Un grupo de veintisiete arrepentidos relató ante la justicia las presiones y amenazas sufridas para declarar en contra de la expresidenta. Denuncian que sus testimonios fueron obtenidos bajo coacción y que el objetivo era el armado de una causa política.
Un total de veintisiete imputados-arrepentidos en la denominada “Causa Cuadernos” presentaron ante la justicia relatos coincidentes sobre las coacciones y presiones que sufrieron para involucrar a Cristina Kirchner en la supuesta red de retribuciones ilegales. Según los testimonios, las declaraciones originales no fueron voluntarias, sino que se obtuvieron bajo un esquema de amenazas directas coordinado por sectores judiciales.
Los denunciantes detallaron que la mecánica consistía en condicionar su libertad: se les advertía que, de no aportar información que validara la hipótesis de la fiscalía contra la expresidenta, se les dictaría la prisión preventiva de forma inmediata. Muchos de estos empresarios y exfuncionarios aseguraron que sus confesiones fueron, en la práctica, guionadas o dictadas por los investigadores para que encajaran con las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno.
Además de la amenaza de cárcel, los relatos exponen presiones sobre sus familias y la continuidad de sus empresas, lo que forzó a los imputados a aceptar el rol de “arrepentidos” para evitar el encierro. Esta situación pone bajo la lupa el accionar del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, señalados como los responsables de ejecutar este mecanismo de presión judicial.
La revelación de este grupo masivo de arrepentidos arriesga la validez de todo el expediente, ya que las defensas sostienen que se violaron garantías constitucionales básicas. El planteo central es que la causa se construyó sobre testimonios viciados, obtenidos mediante coacción, con el objetivo político de asegurar el procesamiento de la actual vicepresidenta sin contar con pruebas materiales que sustentaran los dichos forzados.