El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, en medio del escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Javier Milei y que tiene bajo fuerte presión política al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Las observaciones forman parte del informe técnico presentado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, mediante la cual el organismo habilitó un desembolso de US$1.000 millones. Sin embargo, junto con el respaldo financiero, el staff técnico del Fondo incluyó severas advertencias sobre transparencia estatal, control patrimonial, conflictos de interés e independencia judicial.
El capítulo más sensible aparece en el apartado titulado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (Evaluación de los marcos de gobernanza económica y lucha contra la corrupción), donde el FMI señala que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”.
En particular, el organismo apuntó contra el sistema argentino de declaraciones juradas patrimoniales. Según el documento, “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
La referencia adquirió una inmediata dimensión política debido a la situación de Manuel Adorni, cuya declaración jurada patrimonial todavía no fue presentada formalmente ante la Oficina Anticorrupción. Aunque el vencimiento original estaba previsto para el 30 de mayo, el Gobierno decidió extender el plazo hasta el 31 de julio.
El FMI también cuestionó con dureza los mecanismos de prevención de incompatibilidades dentro del Estado. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, sostuvo el reporte técnico.
Para el organismo internacional, la combinación entre declaraciones patrimoniales con escasa transparencia y controles débiles sobre posibles incompatibilidades representa uno de los principales problemas institucionales de la Argentina actual.
Las críticas no se limitaron al Poder Ejecutivo. El informe también incluyó observaciones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. “La percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, advirtió el staff técnico.
Además, el Fondo remarcó que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”, una formulación inusualmente dura para el lenguaje diplomático habitual del organismo.
Según el FMI, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y mejorar los mecanismos de transparencia judicial para garantizar investigaciones sin interferencias políticas.
Las observaciones del organismo internacional llegan en un momento especialmente delicado para la Casa Rosada, atravesada por denuncias, cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y crecientes sospechas de conflictos de interés que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.