Entre empresas “fantasma” que operan en lavaderos de autos y facturas infladas, la Justicia investiga a Diego Spagnuolo por el millonario desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables.
La Justicia Federal incorporó recientemente un informe crítico elaborado por el propio Ministerio de Salud que profundiza las acusaciones contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento revela una presunta estructura de corrupción montada para el desvío de fondos públicos mediante el direccionamiento de licitaciones y el cobro de retornos. Esta auditoría interna se suma a la causa penal que ya investiga el fiscal Franco Piccardi por presuntas coimas en la compra de insumos médicos.
El hallazgo más impactante del informe detalla la existencia de sobreprecios que, en algunos casos, superan el 4000%. Un ejemplo paradigmático citado por la auditoría es la adquisición de prótesis facturadas por 12,15 millones de pesos, cuando los valores de mercado de referencia se situaban en niveles ínfimos en comparación. Estas cifras exponen una maniobra de vaciamiento sistemático de los recursos destinados originalmente a la asistencia de personas con discapacidad.
La operatoria de defraudación no solo se basaba en el precio, sino también en el direccionamiento de las compras hacia un grupo cerrado de proveedores. El informe identifica a empresas como Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L. y Artrobone Ortopedia S.A., las cuales simulaban competir entre sí en las licitaciones. Sin embargo, los investigadores detectaron que estas firmas compartían los mismos domicilios fiscales, socios comerciales e incluso vínculos de parentesco entre sus directivos.
Un dato que añade una nota de insolvencia y sospecha a la red de proveedores es el domicilio declarado por varias de estas compañías. Al realizar las verificaciones correspondientes, se descubrió que en la dirección de Avenida Lacroze 2911, en la Ciudad de Buenos Aires, no funciona ninguna oficina administrativa ni depósito sanitario. En su lugar, el predio está ocupado actualmente por un lavadero de autos, lo que refuerza la tesis de que se trata de empresas “fantasma” o sellos de goma creados para la facturación.
El reporte también establece comparaciones con otros organismos estatales para dimensionar el fraude. En el caso de las válvulas cardíacas, la gestión de Spagnuolo convalidó pagos por 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había adquirido productos idénticos semanas antes por solo 124 millones. Esta disparidad en los precios de compra entre organismos del mismo Estado evidencia la ausencia total de controles y la voluntad deliberada de pagar excedentes injustificados.
La situación procesal de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal de Javier Milei, se vuelve cada vez más frágil ante estas nuevas pruebas. Además de las irregularidades en insumos ortopédicos, la justicia ya rastrea la ruta del “3 por ciento”, un porcentaje que supuestamente se exigía como retorno a los laboratorios para liberar los pagos de medicamentos de alto costo. La causa cuenta actualmente con 19 personas bajo la lupa judicial, incluyendo al exfuncionario Daniel Garbellini.
Este escándalo en la ANDIS representa un duro golpe institucional, dado que afecta de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El informe del Gobierno ahora actúa como una pieza clave para que el juez Sebastián Casanello avance en los procesamientos y posibles embargos. La investigación continúa abierta para determinar si la red de coimas se extendía a otros estamentos jerárquicos de la administración nacional.