Bajo la consigna “Ayunar para despertar las conciencias”, el Premio Nobel de la Paz y las centrales obreras montarán una protesta ecuménica contra el ajuste de Milei que se replicará en las plazas de todo el país.

En una medida de protesta inédita de fuerte contenido místico y político, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, convocaron a un ayuno nacional de ocho días en la Plaza de Mayo. La drástica iniciativa comenzará este martes 2 de junio y se extenderá hasta el 9 de junio, contando con el respaldo orgánico de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, lideradas por Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Los organizadores detallaron que la campaña, bautizada como “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, tiene como objetivo central visibilizar el brutal crecimiento del hambre, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida bajo el modelo económico de la administración libertaria. El método de protesta pacífica no se limitará a la Capital Federal, sino que tendrá réplicas con espacios de oración en las plazas principales del interior del país.

La fisonomía de la Plaza de Mayo cambiará durante la semana, ya que las ocho jornadas de ayuno estarán acompañadas por encuentros con distintos sectores sociales, debates abiertos sobre justicia social y ambiental, actividades culturales y el cierre diario con cantos y reflexiones a cargo de diversos artistas populares. Desde la organización sintetizaron el reclamo con un duro documento fundacional: “Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”.

La convocatoria profundiza la durísima postura que Pérez Esquivel mantiene contra la gestión de la Casa Rosada. En las vísperas del lanzamiento, el referente de los derechos humanos cargó fuertemente contra el alineamiento internacional del oficialismo, acusando al presidente Javier Milei de ser “un sirviente del imperio norteamericano” y afirmando taxativamente que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.

La tregua inflacionaria del Gobierno se desvanece con la llegada del nuevo mes: prepagas, alquileres, colegios privados y tarifas de servicios públicos encabezan una ola de subas que asfixia a la clase media y trabajadora.

El mes de junio arranca con una fuerte presión sobre la economía familiar. A pesar del discurso oficial sobre la desaceleración de los precios, una densa batería de incrementos regulados y contratos indexados entra en vigencia de forma simultánea, configurando un escenario de asfixia económica que golpeará de lleno el consumo de los hogares.

La guía de los aumentos confirmados para este mes:

• Alquileres por las nubes: Los inquilinos que aún se rigen por la antigua Ley de Alquileres (con contratos anuales) y deban afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL) sufrirán un aumento que rondará el 230%. En paralelo, los nuevos contratos desregulados bajo el DNU registran subas trimestrales o cuatrimestrales atadas a la inflación acumulada.
• Prepagas sin freno: Tras el vencimiento de la medida cautelar que las obligaba a devolver saldos y congelar cuotas, las empresas de medicina privada vuelven a aplicar aumentos libres de entre el 11% y el 18%, sumando un nuevo piso de gastos fijos inalcanzables para los sectores de ingresos medios.
• Colegios privados con suba autorizada: Las instituciones educativas de gestión privada con subsidio estatal (tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires) implementarán un incremento promedio del 9% en sus aranceles, autorizado por los ministerios de educación locales para absorber los costos de las últimas paritarias docentes.
• Tarifas de luz y gas: El Ministerio de Economía avanza con la quita de subsidios para los sectores de ingresos medios y bajos, a lo que se suma la actualización de los componentes de transporte y distribución. El impacto en las facturas hogareñas promedia el 20% de aumento, con picos superiores según la categoría de consumo.
• Combustibles más caros: El Gobierno postergó parcialmente el impuesto a los combustibles líquidos para evitar un fogonazo inflacionario mayor, pero las petroleras aplicarán de todos modos un ajuste de entre el 2% y el 4% en los surtidores de nafta y gasoil para compensar la devaluación mensual del peso.

La acumulación de estas subas en la primera mitad del año consolida una pérdida histórica del poder adquisitivo, obligando a miles de familias a recortar consumos básicos o endeudarse para cubrir el costo de vida elemental en un invierno que arranca con las cuentas en rojo.

En un acto de crueldad sin precedentes, el Gobierno reglamentó el Fondo de Cese Laboral autorizando el uso de las cajas de la seguridad social para financiar despidos masivos, beneficiando a las corporaciones con el dinero de nuestros abuelos.

En un fuerte giro que desató alarmas en los sectores previsionales y sindicales, el presidente Javier Milei reglamentó el funcionamiento del Fondo de Cese Laboral (FAL), el nuevo mecanismo introducido por la reforma laboral para sustituir el sistema tradicional de indemnizaciones. La mayor polémica del decreto radica en que el Estado autorizó la utilización de los fondos de la seguridad social y del sistema de jubilaciones para financiar la reestructuración de personal y los despidos en el sector privado.

La normativa establece que los aportes acumulados en estas cuentas —que originalmente debían resguardar el futuro de los trabajadores y sostener las cajas jubilatorias— podrán ser colocados en instrumentos financieros destinados a costear las desvinculaciones laborales. Desde la oposición y los equipos técnicos de los gremios denunciaron que esta medida representa un “vaciamiento encubierto” del sistema previsional, utilizando el dinero de los pasivos y activos para aliviar la carga económica de las corporaciones a la hora de recortar sus planteles.

El mecanismo del FAL busca generalizar el modelo que históricamente utilizó la UOCRA, pero con una vuelta de tuerca financiera que expone los recursos públicos a los vaivenes del mercado. Mientras el poder adquisitivo de los jubilados sigue perdiendo terreno frente a la inflación, la firma de este decreto desvía recursos estratégicos hacia el financiamiento del desempleo, consolidando un esquema donde el costo de la flexibilidad laboral termina siendo subsidiado, indirectamente, por las cajas del propio Estado.

Según el Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el país ingresó por primera vez al grupo de las diez naciones con peores condiciones para los trabajadores, tras registrar un deterioro sin precedentes en materia de derechos laborales durante los últimos dos años.

El informe ubica a la Argentina en la categoría 5, la más baja de la clasificación internacional, reservada para aquellos países donde los derechos de los trabajadores no están garantizados. Comparte ese lugar con Panamá, Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía.

La CSI atribuye este fuerte retroceso al contexto político y laboral generado bajo el gobierno de Javier Milei. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei“, sostiene el documento.

La organización internacional remarcó que Argentina descendió de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años, una caída que calificó como “brusca y sin precedentes” desde la creación del índice en 2014. Se trata además del segundo año consecutivo de empeoramiento de la calificación del país.

Entre los factores señalados figura la implementación del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad, que según la CSI habilita un uso desproporcionado de la fuerza para disolver manifestaciones y restringe el ejercicio de derechos vinculados a la protesta social y sindical.

Para el organismo, la situación argentina dejó de caracterizarse por violaciones regulares de derechos laborales para pasar a un escenario en el que los trabajadores ya no cuentan con garantías efectivas para ejercer derechos fundamentales como la organización sindical, la negociación colectiva o la protesta.

El contraste con otros países de la región resulta contundente. Mientras Argentina cayó al último escalón de la clasificación, Uruguay se mantiene como el único país latinoamericano ubicado en la categoría 1, junto a naciones como Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia. La CSI destacó al país vecino como una excepción en una región marcada por la represión sindical y la explotación laboral.

El informe también advierte sobre un deterioro generalizado de los derechos de los trabajadores en América Latina. En casi nueve de cada diez países de la región se registraron restricciones al derecho de huelga o trabas para la inscripción de sindicatos, mientras que en aproximadamente la mitad de los países relevados hubo detenciones o encarcelamientos de trabajadores.

El Índice Global de los Derechos analiza 151 países a partir de 97 indicadores basados en los convenios y la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para la CSI, los resultados de 2026 muestran una tendencia preocupante: la erosión de los derechos laborales ya no afecta únicamente a regímenes autoritarios, sino también a democracias donde los gobiernos avanzan sobre las garantías de los trabajadores.

“Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen activamente a debilitar sus derechos”, afirmó el secretario general de la CSI, Luc Triangle. En el caso argentino, los datos reflejan una caída histórica que coloca al país entre los peores del mundo en materia de protección laboral.

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva ofensiva legislativa para profundizar su esquema de incentivos a las grandes empresas. Bajo el nombre de “Súper RIGI”, la administración de Javier Milei busca ampliar los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado el año pasado junto con la Ley Bases. El RIGI no generó un salto en el empleo ni inversiones extranjeras directa, de hecho, Argentina es el país de peor rendimiento en ese aspecto de toda Sudamérica.

La propuesta oficial apunta a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, los centros de datos y otras actividades de alta tecnología. A cambio de inversiones multimillonarias, las empresas recibirían estabilidad regulatoria por 30 años, ventajas impositivas, beneficios aduaneros y facilidades para operar con divisas.

El inicio del debate parlamentario coincide con una creciente discusión sobre los resultados concretos del RIGI actualmente vigente. Cuando el régimen fue aprobado, el oficialismo aseguró que se transformaría en un motor de inversiones extranjeras y generación de empleo. A casi un año de su puesta en marcha, los números todavía están lejos de mostrar un impacto significativo sobre la economía real.

Si bien se anunciaron proyectos por miles de millones de dólares en sectores como energía, minería e hidrocarburos, buena parte de esas inversiones continúan en etapas preliminares o con cronogramas de ejecución de largo plazo. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa no registró hasta ahora un salto que permita atribuirle un cambio estructural a la economía argentina.

Las dudas también aparecen en materia laboral. De acuerdo con los datos informados por el propio Gobierno, los proyectos aprobados bajo el régimen generarían decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Aunque se trata de una cifra relevante, resulta modesta frente al deterioro del empleo registrado producido durante el último año y frente a las expectativas que acompañaron la sanción de la Ley Bases.

Los sectores críticos del proyecto sostienen que el RIGI terminó convirtiéndose en un esquema de beneficios extraordinarios para grandes corporaciones sin garantías suficientes de desarrollo local. Entre los cuestionamientos más frecuentes aparecen la ausencia de exigencias de integración con proveedores nacionales, la falta de compromisos concretos de generación de empleo y las amplias garantías otorgadas a los inversores durante tres décadas.

En ese marco, el “Súper RIGI” promete reabrir una discusión que atravesó buena parte del debate económico de los últimos meses: hasta qué punto la reducción de impuestos y regulaciones es suficiente para atraer inversiones productivas en un país que continúa enfrentando problemas estructurales vinculados al mercado interno, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad macroeconómica.

Mientras el oficialismo busca acelerar el tratamiento parlamentario de la iniciativa, la oposición prepara una batería de cuestionamientos sobre la eficacia del régimen vigente. La discusión comenzará así con una pregunta de fondo que atraviesa todo el debate: si el RIGI todavía no logró demostrar resultados contundentes en materia de inversiones y empleo, ¿qué justifica avanzar hacia una versión aún más amplia y beneficiosa para las grandes empresas?

La recuperación del consumo no se ve ni en Córdoba la provincia más libertaria del país. El modelo de Javier Milei no arranca. Por el contrario, los números del comercio muestran que la retracción de las compras continúa profundizándose incluso después de la fuerte desaceleración de la inflación.

Según el último informe del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), las ventas minoristas registraron en mayo una caída del 21% en unidades respecto del mismo mes de 2025. La rentabilidad de los comercios, en tanto, cayó un 22% en la misma comparación.

Se trata de una de las bajas más pronunciadas de los últimos meses y refleja las dificultades que atraviesa el mercado interno para recuperarse, aun cuando algunos indicadores macroeconómicos muestran signos de estabilización. 

El relevamiento, realizado en corredores comerciales y centros comerciales de la capital cordobesa, también detectó un deterioro en la comparación mensual. Respecto a abril, las ventas retrocedieron 5% y la rentabilidad cayó 10%. Esto se da en medio de un fuerte aumento del endeudamiento familiar y la suba de los servicios, una doble pinza sobre las cajas de los comercios. Así no se puede.

Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.

Una tercera investigación judicial avanza en los tribunales federales y suma presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la empresaria Bettina Angeletti. Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.

La investigación busca determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de interés o eventuales beneficios derivados de la posición política alcanzada por Adorni. Según documentación incorporada al expediente, tres compañías proveedoras o contratistas de organismos públicos realizaron pagos a +Be, la firma de coaching ontológico impulsada por Angeletti, durante el período de crecimiento político del actual jefe de Gabinete.

Fuentes vinculadas a la causa sostienen que los investigadores ya reunieron documentación sobre contrataciones y desembolsos efectuados por empresas que operan con distintas dependencias estatales. En ese marco, la Justicia analiza si los vínculos comerciales registrados responden a prestaciones efectivamente realizadas o si podrían encuadrarse en figuras penales como negociaciones incompatibles con la función pública o cohecho.

Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, proveedor tecnológico con actividad en organismos estatales como el Banco Central, AYSA y SOFSE. También figura National Shipping, empresa vinculada históricamente a contrataciones de YPF. A ellas se suma Grupo Foggia, productora relacionada con procesos de licitación y explotación de espacios públicos que actualmente son objeto de atención judicial.

Los investigadores consideran que esta línea de investigación podría resultar clave para reconstruir el flujo de ingresos de la empresa vinculada a Angeletti y determinar si existió algún tipo de relación entre esos contratos privados y la creciente influencia política de Adorni dentro del Gobierno nacional.

La causa no se limita a las contrataciones comerciales. Los movimientos patrimoniales de la familia también quedaron bajo observación judicial. Entre los puntos analizados aparecen la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, registrada a nombre de Angeletti, y distintos gastos cuya financiación busca ser reconstruida por los investigadores para establecer si guardan relación con los ingresos declarados por el matrimonio.

De esta manera, la Justicia amplía el foco más allá de la situación personal del jefe de Gabinete y comienza a examinar un entramado más amplio de relaciones empresariales, contratos y movimientos patrimoniales que involucran a su entorno familiar. El resultado de estas pesquisas podría convertirse en un elemento central para definir la evolución de las distintas causas que hoy rodean a uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.

El exfuncionario Facundo Leal fue detenido en una causa por presunta corrupción vinculada a contratos de ARSAT. Durante los allanamientos encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína y documentación de interés para la investigación. Además, su patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve en apenas cuatro años.

Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica terminó destapando una trama mucho más compleja. En un departamento del barrio porteño de Palermo, agentes federales encontraron más de 800 mil dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína, un vapeador con cannabis y elementos vinculados al consumo de estupefacientes.

Horas más tarde, un segundo allanamiento en Mendoza reveló otros 1,7 millones de dólares guardados en efectivo. Entre ambos procedimientos, la Justicia secuestró 2.591.354 dólares cuya procedencia permanece bajo investigación.

Leal, de 51 años, intentó presentarse ante los investigadores como empresario agropecuario. Sin embargo, la causa judicial lo ubica en el centro de una investigación por presuntas maniobras de corrupción relacionadas con contrataciones realizadas en ARSAT, la empresa estatal que administra una parte estratégica de la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Según la pesquisa, el expediente se originó tras detectarse irregularidades en un depósito de San Fernando donde se almacenaban insumos para la Red Federal de Fibra Óptica. A medida que avanzó la investigación, el foco dejó de estar puesto únicamente en el robo y pasó a concentrarse en los contratos adjudicados para operar ese predio y en los vínculos entre empresarios y funcionarios.

La Justicia investiga si existió un esquema de contrataciones direccionadas, prórrogas irregulares y posibles pagos indebidos. Los contratos bajo análisis acumularon montos superiores al millón novecientos mil dólares y, según la causa, varias extensiones fueron autorizadas sin la intervención del directorio exigida por los reglamentos internos.

El caso también abrió interrogantes sobre el crecimiento patrimonial del exfuncionario. De acuerdo con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Leal pasó de declarar un patrimonio de 58 millones de pesos a comienzos de 2021 a más de 528 millones en 2025. El incremento quedó registrado durante su paso por distintos cargos estatales y deberá ser explicado ante la Justicia.

La situación genera además incomodidad política porque Leal logró mantenerse en funciones durante distintas administraciones nacionales y continuó ocupando posiciones relevantes incluso tras el cambio de gobierno. Mientras la investigación avanza, la causa promete convertirse en uno de los expedientes por corrupción más resonantes de los últimos tiempos por la magnitud del dinero secuestrado, los delitos investigados y las conexiones entre funcionarios y contratistas del Estado.