por los cargos de defraudación a la administración pública, marca la compleja situación del gobierno que prometió sanear las cuentas y terminó envuelto en una causa que roza el corazón de presidente. Mientras el juez Lijo evalúa los próximos pasos, la sombra del “3% de Karina” sigue golpeando la línea de flotación de una gestión que hoy se encuentra bajo estricta vigilancia judicial.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella registró una baja de 12,1% respecto de marzo, el descenso más abrupto de 2026 y muy por encima de las caídas previas de enero, febrero y marzo.

El retroceso no solo confirma el desgaste progresivo de la gestión nacional, sino que además marca un quiebre más pronunciado en la percepción social. En términos interanuales, el índice acumula una caída de 13,2% frente a abril de 2025, mientras que desde diciembre de ese año el desplome alcanza el 17,9%, llevando el promedio de la administración de Javier Milei a su nivel más bajo desde el inicio del mandato (2,42 puntos).

Aunque el nivel actual todavía se ubica por encima del registrado durante la gestión de Alberto Fernández en abril de 2022, la comparación histórica muestra señales de alerta: el índice quedó levemente por debajo del nivel observado en abril de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El deterioro es generalizado y abarca todos los componentes del ICG, que en abril tocaron sus valores más bajos del año. El aspecto más castigado fue la Eficiencia en la gestión, con una caída mensual de 21,4%, seguido por la Evaluación general del gobierno (-17,2%) y la Preocupación por el interés general (-13,9%). Incluso los atributos relativamente mejor valorados, como la Honestidad, también registraron retrocesos significativos.

La pérdida de confianza atraviesa a todos los segmentos de la sociedad. La brecha de género se redujo, pero en un contexto de caída en ambos grupos. A nivel etario, solo los jóvenes mostraron una leve mejora, mientras que los adultos registraron fuertes retrocesos. En el plano territorial, todas las regiones evidenciaron descensos, con el conurbano bonaerense nuevamente en el nivel más bajo.

El informe también confirma que las expectativas económicas siguen siendo el principal factor que explica las diferencias en la confianza: quienes anticipan una mejora mantienen niveles significativamente más altos, mientras que entre quienes prevén un deterioro la confianza se encuentra prácticamente en mínimos.

En conjunto, los datos reflejan un escenario de desgaste creciente para el Gobierno, con una caída sostenida en su imagen y una percepción social cada vez más crítica sobre su desempeño.

La central obrera denunció “parcialidad manifiesta”, pidió anular un fallo que favorece al Ejecutivo y acusó a los magistrados de actuar bajo consignas políticas para desarticular los derechos de los trabajadores.

La batalla legal por la reforma laboral de Javier Milei sumó un capítulo de alto voltaje con la decisión de la CGT de recusar a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La central obrera presentó una denuncia por parcialidad contra los magistrados que intervienen en las causas contra el DNU oficialista, argumentando que el tribunal ya tiene una postura tomada a favor del Ejecutivo. Para el gremialismo, no se trata de una discrepancia jurídica, sino de una operación política para convalidar el recorte de derechos mediante fallos redactados a la medida del poder de turno.

El eje del reclamo es un pedido de nulidad sobre un fallo clave que le quita fuerza a las medidas cautelares que mantenían frenada la reforma. La CGT sostiene que los jueces actuaron con una celeridad sospechosa y omitieron pruebas fundamentales presentadas por los sindicatos. Según la presentación judicial, la imparcialidad de la Cámara está herida de muerte, y acusan a los magistrados de seguir un libreto escrito en los despachos oficiales para desarticular la protección legal que rige en el ámbito laboral desde hace décadas.

Esta embestida judicial se da en un clima de absoluta desconfianza entre la justicia del trabajo y el Gobierno nacional. Desde la CGT advierten que, si no se anula el fallo y se aparta a los jueces cuestionados, se estará sentando un precedente peligroso donde las garantías constitucionales quedan supeditadas a las necesidades del mercado. “Están rifando la seguridad jurídica de millones de argentinos”, señalaron fuentes gremiales, remarcando que la recusación es el último recurso para evitar un avance irreversible sobre las indemnizaciones y los convenios colectivos.

Finalmente, la estrategia de la central obrera busca ganar tiempo y forzar la intervención de la Corte Suprema bajo un escenario de conflicto de intereses. Al denunciar la parcialidad de los jueces de alzada, la CGT intenta congelar la aplicación de la reforma hasta que se garantice un tribunal que no esté condicionado por el sesgo ideológico libertario. Mientras tanto, la tensión en los pasillos de Tribunales no para de crecer, dejando en claro que el futuro de la ley laboral se definirá en un clima de extrema hostilidad judicial.

La planta de Frimetal en Rosario, encargada del ensamblaje de heladeras para Electrolux, suspenderá desde mayo la fabricación de estos productos, en una decisión que expone el agravamiento de la crisis del sector.

En medio de un escenario cada vez más crítico para la industria argentina, la producción de electrodomésticos suma un nuevo retroceso. La planta de Frimetal en Rosario, encargada del ensamblaje de heladeras para Electrolux, suspenderá desde mayo la fabricación de estos productos, en una decisión que expone el agravamiento de la crisis del sector.

El impacto es contundente: la dotación laboral se reducirá de unos 750 trabajadores a apenas 150, lo que implica un recorte cercano al 80% del personal. La planta, que ya había discontinuado la línea de cocinas a comienzos de año, quedará limitada únicamente a la producción de freezers y lavarropas, evidenciando un fuerte achicamiento de su actividad.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de deterioro industrial, marcado por la caída del consumo interno y el avance de las importaciones. En marzo, la empresa había puesto en marcha un plan de retiros voluntarios dirigido a 100 empleados, aunque finalmente 130 trabajadores se adhirieron. El esquema incluyó indemnizaciones completas bajo el régimen previo a la reforma laboral y un bono adicional equivalente a tres salarios, según informó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Desde la compañía describen el contexto como una “tormenta perfecta”, donde la contracción del mercado interno y la creciente competencia de productos importados erosionan la competitividad de la producción local, afectando directamente los niveles de empleo y actividad.

El cuadro no es aislado. La crisis golpea a todo el sector de electrodomésticos. Empresas como Peabody también atraviesan severas dificultades financieras. Su titular, Dante Do Sun Choi, sintetizó el clima del sector al señalar que “es muy ingrato ser empresario en la Argentina”, en referencia a un mercado debilitado y con alta presión externa.

En este contexto, la situación de Peabody escaló a instancias judiciales. El Juzgado Comercial N°21 aprobó la apertura del concurso preventivo para Goldmund S.A., su controlante, reconociendo el estado de cesación de pagos y habilitando la renegociación con acreedores. Al momento de la presentación, la deuda bancaria rondaba los $19.600 millones, a lo que se suman compromisos comerciales, fiscales y financieros.

La empresa fijó el inicio de su crisis financiera el 27 de febrero de 2026, cuando no logró cubrir un vencimiento de $290 millones, lo que desencadenó la ruptura de la cadena de pagos. Desde entonces, el deterioro se profundizó: acumula 168 cheques rechazados por cerca de $553 millones, según datos del Banco Central.

El cierre de líneas de producción, la pérdida masiva de empleos y la creciente fragilidad financiera de las empresas reflejan un proceso de contracción industrial más amplio, que lejos de estabilizarse, muestra señales de agravamiento en distintos frentes del entramado productivo nacional.

El presidente Javier Milei cerró la cena anual de la Fundación Libertad con un mensaje en el que buscó transmitir optimismo sobre la marcha de la economía, al asegurar que “lo peor ya pasó a pesar del saboteo coordinado para destruir el programa económico”.

Durante su exposición, el mandatario reconoció que en los últimos meses la inflación “se recrudeció con el impacto de la guerra sobre los combustibles”, aunque sostuvo que la tendencia se revertirá: “Tarde o temprano la inflación va a ceder”.

Al referirse al 33% acumulado en los últimos doce meses, Milei evitó eludir el dato, pero responsabilizó a factores externos y políticos. “La inflación había empezado a caer de manera continua, pero luego del resultado de mayo la política decidió jugar, y vaya que jugó fuerte”, afirmó, en alusión a las elecciones legislativas porteñas.

En esa línea, profundizó sus críticas y sostuvo que tras esos comicios “hubo un saboteo enorme” en el que, según dijo, se coordinaron “empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores” con el objetivo de “destruir el programa económico”, incluso mediante la presentación de iniciativas legislativas para afectar el equilibrio fiscal.

Pese al diagnóstico negativo sobre la inflación, el Presidente ratificó el rumbo de su gestión: “Este número es horrible pero lo vamos a derrotar y no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”.

Además, se refirió a la deuda pública y destacó que “es intra sector público”, al tiempo que aseguró que la relación deuda-producto se redujo de cerca del 100% a menos del 40%. “Argentina claramente está en un sendero de solvencia intertemporal. Vamos a honrar las deudas”, concluyó, al pronosticar que el riesgo país caerá con el tiempo.