Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.
Una tercera investigación judicial avanza en los tribunales federales y suma presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la empresaria Bettina Angeletti. Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.
La investigación busca determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de interés o eventuales beneficios derivados de la posición política alcanzada por Adorni. Según documentación incorporada al expediente, tres compañías proveedoras o contratistas de organismos públicos realizaron pagos a +Be, la firma de coaching ontológico impulsada por Angeletti, durante el período de crecimiento político del actual jefe de Gabinete.
Fuentes vinculadas a la causa sostienen que los investigadores ya reunieron documentación sobre contrataciones y desembolsos efectuados por empresas que operan con distintas dependencias estatales. En ese marco, la Justicia analiza si los vínculos comerciales registrados responden a prestaciones efectivamente realizadas o si podrían encuadrarse en figuras penales como negociaciones incompatibles con la función pública o cohecho.
Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, proveedor tecnológico con actividad en organismos estatales como el Banco Central, AYSA y SOFSE. También figura National Shipping, empresa vinculada históricamente a contrataciones de YPF. A ellas se suma Grupo Foggia, productora relacionada con procesos de licitación y explotación de espacios públicos que actualmente son objeto de atención judicial.
Los investigadores consideran que esta línea de investigación podría resultar clave para reconstruir el flujo de ingresos de la empresa vinculada a Angeletti y determinar si existió algún tipo de relación entre esos contratos privados y la creciente influencia política de Adorni dentro del Gobierno nacional.
La causa no se limita a las contrataciones comerciales. Los movimientos patrimoniales de la familia también quedaron bajo observación judicial. Entre los puntos analizados aparecen la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, registrada a nombre de Angeletti, y distintos gastos cuya financiación busca ser reconstruida por los investigadores para establecer si guardan relación con los ingresos declarados por el matrimonio.
De esta manera, la Justicia amplía el foco más allá de la situación personal del jefe de Gabinete y comienza a examinar un entramado más amplio de relaciones empresariales, contratos y movimientos patrimoniales que involucran a su entorno familiar. El resultado de estas pesquisas podría convertirse en un elemento central para definir la evolución de las distintas causas que hoy rodean a uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.