Tras la difusión de una declaración jurada que despertó fuertes sospechas por el crecimiento de su patrimonio y por la admisión de haber mantenido durante años ahorros no declarados, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue al funcionario por un posible caso de lavado de activos.
La presentación, que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, coloca al jefe de Gabinete y principal vocero político del oficialismo en el centro de un escándalo que amenaza con impactar sobre la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y determinar la trazabilidad de los fondos utilizados en distintas operaciones económicas e inmobiliarias. En caso de detectarse irregularidades, el organismo podría impulsar una denuncia penal.
El CIPCE sostiene que existen elementos suficientes para justificar una investigación profunda. Entre ellos menciona la adquisición de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después, cuando Adorni ya ejercía funciones públicas. También señala la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario con personas cuya capacidad económica genera interrogantes.
Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión provocó fue la propia explicación brindada por Adorni sobre sus finanzas personales. En una entrevista televisiva reconoció que había omitido consignar en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares se encontraban fuera del circuito formal. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó para justificar la existencia de unos 500.000 dólares, una declaración que multiplicó las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos.
Para el CIPCE, esa admisión no sólo abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que pesan sobre cualquier funcionario público, sino que también obliga a verificar el origen de los recursos involucrados y su compatibilidad con los ingresos declarados.
La organización agregó además testimonios incorporados a expedientes judiciales que sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haber sido escriturada por su valor real. De confirmarse, advierte, podría configurarse una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la figura de lavado de activos.
El planteo también recuerda que la reciente adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las facultades de la UIF para investigar inconsistencias patrimoniales ni exime a los funcionarios de los controles reforzados que corresponden a las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE contextualizó el caso en el marco de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene al país bajo seguimiento reforzado y exige resultados concretos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero asociado a hechos de corrupción.
Por ello, reclamó una actuación inmediata de la UIF, el cruce de información con organismos como ARCA y el sistema financiero, y una auditoría integral sobre la consistencia patrimonial de Adorni y su entorno familiar. Mientras tanto, el funcionario libertario enfrenta una creciente presión política por un caso que ya dejó de ser un problema individual para convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno nacional.