Según trascendió, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le pidió directamente a Karina Milei que eche a Manuel Adorni. El encuentro fue cara a cara y el ministro de Economía fue al grano: la permanencia del jefe de Gabinete está afectando la confianza en el programa económico. Caputo venía expresando su malestar en privado desde hacía semanas, pero la declaración judicial del contratista Matías Tabar —quien dijo haber cobrado u$s 245.000 en efectivo, sin factura, por remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá— fue la gota que colmó el vaso. Ese mismo día, Karina Milei se trasladó de urgencia a la Cámara de Diputados para reunirse con Martín Menem, quien ya suena como el principal candidato a reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete. ¿Fin de fiesta para Adorni y familia?

El caso ya logró lo que parecía imposible hasta hace poco: terminar con las internas internas del oficialismo, al menos en este punto. Fuentes libertarias admitieron que “hay acuerdo absoluto: todos quieren que se vaya”. La lista es extensa: Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Pilar Ramírez, los hermanos Menem y hasta la propia Karina Milei, quien hasta hace poco era el principal sostén político de Adorni.

El escándalo le costó al Gobierno más de 10 puntos de imagen desde que estalló en marzo, y el jefe de Gabinete acumula un 72% de imagen negativa. Un ministro del gabinete lo resumió con franqueza: “Después de la presentación de Adorni en Diputados hubiera sido el momento adecuado para que renunciara, pero no sucedió.”

El problema es que el único que sigue bancando a Adorni es Javier Milei. Y nadie se anima a decírselo. “Todos quieren entregarlo pero nadie se lo dice al Presidente”, reconoció un legislador libertario a La Política Online. ¿Cuál fue el sentido de que Milei vaya al Congreso a defender a Adorni, a los gritos? ¿Tendrá miedo de lo que pueda contar Adorni sobre el escándalo Libra, que envuelve a Milei y Karina?

Desde la institución advierten que la decisión oficial no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que tensiona al límite la relación con el Ejecutivo y pone en jaque la atención de más de 700 mil pacientes anuales.

El enfrentamiento entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno nacional alcanzó un nuevo punto crítico luego de que la casa de estudios denunciara el corte total en el envío de fondos operativos para su red de hospitales durante los primeros cuatro meses del año. Desde la institución advierten que la decisión oficial no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que tensiona al límite la relación con el Ejecutivo y pone en jaque la atención de más de 700 mil pacientes anuales.

En un contexto de creciente confrontación, las autoridades universitarias calificaron la situación como una “asfixia financiera” y alertaron sobre el impacto inmediato en el sistema de salud. Como señal de la gravedad del conflicto, los directores de los centros médicos convocaron a una conferencia de prensa de urgencia para este martes a las 8:30 en las escalinatas del Hospital de Clínicas.

Según detalló la UBA, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei no giró los fondos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, acumulando una deuda cercana a los 20.000 millones. Esta retención, denuncian, paraliza la compra de insumos, el mantenimiento de infraestructura y el funcionamiento básico de los servicios sanitarios.

El impacto golpea de lleno a toda la red hospitalaria universitaria —incluidos el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Roffo y el Lanari, entre otros— y suma un nuevo frente de conflicto en la disputa más amplia por el financiamiento del sistema público educativo. Sindicatos docentes y no docentes acusan al Ejecutivo de incumplir tanto la Ley de Financiamiento Universitario como el Presupuesto vigente, lo que profundiza la disputa en el plano legal e institucional.

La controversia se da en un escenario ya marcado por fallos judiciales adversos al Gobierno. Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025, la Justicia ratificó su validez y ordenó la ejecución de partidas clave, como salarios y becas. Pese a ello, el oficialismo apeló mediante un recurso extraordinario, lo que mantiene abierto un frente judicial que alimenta la tensión con las universidades.

Con el riesgo de paralización de los hospitales, la comunidad universitaria redobló la presión y se prepara para la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que prevé una convocatoria masiva en todo el país. La protesta se perfila como una nueva demostración de fuerza en un conflicto que ya desbordó lo presupuestario para convertirse en una pulseada política de alto voltaje.

En paralelo, el cruce también se trasladó al plano académico. El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes, exigiendo planes de contingencia para resguardar el derecho a la educación. La respuesta de la UBA fue inmediata y en tono confrontativo: el vicerrector Emiliano Yacobitti ironizó sobre el planteo oficial y sostuvo que el propio Gobierno reconoce, con esa intimación, que no está garantizando ese derecho.

Yacobitti fue más allá y responsabilizó directamente a la Casa Rosada por la profundización de la crisis, al señalar que existe una política deliberada de desfinanciamiento. Así, el conflicto entre la UBA y el Gobierno suma nuevos capítulos y se encamina hacia una escalada mayor, con consecuencias que ya impactan tanto en la educación superior como en el sistema de salud público.

Eduardo Feinmann, periodista del Grupo Clarín, La Nación, conductor de A24 y columnista de Infobae, publicó este martes una nota de opinión dirigida directamente a Manuel Adorni que, pese a las formas diplomáticas, tiene el peso de un ultimátum. “Manuel, te lo digo sin rodeos. Hoy dejaste de sumar y empezaste a restar. En política, ese punto es terminal”, arrancó el periodista, antes de rematar: “Cuando el vocero se vuelve noticia, algo se rompió. El impacto es directo al corazón del Gobierno.”

La columna cierra con una frase que Feinmann se encargó de matizar —”No es pedirte la renuncia. Es ayudarte a pensar”— aunque el sentido del texto difícilmente admite otra lectura.

El texto apareció un día después de una declaración judicial que profundizó el escándalo que rodea al jefe de Gabinete. El contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó us245.000 en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

El fuego amigo no viene solo de Feinmann. Nicolás Márquez, el escritor que biografió a Milei y es considerado uno de los intelectuales de cabecera del movimiento libertario, también exigió su renuncia en redes. El diputado Oscar Zago, exjefe del bloque oficialista en el Congreso, fue más lejos y deslizó que la continuidad de Adorni no responde a una decisión del propio Presidente: “Si lo dejan elegir al jefe de Estado, Adorni no estaría más”, afirmó, sugiriendo que es Karina Milei quien sostiene políticamente al funcionario. ¿Por qué lo sostiene, qué sabe Adorni?

Adorni sigue en su cargo y Milei, por ahora, lo respalda. Pero el cerco se achica. Lo que hasta hace unas semanas era una ofensiva opositora se convirtió en una interna que ya atraviesa a periodistas afines, legisladores propios e intelectuales del espacio. La pregunta en el oficialismo ya no es si el escándalo escala, sino hasta dónde.

En medio de cuestionamientos por su deteriorada imagen pública y un escenario económico adverso, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos, concretando así su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año.

Según informaron desde Casa Rosada, Milei disertará el miércoles 6 de mayo a las 18:00 (hora argentina) en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro que reúne a dirigentes políticos, empresarios y especialistas para debatir sobre los principales desafíos globales en materia económica, tecnológica y social. El encuentro, que este año lleva como lema “Liderando en una nueva era”, contará con la participación de referentes internacionales de distintos sectores.

La actividad marcará la segunda participación de Milei como expositor en este evento, que en ediciones anteriores tuvo entre sus figuras destacadas al ex presidente estadounidense Bill Clinton y a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Previo a su exposición, el Presidente mantendrá un encuentro con el fundador del Instituto Milken y un grupo reducido de empresarios. Finalizada su participación, la comitiva oficial emprenderá el regreso al país, con arribo previsto para la tarde del jueves.

El nuevo viaje internacional se produce en un contexto delicado a nivel local, con críticas crecientes por la situación económica y por la frecuencia de las giras presidenciales al exterior. A pesar de ello, desde el Gobierno sostienen que estas visitas forman parte de una estrategia para reforzar vínculos con el mundo financiero, tecnológico y empresarial, con especial énfasis en Estados Unidos.

La crisis en el Gobierno suma un nuevo foco de conflicto judicial con una acusación que agrava la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: ahora enfrenta un pedido de detención tras una denuncia por presuntas presiones a un testigo clave en la causa por enriquecimiento ilícito.

La diputada Marcela Pagano solicitó ante el juez Ariel Lijo que el funcionario sea apresado, al sostener que intentó “apretar” y condicionar la declaración del arquitecto Matías Tabar, considerado un testigo central. Según la presentación, Adorni habría mantenido contactos previos con el contratista, ofreciéndole “ayuda” e incluso sugiriendo la eliminación de mensajes vinculados a la causa, lo que configura —según la legisladora— una maniobra directa de entorpecimiento de la investigación.

El pedido se apoya en la doctrina “Irurzun”, que permite dictar prisión preventiva cuando existen riesgos de interferencia en el proceso, especialmente en casos de funcionarios con poder. Pagano argumentó que, al estar en ejercicio de su cargo, Adorni cuenta con capacidad suficiente para influir sobre testigos y el desarrollo del expediente, lo que agrava el escenario judicial.

La denuncia tomó fuerza tras la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo con versiones recogidas por la diputada, el contratista habría sido contactado para borrar conversaciones a cambio de beneficios. Este punto es clave, ya que podría implicar manipulación de pruebas en una causa donde aún restan testigos por declarar.

En paralelo, el testimonio del arquitecto también complicó la situación patrimonial investigada. Tabar describió pagos en efectivo, sin facturación ni recibos, por una remodelación integral de una vivienda en el country Indio Cuá. Según indicó, el primer desembolso fue de 35.000 dólares y el total de la obra habría alcanzado unos 245.000 dólares, todos abonados en efectivo y sin respaldo documental.

Ante este escenario, Pagano advirtió que medidas alternativas serían insuficientes para evitar nuevas interferencias, aunque propuso como opción restricciones estrictas como la prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte y peritajes sobre los dispositivos involucrados.

Así, la causa suma un nuevo eje crítico: no solo las sospechas sobre el origen de los fondos, sino también una denuncia por presunta manipulación de testigos que podría agravar significativamente la situación judicial del jefe de Gabinete.

Un contratista declaró que el jefe de Gabinete abonó refacciones en efectivo y sin facturas. La causa por enriquecimiento ilícito suma nuevas pruebas y complica su situación.

La situación judicial de Manuel Adorni sumó un capítulo explosivo en las últimas horas. Un contratista que realizó obras en su casa del country Indio Cuá declaró en Comodoro Py que el funcionario le pagó más de 245 mil dólares en efectivo y sin facturación por una serie de refacciones realizadas entre 2024 y 2025.

El testimonio fue aportado por el arquitecto Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según detalló, los pagos se realizaron en dos partes y sin respaldo documental, lo que podría configurar una irregularidad grave en términos fiscales y patrimoniales.

De acuerdo con su declaración, las obras incluyeron una extensa lista de mejoras en la propiedad: desde la instalación de una cascada en el jardín hasta la calefacción de la pileta, pasando por la remodelación de la parrilla, la construcción de un quincho, cambios de pisos, trabajos de cocina y mejoras estructurales en distintos sectores de la casa.

Entre los gastos detallados, se destacan US$3.500 por una cascada, US$13.810 para la parrilla y casi US$10.000 para climatizar la pileta. También se mencionan trabajos en la galería, pintura interior, revestimientos, iluminación y reformas generales que elevan el monto total a cifras millonarias en dólares.

Pero la declaración no se limitó a lo económico. Tabar también reveló que el propio Adorni intentó contactarlo antes de su presentación judicial, mediante mensajes temporales de WhatsApp, para ofrecerle “ayuda” o asesoramiento de cara a su declaración. El contratista aseguró que finalmente rechazó ese contacto tras recibir recomendaciones legales, para evitar cualquier sospecha de coordinación.

La causa, que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, ya había sumado otros elementos que ponen bajo la lupa el patrimonio del funcionario, incluyendo viajes, operaciones inmobiliarias y deudas con terceros.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni negó las acusaciones y sostuvo que puede justificar sus gastos. Sin embargo, el avance de las pruebas y los nuevos testimonios empiezan a dibujar un escenario cada vez más comprometido.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando y se esperan nuevas declaraciones en los próximos días, en una causa que ya impacta de lleno en la agenda política del gobierno de Javier Milei y suma tensión en el frente judicial.