Según cifras difundidas por la OCDE, el país recibió apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, muy por detrás de la mayoría de las economías de la región.
El contraste es contundente: el Brasil de Lula lideró el ranking con USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones. Argentina quedó relegada al último puesto pese a las promesas oficiales de que el ajuste, la desregulación y los beneficios al gran capital generarían una “lluvia de inversiones”.
La cifra expone una contradicción central del discurso de Javier Milei. Mientras el Gobierno insiste en que la apertura económica y el achicamiento del Estado mejorarían la confianza internacional, los capitales extranjeros siguen evitando apostar por el país.
“Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina”, advirtió el informe de Misión Productiva elaborado sobre estadísticas de la OCDE.
El reporte remarcó además que “el contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo”, incluso en áreas donde el país posee ventajas competitivas estratégicas.
Los números del Banco Central también muestran un panorama lejos del optimismo oficial. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa promedió apenas USD 189 millones mensuales. Aunque hubo una mejora respecto de la gestión anterior, los niveles siguen siendo bajos y no reflejan el supuesto boom inversor que el oficialismo prometía tras la aprobación de la Ley Bases y el RIGI.
Más aún: desde comienzos de año, la cuenta de inversión extranjera acumuló un déficit de USD 1.421 millones debido a la salida de empresas internacionales y a la transferencia de activos hacia compañías locales.
En ese contexto, el Gobierno busca redoblar la apuesta con el llamado “Súper RIGI”, un nuevo esquema enviado al Congreso que amplía los beneficios extraordinarios para grandes inversores. El proyecto apunta especialmente a sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, y ofrece estabilidad normativa por 30 años junto con fuertes ventajas fiscales.
Entre los beneficios previstos aparecen una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones impositivas, amortización acelerada de inversiones y libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y aseguró que busca impulsar “una mayor industrialización de los recursos” mediante actividades “que hoy no existen en Argentina”. Un discurso que se contradice con el fuerte ajuste en áreas clave para el desarrollo de dichas tecnologías como la ciencia y la educación formadoras de los necesarios recursos humanos que hoy optan por irse del país ante un clima adverso.
Sin embargo, los datos actuales muestran que ni el ajuste extremo, ni la flexibilización regulatoria, ni los incentivos extraordinarios lograron hasta ahora revertir la desconfianza de los inversores. La promesa libertaria de convertir a Argentina en un imán para el capital extranjero sigue chocando contra una realidad marcada por la recesión, la inestabilidad y la fuga de divisas.