La crisis en el Gobierno suma un nuevo foco de conflicto judicial con una acusación que agrava la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: ahora enfrenta un pedido de detención tras una denuncia por presuntas presiones a un testigo clave en la causa por enriquecimiento ilícito.
La diputada Marcela Pagano solicitó ante el juez Ariel Lijo que el funcionario sea apresado, al sostener que intentó “apretar” y condicionar la declaración del arquitecto Matías Tabar, considerado un testigo central. Según la presentación, Adorni habría mantenido contactos previos con el contratista, ofreciéndole “ayuda” e incluso sugiriendo la eliminación de mensajes vinculados a la causa, lo que configura —según la legisladora— una maniobra directa de entorpecimiento de la investigación.
El pedido se apoya en la doctrina “Irurzun”, que permite dictar prisión preventiva cuando existen riesgos de interferencia en el proceso, especialmente en casos de funcionarios con poder. Pagano argumentó que, al estar en ejercicio de su cargo, Adorni cuenta con capacidad suficiente para influir sobre testigos y el desarrollo del expediente, lo que agrava el escenario judicial.
La denuncia tomó fuerza tras la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo con versiones recogidas por la diputada, el contratista habría sido contactado para borrar conversaciones a cambio de beneficios. Este punto es clave, ya que podría implicar manipulación de pruebas en una causa donde aún restan testigos por declarar.
En paralelo, el testimonio del arquitecto también complicó la situación patrimonial investigada. Tabar describió pagos en efectivo, sin facturación ni recibos, por una remodelación integral de una vivienda en el country Indio Cuá. Según indicó, el primer desembolso fue de 35.000 dólares y el total de la obra habría alcanzado unos 245.000 dólares, todos abonados en efectivo y sin respaldo documental.
Ante este escenario, Pagano advirtió que medidas alternativas serían insuficientes para evitar nuevas interferencias, aunque propuso como opción restricciones estrictas como la prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte y peritajes sobre los dispositivos involucrados.
Así, la causa suma un nuevo eje crítico: no solo las sospechas sobre el origen de los fondos, sino también una denuncia por presunta manipulación de testigos que podría agravar significativamente la situación judicial del jefe de Gabinete.