Bloques de la oposición presentaron una denuncia formal ante la Justicia contra el vocero presidencial. Lo acusan de ocultar bienes, cuentas en el exterior y sociedades activas en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

La oposición unificada presentó una denuncia penal formal contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, bajo la carátula de “omisión maliciosa”. La presentación judicial acusa al funcionario de haber ocultado de manera deliberada un porcentaje significativo de su patrimonio, bienes inmuebles y participaciones societarias en las declaraciones juradas de bienes que presentó de manera obligatoria ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según consta en el escrito presentado ante los tribunales federales, las inconsistencias en el patrimonio del portavoz de la Casa Rosada saltaron a la luz tras un cruce de datos registrales públicos y comerciales. La denuncia apunta a que Adorni omitió declarar cuentas bancarias, ingresos derivados de actividades privadas recientes y la existencia de sociedades comerciales activas que colisionan directamente con su rol en la función pública, configurando no solo una falta administrativa sino un presunto delito federal.

Los puntos centrales de la denuncia contra el vocero:

• Ocultamiento de bienes y sociedades: La presentación judicial detalla que el funcionario no informó participaciones vigentes en firmas comerciales y omitió asentar de manera clara la titularidad de activos financieros, una obligación estricta para todos los miembros del Gabinete según la Ley de Ética Pública.
• Inconsistencias patrimoniales: Los legisladores denunciantes señalan que existe una “asimetría injustificable” entre el nivel de vida, los consumos declarados y los ingresos formales presentados por el vocero antes y después de su desembarco en Balcarce 50.
• El pedido a la Justicia: La oposición solicitó que se ordene un peritaje contable urgente sobre todas las cuentas del vocero, que se levante el secreto bancario y fiscal, y que la Oficina Anticorrupción remita de inmediato la totalidad de los legajos y anexos reservados de sus presentaciones anuales.

El trasfondo político y los cañones contra la “casta”

La denuncia penal contra una de las espadas comunicacionales más importantes del esquema de Javier Milei impacta de lleno en la línea de flotación del discurso oficialista. El vocero, que diariamente utiliza las conferencias de prensa para cuestionar el gasto público y auditar presuntos hechos de corrupción de gestiones anteriores, queda ahora en el centro de un expediente por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Desde los bloques opositores señalaron que la medida busca terminar con la “doble vara moral” del Gobierno, exigiendo que los mismos estándares de transparencia y austeridad que el oficialismo predica en las redes sociales sean aplicados de manera efectiva y penal sobre sus propios funcionarios jerárquicos.

La vicepresidenta lanzó un duro descargo luego del anuncio del jefe de Gabinete, y volvió a encender la interna oficialista.

La tregua interna en el oficialismo quedó definitivamente pulverizada. Horas después de que Manuel Adorni intentara calmar las aguas al anunciar que se presentaría ante el Congreso recién en el mes de julio, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, pateó el tablero político.

En medio del escándalo por las polémicas declaraciones juradas patrimoniales del Jefe de Gabinete, la titular del Senado encendió la interna al exigirle de forma legal que comparezca ante la Cámara Alta de manera inmediata durante este mes de junio.

A través de sus redes sociales oficiales, Villarruel expuso con llamativa dureza la irregularidad en la que se encuentra el funcionario, quien no rinde cuentas ante el Poder Legislativo desde que asumió su cargo ministerial a fines del año pasado.

El duro descargo de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni

Lejos de resguardar las formas partidarias, la vicepresidenta emitió un comunicado tajante en sus perfiles digitales donde recordó las obligaciones constitucionales que el ministro coordinador viene esquivando de forma sistemática.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25“, apuntó con precisión quirúrgica.

Acto seguido, la titular del Senado confirmó que ya inició los trámites institucionales para forzar la presencia del vocero-ministro en el recinto en el corto plazo. “Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, sentenció de forma categórica.

Para blindar su avanzada contra la mesa chica de la Casa Rosada —con quien mantiene una relación rota y un aislamiento político total—, Villarruel citó textualmente el texto de la Carta Magna que rige la actividad de los ministros: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”.

Para demostrar que la presión va en serio, la vicepresidenta concluyó su mensaje con una convocatoria que promete reactivar la parálisis de la Cámara Alta en una jornada de alta tensión: “Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”.

Con esta jugada, Villarruel capitaliza el desgaste público que sufre Adorni por sus explicaciones sobre su patrimonio en Bitcoin y sus ahorros en la informalidad fiscal. Al obligarlo a desfilar por el Senado en junio, la vicepresidenta no solo desafía la agenda que pretendía imponer el Poder Ejecutivo, sino que expone la fractura expuesta dentro de La Libertad Avanza ante toda la oposición.

En una entrevista de octubre de 2022, el actual Jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza de Javier y Karina Milei, admitía que no le interesaba realizar inversiones en bitcoin. Se cae la mentira de Manuel Adorni, quien corrigió su declaración jurada y explicó que se había olvidado de que había ganado 500 mil dólares gracias a las criptomonedas.

“No sé si tomarlo como una inversión, el bitcoin es una cripto volátil. Quien quiera verlo como una inversión, está bien. Me gustaría probarlo cuando no hay demanda del otro lado”, aseguraba.

La explicación de Adorni sobre cómo incrementó notablemente su patrimonio es ridícula: ¿Quien puede creer que descubrió un pendrive que tenía inversiones multimillonarias? Pero además, ese relato contradice con lo que dijo durante muchos años, cuando reconoció que ni sabía bien cómo funcionaban las criptomonedas. ¿Invirtió todos sus ahorros en esquemas financieros que desconocía? ¿Por qué vivía de forma tan austera con ahorros tan importantes? ¿Por qué su estilo de vida solo cambió cuando empezó a ser funcionario de Javier Milei?

La abogada y exdirectora de Tierras Rurales durante el último gobierno de Cristina Kirchner Florencia Gómez habló sobre el intento libertario de sacar una nueva ley de Tierras que habilite masivas adquisiciones de tierras por parte de extranjeros. “Quieren permitir enclaves extranjeros por nuestros recursos naturales”, advirtió.

“Hoy la ley permite que el 15% del territorio esté en manos extranjeras. Hoy lo está en un 5%. Es decir, falta un 10% todavía. Por qué quieren derogar la ley. ¿Qué están pensando hacer si necesitan habilitación total para venta de tierras?”, advirtió. “Hay muchos sectores preocupados por lo que está pasando”. Muchos productores agropecuarios de la zona núcleo”, siguió.

“Ellos quisieron derogar la ley de Tierras pero está judicializado, lo tiene que resolver la Corte Suprema. La ley de Tierras que se aprobó durante el gobierno de Cristina Kirchner solo ponía limitaciones muy razonables, no es extremista ni nada. No miraba para atrás ni revisaba la propiedad ya constituida, aunque puedan existir situaciones discutibles como las de Joe Lewis o Benetton. Es una ley muy razonable que permite la venta de tierras a extranjeros pero estableciendo criterios”, describió en diálogo con AM 530.

La escribana Adriana Nechevenko, quien quedó en el centro de la polémica por su intervención en operaciones inmobiliarias vinculadas a Manuel Adorni, también se incorporó al Régimen de Inocencia Fiscal.

La profesional inició el trámite en mayo y figura entre las personas alcanzadas por el esquema de regularización impulsado por el Gobierno.

Nechevenko es la misma escribana que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Su testimonio fue considerado relevante debido a su participación en distintas compraventas inmobiliarias relacionadas con el funcionario.

La adhesión fue presentada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de esta decisión, la escribana queda comprendida dentro del sistema de declaración jurada simplificada, que reduce los requerimientos de justificación patrimonial y limita la información a ingresos, gastos y deducciones. La incorporación de Nechevenko se produjo apenas un día después de que el propio Adorni se sumara al régimen, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, había realizado el trámite el 31 de mayo.

La normativa, aprobada por el Senado el 26 de diciembre, establece que los contribuyentes que regularicen su situación fiscal y cancelen las deudas correspondientes dejan de estar alcanzados por sanciones penales tributarias vinculadas a la evasión. Sin embargo, la adhesión no afecta el avance de investigaciones judiciales por otros posibles delitos.

Además, la ley elevó los montos mínimos para configurar evasión tributaria: la evasión simple pasó a $100 millones y la agravada a $1.000 millones, mientras que el plazo de prescripción de los delitos fiscales se redujo de cinco a tres años.

La declaración que la puso bajo la lupa

El nombre de Nechevenko cobró especial relevancia el pasado 8 de abril, cuando prestó declaración durante casi tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py. La escribana ingresó al despacho del fiscal Pollicita a las 10 de la mañana y se retiró cerca de las 13, luego de aportar documentación sobre las operaciones inmobiliarias investigadas.

Tras su comparecencia, sostuvo que la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito fue una operación “normal” y negó la existencia de préstamos personales a favor de Adorni. Según explicó, se trató de una compraventa instrumentada mediante una hipoteca por saldo de precio.

La investigación judicial se concentra en la adquisición de un departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en Caballito, y de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con el expediente, el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires fue comprado en noviembre de 2025 por 230.000 dólares mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras.

Tras la difusión de una declaración jurada que despertó fuertes sospechas por el crecimiento de su patrimonio y por la admisión de haber mantenido durante años ahorros no declarados, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue al funcionario por un posible caso de lavado de activos.

La presentación, que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, coloca al jefe de Gabinete y principal vocero político del oficialismo en el centro de un escándalo que amenaza con impactar sobre la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y determinar la trazabilidad de los fondos utilizados en distintas operaciones económicas e inmobiliarias. En caso de detectarse irregularidades, el organismo podría impulsar una denuncia penal.

El CIPCE sostiene que existen elementos suficientes para justificar una investigación profunda. Entre ellos menciona la adquisición de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después, cuando Adorni ya ejercía funciones públicas. También señala la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario con personas cuya capacidad económica genera interrogantes.

Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión provocó fue la propia explicación brindada por Adorni sobre sus finanzas personales. En una entrevista televisiva reconoció que había omitido consignar en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares se encontraban fuera del circuito formal. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó para justificar la existencia de unos 500.000 dólares, una declaración que multiplicó las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos.

Para el CIPCE, esa admisión no sólo abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que pesan sobre cualquier funcionario público, sino que también obliga a verificar el origen de los recursos involucrados y su compatibilidad con los ingresos declarados.

La organización agregó además testimonios incorporados a expedientes judiciales que sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haber sido escriturada por su valor real. De confirmarse, advierte, podría configurarse una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la figura de lavado de activos.

El planteo también recuerda que la reciente adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las facultades de la UIF para investigar inconsistencias patrimoniales ni exime a los funcionarios de los controles reforzados que corresponden a las Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE contextualizó el caso en el marco de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene al país bajo seguimiento reforzado y exige resultados concretos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero asociado a hechos de corrupción.

Por ello, reclamó una actuación inmediata de la UIF, el cruce de información con organismos como ARCA y el sistema financiero, y una auditoría integral sobre la consistencia patrimonial de Adorni y su entorno familiar. Mientras tanto, el funcionario libertario enfrenta una creciente presión política por un caso que ya dejó de ser un problema individual para convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno nacional.