El desembarco del magnate Peter Thiel en Buenos Aires reavivó las alarmas sobre el rumbo institucional del gobierno libertario. Mientras Honduras todavía enfrenta las consecuencias del fallido proyecto Próspera, el paquete legislativo impulsado por Javier Milei reproduce varios de sus mecanismos centrales: justicia privada, privilegios extraordinarios para grandes corporaciones y una inédita cesión de soberanía económica.
La reciente llegada a la Argentina del multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal y propietario de la empresa de análisis de datos Palantir Technologies, encendió nuevas alertas en sectores políticos y académicos. La adquisición de una propiedad en Barrio Parque fue interpretada por algunos analistas como mucho más que una inversión inmobiliaria: el posible punto de partida para profundizar un modelo de desregulación extrema que ya tuvo una experiencia traumática en Centroamérica.
La referencia obligada es Próspera, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) creada en 2020 en la isla hondureña de Roatán. Financiada por fondos de inversión vinculados a Thiel y otros referentes de Silicon Valley, la iniciativa prometía atraer inversiones mediante reglas propias, bajos impuestos y escasa intervención estatal. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en uno de los casos más controvertidos de la región.
Próspera funcionaba con tribunales arbitrales privados integrados mayoritariamente por especialistas extranjeros, un esquema tributario diferencial y facultades que configuraban un verdadero “Estado paralelo”. A ello se sumaron denuncias de comunidades locales, como la de Crawfish Rock, que aseguraron no haber sido consultadas sobre el avance del emprendimiento sobre territorios históricamente habitados por pescadores y poblaciones originarias.
Las críticas también alcanzaron a la instalación de clínicas experimentales dedicadas a tratamientos biotecnológicos y genéticos que operaban al margen de regulaciones más estrictas, transformando al enclave en un espacio excepcional para el desarrollo de prácticas médicas controvertidas.
El modelo fue aprobado durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, posteriormente extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. Lejos de convertirse en el motor económico prometido, Próspera facilitó la concentración de beneficios en pocas manos, mientras el Estado hondureño resignaba recursos fiscales fundamentales para financiar políticas públicas.
La reacción política no tardó en llegar. En 2022, tras varias protestas el Congreso hondureño derogó por unanimidad la legislación que habilitaba las ZEDE, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, el conflicto continúa abierto: los inversores demandaron al Estado ante el CIADI por más de 1.600 millones de dólares en concepto de supuestas ganancias futuras perdidas, una cifra capaz de comprometer seriamente las finanzas del país centroamericano.
El caso hondureño aparece así como una advertencia sobre el horizonte que podrían abrir los proyectos impulsados por Javier Milei. Analizando los úlrimos proyectos, el oficialismo no buscaría replicar Próspera dentro de un territorio acotado, sino convertir a la propia Argentina en una versión ampliada del experimento mediante reformas legislativas que transfieran cada vez más poder desde el Estado hacia las corporaciones privadas que buscan un Estado mínimo sin restricciones, ni sanciones.
Entre las iniciativas señaladas aparecen el denominado “Súper RIGI”, que otorgaría beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante tres décadas a grandes inversiones tecnológicas; la reforma integral de la Ley de Sociedades, que habilitaría figuras inéditas como las Sociedades Automatizadas gestionadas por inteligencia artificial y las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) basadas en blockchain; la ampliación de los mecanismos de prórroga de jurisdicción y arbitraje privado, permitiendo que conflictos empresariales puedan resolverse bajo derecho extranjero; y el conjunto de medidas de desregulación promovidas desde el Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger, orientadas a reducir la capacidad de intervención estatal sobre la actividad económica.
El denominador común de estas iniciativas es la creación de un marco jurídico excepcional para atraer capitales globales, aun a costa de resignar herramientas tradicionales de soberanía económica y regulatoria.
Uno de los ejes centrales es la ampliación de los beneficios para grandes inversiones estratégicas. El denominado “Súper RIGI” contempla blindajes fiscales, aduaneros y cambiarios durante tres décadas para proyectos superiores a los mil millones de dólares, además de habilitar la libre disponibilidad de divisas. La idea central de estas herramientas es crear auténticas burbujas de excepción económica, donde las multinacionales operan prácticamente desconectadas de las restricciones y obligaciones que pesan sobre el resto de la sociedad.
En paralelo, las reformas vinculadas a la legislación societaria habilitarían el reconocimiento de nuevas figuras corporativas, como las DAO, estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos mecanismos de decisión y funcionamiento quedan establecidos mediante contratos inteligentes ejecutados automáticamente por código informático. A diferencia de las empresas tradicionales, las DAO pueden operar sin una sede física definida, con integrantes distribuidos en distintos países y sistemas de gobernanza administrados digitalmente a través de la posesión de tokens.
Su eventual incorporación al marco legal argentino abriría interrogantes sobre cuestiones como la jurisdicción aplicable, la responsabilidad jurídica de sus integrantes y los mecanismos de fiscalización tributaria. Precisamente por su capacidad para funcionar de manera transnacional y sin una estructura societaria convencional, estas figuras representan un avance hacia modelos empresariales cada vez más deslocalizados y menos sujetos a las formas tradicionales de control estatal.
Otro de los puntos que generan interrogantes en torno a los proyectos impulsados por Javier Milei es el creciente protagonismo de los mecanismos de arbitraje internacional y prórroga de jurisdicción. Aunque la legislación argentina ya contempla estas herramientas en determinados casos, la comparación con Próspera resulta inevitable para quienes siguen de cerca el fenómeno. El enclave hondureño, promovido por inversores vinculados a Peter Thiel, tenía entre sus pilares la existencia de tribunales arbitrales propios y la posibilidad de sustraer conflictos de la justicia ordinaria.
A ello se suman propuestas orientadas a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y flexibilizar restricciones sobre tierras e infraestructura. Según sus detractores, estas medidas buscan garantizar que eventuales cambios políticos futuros encuentren severamente limitadas las posibilidades de revisar concesiones o intervenir sobre activos en manos de grandes fondos de inversión.
En ese contexto, también cobran relevancia las reuniones mantenidas entre el presidente Milei y Peter Thiel, así como los encuentros técnicos entre representantes del ecosistema tecnológico asociado al empresario y funcionarios cercanos al oficialismo. Entre ellos aparecen el asesor Santiago Caputo y áreas vinculadas a innovación tecnológica, en conversaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos masivos a través de Palantir.
El Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger emerge, además, como una de las piezas clave de este entramado. Desde allí se impulsa una profunda revisión del marco regulatorio argentino con el objetivo declarado de reducir trabas burocráticas y facilitar nuevas modalidades de contratación y organización empresarial.
Para los defensores del experimento libertario, estas reformas representan una oportunidad histórica para posicionar a Argentina como un polo global de innovación y atraer inversiones de alto impacto. Del otro lado, se advierte que estas últimas medidas constituyen el intento más ambicioso de transformar al país en un laboratorio institucional al servicio de las grandes corporaciones tecnológicas.
Mientras Honduras continúa disputando en tribunales internacionales las consecuencias del experimento Próspera, el Congreso argentino debate iniciativas que, según distintas voces de la oposición y del ámbito académico, podrían redefinir la relación entre democracia, soberanía y poder económico. La pregunta de fondo ya no es si Silicon Valley observa a la Argentina con interés, sino cuánto está dispuesto el gobierno de Milei a modificar las reglas del juego para recibirlo.