El desembarco del magnate Peter Thiel en Buenos Aires reavivó las alarmas sobre el rumbo institucional del gobierno libertario. Mientras Honduras todavía enfrenta las consecuencias del fallido proyecto Próspera, el paquete legislativo impulsado por Javier Milei reproduce varios de sus mecanismos centrales: justicia privada, privilegios extraordinarios para grandes corporaciones y una inédita cesión de soberanía económica.

La reciente llegada a la Argentina del multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal y propietario de la empresa de análisis de datos Palantir Technologies, encendió nuevas alertas en sectores políticos y académicos. La adquisición de una propiedad en Barrio Parque fue interpretada por algunos analistas como mucho más que una inversión inmobiliaria: el posible punto de partida para profundizar un modelo de desregulación extrema que ya tuvo una experiencia traumática en Centroamérica.

La referencia obligada es Próspera, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) creada en 2020 en la isla hondureña de Roatán. Financiada por fondos de inversión vinculados a Thiel y otros referentes de Silicon Valley, la iniciativa prometía atraer inversiones mediante reglas propias, bajos impuestos y escasa intervención estatal. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en uno de los casos más controvertidos de la región.

Próspera funcionaba con tribunales arbitrales privados integrados mayoritariamente por especialistas extranjeros, un esquema tributario diferencial y facultades que configuraban un verdadero “Estado paralelo”. A ello se sumaron denuncias de comunidades locales, como la de Crawfish Rock, que aseguraron no haber sido consultadas sobre el avance del emprendimiento sobre territorios históricamente habitados por pescadores y poblaciones originarias.

Las críticas también alcanzaron a la instalación de clínicas experimentales dedicadas a tratamientos biotecnológicos y genéticos que operaban al margen de regulaciones más estrictas, transformando al enclave en un espacio excepcional para el desarrollo de prácticas médicas controvertidas.

El modelo fue aprobado durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, posteriormente extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. Lejos de convertirse en el motor económico prometido, Próspera facilitó la concentración de beneficios en pocas manos, mientras el Estado hondureño resignaba recursos fiscales fundamentales para financiar políticas públicas.

La reacción política no tardó en llegar. En 2022, tras varias protestas el Congreso hondureño derogó por unanimidad la legislación que habilitaba las ZEDE, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, el conflicto continúa abierto: los inversores demandaron al Estado ante el CIADI por más de 1.600 millones de dólares en concepto de supuestas ganancias futuras perdidas, una cifra capaz de comprometer seriamente las finanzas del país centroamericano.

El caso hondureño aparece así como una advertencia sobre el horizonte que podrían abrir los proyectos impulsados por Javier Milei. Analizando los úlrimos proyectos, el oficialismo no buscaría replicar Próspera dentro de un territorio acotado, sino convertir a la propia Argentina en una versión ampliada del experimento mediante reformas legislativas que transfieran cada vez más poder desde el Estado hacia las corporaciones privadas que buscan un Estado mínimo sin restricciones, ni sanciones.

Entre las iniciativas señaladas aparecen el denominado “Súper RIGI”, que otorgaría beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante tres décadas a grandes inversiones tecnológicas; la reforma integral de la Ley de Sociedades, que habilitaría figuras inéditas como las Sociedades Automatizadas gestionadas por inteligencia artificial y las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) basadas en blockchain; la ampliación de los mecanismos de prórroga de jurisdicción y arbitraje privado, permitiendo que conflictos empresariales puedan resolverse bajo derecho extranjero; y el conjunto de medidas de desregulación promovidas desde el Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger, orientadas a reducir la capacidad de intervención estatal sobre la actividad económica.

El denominador común de estas iniciativas es la creación de un marco jurídico excepcional para atraer capitales globales, aun a costa de resignar herramientas tradicionales de soberanía económica y regulatoria.

Uno de los ejes centrales es la ampliación de los beneficios para grandes inversiones estratégicas. El denominado “Súper RIGI” contempla blindajes fiscales, aduaneros y cambiarios durante tres décadas para proyectos superiores a los mil millones de dólares, además de habilitar la libre disponibilidad de divisas. La idea central de estas herramientas es crear auténticas burbujas de excepción económica, donde las multinacionales operan prácticamente desconectadas de las restricciones y obligaciones que pesan sobre el resto de la sociedad.

En paralelo, las reformas vinculadas a la legislación societaria habilitarían el reconocimiento de nuevas figuras corporativas, como las DAO, estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos mecanismos de decisión y funcionamiento quedan establecidos mediante contratos inteligentes ejecutados automáticamente por código informático. A diferencia de las empresas tradicionales, las DAO pueden operar sin una sede física definida, con integrantes distribuidos en distintos países y sistemas de gobernanza administrados digitalmente a través de la posesión de tokens.

Su eventual incorporación al marco legal argentino abriría interrogantes sobre cuestiones como la jurisdicción aplicable, la responsabilidad jurídica de sus integrantes y los mecanismos de fiscalización tributaria. Precisamente por su capacidad para funcionar de manera transnacional y sin una estructura societaria convencional, estas figuras representan un avance hacia modelos empresariales cada vez más deslocalizados y menos sujetos a las formas tradicionales de control estatal.

Otro de los puntos que generan interrogantes en torno a los proyectos impulsados por Javier Milei es el creciente protagonismo de los mecanismos de arbitraje internacional y prórroga de jurisdicción. Aunque la legislación argentina ya contempla estas herramientas en determinados casos, la comparación con Próspera resulta inevitable para quienes siguen de cerca el fenómeno. El enclave hondureño, promovido por inversores vinculados a Peter Thiel, tenía entre sus pilares la existencia de tribunales arbitrales propios y la posibilidad de sustraer conflictos de la justicia ordinaria.

A ello se suman propuestas orientadas a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y flexibilizar restricciones sobre tierras e infraestructura. Según sus detractores, estas medidas buscan garantizar que eventuales cambios políticos futuros encuentren severamente limitadas las posibilidades de revisar concesiones o intervenir sobre activos en manos de grandes fondos de inversión.

En ese contexto, también cobran relevancia las reuniones mantenidas entre el presidente Milei y Peter Thiel, así como los encuentros técnicos entre representantes del ecosistema tecnológico asociado al empresario y funcionarios cercanos al oficialismo. Entre ellos aparecen el asesor Santiago Caputo y áreas vinculadas a innovación tecnológica, en conversaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos masivos a través de Palantir.

El Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger emerge, además, como una de las piezas clave de este entramado. Desde allí se impulsa una profunda revisión del marco regulatorio argentino con el objetivo declarado de reducir trabas burocráticas y facilitar nuevas modalidades de contratación y organización empresarial.

Para los defensores del experimento libertario, estas reformas representan una oportunidad histórica para posicionar a Argentina como un polo global de innovación y atraer inversiones de alto impacto. Del otro lado, se advierte que estas últimas medidas constituyen el intento más ambicioso de transformar al país en un laboratorio institucional al servicio de las grandes corporaciones tecnológicas.

Mientras Honduras continúa disputando en tribunales internacionales las consecuencias del experimento Próspera, el Congreso argentino debate iniciativas que, según distintas voces de la oposición y del ámbito académico, podrían redefinir la relación entre democracia, soberanía y poder económico. La pregunta de fondo ya no es si Silicon Valley observa a la Argentina con interés, sino cuánto está dispuesto el gobierno de Milei a modificar las reglas del juego para recibirlo.

El periodista Carlos Pagni ironizó sobre Manuel Adorni, que aseguró haber encontrado 500 mil dólares en un pendrive y así justificó su exponencial crecimiento patrimonial.

“Ya no escandaliza por la cuestión moral sino por la indigencia cognitiva de Adorni para explicar su situación”, aseguró.

“No se puede creer que alguien con esos pocos atributos intelectuales sea Jefe de Gabinete de la Argentina. Hasta ahí lo llevó el poder de turno”, explicó.

La querella, representada por Martín Romeo, presentó una denuncia explosiva contra el fiscal Eduardo Taiano. Lo acusan de maniobras sistemáticas para proteger a los responsables y desviar la investigación central.

La causa por las irregularidades en el Grupo Libra sumó un nuevo capítulo de máxima tensión judicial. La querella, encabezada por el abogado Martín Romeo, formalizó una denuncia penal contra el fiscal federal Eduardo Taiano, a quien acusan de cometer actos de encubrimiento agravado y abuso de autoridad en el marco de la investigación que busca esclarecer el fraude y las maniobras financieras detectadas en la aseguradora.

Según el escrito presentado ante los tribunales federales, el fiscal Taiano habría desplegado una serie de acciones deliberadas para obstaculizar el avance de la investigación. Romeo sostiene que, lejos de buscar la verdad, la fiscalía ha mostrado una pasividad sospechosa ante pruebas contundentes que vinculan a la cúpula de Libra con delitos económicos de gran escala, intentando “cerrar filas” para evitar que la cadena de responsabilidades llegue a las esferas de poder.

Los puntos clave de la denuncia contra la fiscalía

• Desvío de pruebas: La querella acusa a Taiano de ignorar testimonios clave y peritajes contables que demostrarían cómo se fugó el dinero de los asegurados. Según los abogados, el fiscal ha omitido deliberadamente avanzar sobre los estados financieros que exponen el vaciamiento de la compañía.
• Protección de imputados: La denuncia sostiene que existen pruebas de un trato preferencial hacia ciertos directivos de Libra, permitiendo que se dilaten las indagatorias y que se destruya documentación relevante antes de cualquier allanamiento oficial.
• Maniobras de encubrimiento: Martín Romeo señaló que el accionar del fiscal configura un “encubrimiento estructural”, ya que su función no ha sido la de investigar, sino la de garantizar la impunidad de los principales implicados en el fraude.
• Pedido de apartamiento: Ante la pérdida absoluta de confianza en la objetividad de la fiscalía, la querella ha solicitado formalmente el apartamiento inmediato de Eduardo Taiano de la causa, exigiendo que se sortee un nuevo fiscal que garantice una investigación imparcial y sin las ataduras que, según la denuncia, existen actualmente.

Un escándalo que escala

La presentación de la querella pone en jaque la credibilidad de la instrucción. Para los damnificados y los abogados defensores de los ahorristas afectados, lo que sucede en el juzgado es una carrera contra el tiempo: mientras la Justicia mantiene el expediente en un estado de parálisis sospechosa, los activos del grupo continúan siendo licuados o transferidos a cuentas de difícil rastreo.

Con esta denuncia, el caso Libra ya no solo es una cuestión de fraude comercial, sino que se ha transformado en un verdadero escándalo judicial que salpica a la cúpula de Comodoro Py, aumentando la presión para que la investigación sea, finalmente, transparente y exhaustiva.

El informe de Adimra encendió las alarmas en el corazón de la industria nacional. En mayo la producción se desplomó un 14,3% interanual y acumula una contracción del 15% en lo que va del año. Preocupación extrema por la pérdida de puestos de trabajo.

La crisis que atraviesa el sector industrial argentino sumó un capítulo dramático tras conocerse el último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). De acuerdo con el informe sectorial, la actividad metalúrgica registró una caída del 14,3% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior. Con este resultado, el sector acumula un retroceso del 15% en los primeros cinco meses de 2026.

El escenario es de un parate estructural generalizado que golpea tanto a grandes talleres como a pymes familiares. El indicador mensual arrojó una contracción del 1,1% respecto de abril, lo que demuestra que la producción fabril no encuentra un piso de estabilización. La parálisis del consumo interno, el freno total de la obra pública y las dificultades operativas configuran un combo de asfixia terminal para la cadena de valor metalúrgica.

Radiografía de la crisis metalúrgica: los números del derrumbe

• Desplome generalizado por rubros: La caída afectó de forma unánime a todas las ramas de la actividad. Los sectores vinculados al consumo interno y a la construcción civil lideraron las pérdidas: el rubro de Carrocerías, remolques y semirremolques sufrió una baja del 18,1%, seguido de cerca por Fundición (-17,2%) y Estructuras metálicas (-15,4%). El único bloque que logró amortiguar el impacto fue Maquinaria Agrícola, apuntalado exclusivamente por el dinamismo de la cosecha.
• El empleo en la cuerda floja: El persistente desplome de los niveles de producción ya se traduce de forma directa en el mercado laboral. De acuerdo con Adimra, el empleo en el sector metalúrgico cayó un 3,5% interanual. La reducción de las jornadas laborales, la eliminación de horas extras y la no renovación de contratos temporales son las herramientas a las que recurren las empresas para evitar cierres definitivos.
• Capacidad instalada al mínimo: Como consecuencia directa del freno de las ventas, la utilización de la capacidad instalada en los talleres e industrias del país cayó a niveles críticos, operando muy por debajo de los promedios históricos.

Pesimismo absoluto de cara al futuro

El dato más alarmante que se desprende del informe sectorial es la total falta de expectativas de una reactivación en el corto o mediano plazo. Los empresarios metalúrgicos manifestaron un escepticismo rotundo frente al rumbo de las variables macroeconómicas del país.

Siete de cada diez empresas encuestadas por Adimra aseguraron que no prevén ninguna mejora en su nivel de producción para los próximos meses. En paralelo, un amplio porcentaje de los industriales metalúrgicos manifestó su profunda preocupación por la sustentabilidad financiera de sus firmas, advirtiendo que, de mantenerse este nivel de recesión y la caída sistemática de los pedidos de compra, se verán obligados a reestructurar sus planteles de trabajadores o suspender turnos de producción completos.

El modelo libertario expone una de sus mayores contradicciones: mientras el PBI sube impulsado por sectores extractivos, el empleo de calidad se desploma por el freno del consumo interno. La industria ya destruyó 80.000 puestos.

El mercado laboral argentino volvió a encender las luces de alarma tras confirmarse que el empleo registrado retomó su senda descendente. De acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo, el empleo formal anotó una caída del 0,2% mensual en marzo, revirtiendo por completo el leve respiro del 0,1% que se había registrado de manera temporal durante febrero.

La recesión golpea con especial dureza al empleo de calidad. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el sistema laboral ya destruyó un total de 314.000 puestos de trabajo. Las proyecciones de cara al corto plazo tampoco ofrecen señales de alivio: la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) elaborada en base al relevamiento de empresas del sector privado adelantó que en abril se registró una nueva contracción del 0,1%.

Radiografía del derrumbe: los datos clave del informe

La industria como el sector más castigado: El sector fabril se consolidó como el principal perdedor del modelo económico. Solo en el mes de marzo, la industria perdió 5.043 trabajadores formales. Si se realiza la comparación contra noviembre de 2023, la destrucción de empleo en este rubro alcanza la dramática cifra de 80.000 puestos menos.

Precarización y auge del monotributo: Mientras el empleo asalariado privado cae (registrando una baja interanual de 116.500 puestos en el bloque asalariado total, de los cuales 96.600 correspondieron estrictamente al sector privado), las únicas categorías que muestran expansión pertenecen al universo del trabajo independiente, principalmente empujadas por el alta de nuevos monotributistas.

Límites del crecimiento sectorial: Los analistas económicos destacan una fuerte inconsistencia en la dinámica actual. El incremento del PBI se concentra de manera exclusiva en sectores exportadores intensivos en capital (como la minería, el petróleo y el agro), los cuales generan muy poca mano de obra. En la otra vereda, las actividades mano de obra intensivas que dependen del mercado interno, como el comercio y la industria, continúan asfixiadas por el escaso nivel de consumo local.

El impacto en las familias y el consumo

El persistente goteo de puestos de trabajo registrados configura un escenario de creciente fragilidad social. La pérdida de puestos en los principales aglomerados urbanos del país demuestra que la flexibilización de hecho y el freno de la actividad manufacturera están deteriorando la estructura del empleo privado.

Con empresas que reducen sus planteles para sostener los márgenes de rentabilidad ante la caída de las ventas, el mercado laboral consolida una tendencia de precarización estructural donde los puestos estables y con derechos previsionales estancan su dinámica, siendo reemplazados por modalidades de autoempleo e informalidad.

Mauricio Macri volvió a presionar al bloque del PRO para que acompañe el pedido de interpelación al vocero presidencial Manuel Adorni por el escándalo de presunto enriquecimiento ilícito que sacude al funcionario. La decisión profundiza las diferencias con el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, uno de los principales defensores de mantener la alianza política con el gobierno de Javier Milei. ¿Qué dirá Diego Santilli, que es ministro nacional?

No es la primera vez que el expresidente impulsa una ofensiva parlamentaria contra Adorni. El mes pasado ya había reclamado respaldo para una iniciativa similar, pero Ritondo bloqueó el avance para evitar una ruptura con la Casa Rosada. En aquella oportunidad, los legisladores más cercanos a Macri quedaron aislados y terminaron retirando su apoyo al pedido. El expresidente tardó como 5 meses en descubrir que Adorni puede ser un corrupto.

El escenario cambió en las últimas semanas a partir de la ampliación del escándalo que involucra al vocero presidencial. Con una oposición más cohesionada y un mayor nivel de cuestionamientos al funcionario, los impulsores de la interpelación creen que ahora existen más posibilidades de alcanzar los 130 votos necesarios para aprobar la citación en la Cámara de Diputados.

La apuesta será una sesión especial convocada para el próximo 23 de junio, donde los bloques opositores intentarán reunir la mayoría requerida para llevar a Adorni al recinto y exigir explicaciones sobre las denuncias en su contra.

Como su hermano podría terminar tras las rejas sin pena ni gloria, pero con una fortuna que cualquiera acumularía tras varias décadas de trabajo.

La situación judicial del diputado provincial de La Plata por La Libertad Avanza Francisco Adorni, sumó nuevos capítulos que complican su situación en los tribunales federales. En estos días, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales significativas entre sus ingresos previos a la función pública y sus activos declarados con posterioridad al 10 de diciembre de 2023.

La Justicia sanaliza las últimas declaraciones juradas presentadas por el legislador, un vecino de La Plata casi dessconocido, y que era afiliado al peronismo. Ingresó por un dedazo de Karina Milei, que lo puso en la nómina libertaria de la capital bonaerense de los últimos comicios. Todo aunque no se le conociera otra singularidad que la de ser hermano del vocero presidencial y cantar Naranjo en Flor junto al mencionado jefe de Gabinete, Manuel.

En ese contexto, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó formalmente el último documento de rectificación patrimonial del legislador de la Octava Sección Electoral, luego de que este corrigiera la valuación de una propiedad ubicada en City Bell y añadiera la titularidad de cinco cajas de ahorro que suman dos millones de pesos.

El origen del expediente radica en una denuncia penal impulsada por la legisladora Marcela Pagano, que sostiene que la remuneración percibida por Adorni resulta insuficiente para justificar maniobras financieras veloces.

Entre los movimientos principales que originaron la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se encuentran la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación acelerada, en el plazo de apenas un año, de un crédito hipotecario con el Banco Provincia tasado en aproximadamente 60 millones de pesos.

Para profundizar en el entramado financiero, el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente libertario.

Tras esa medida, los investigadores analizan los registros salariales correspondientes a los dos cargos que Francisco Adorni ocupó previamente dentro del Ministerio de Defensa.

Su abogado, Marcelo Peña,  relativizó las acusaciones manifestando que las diferencias en los montos se debieron a un error circunstancial en las cargas formales. El letrado alegó que no existió ninguna comisión de delito y vaticinó que el expediente terminará siendo desestimado por los magistrados a cargo de la causa.

Mientras la investigación suma requerimientos informativos dirigidos a más de 30 organismos, incluyendo la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la política local es sumamente complaciente con el legislador, y su derrrotero cada vez más grave ante la justicia está siendo muy silencioso. 

El vocero presidencial genera cada vez más interrogantes y tensiones internas, al punto que ni siquiera sus principales aliados logran consensuar cuál debe ser su futuro político.

En ese contexto, Karina Milei avanza en la búsqueda de una salida que permita alejar a Adorni de la escena local sin exponer al Gobierno a una devastadora derrota política en el Senado. La estrategia contempla distintas alternativas diplomáticas que eviten la necesidad de obtener acuerdos parlamentarios, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una posible ofensiva opositora para impulsar una inédita moción de censura en su contra.

Las conversaciones ya alcanzaron los niveles más altos del Gobierno. El actual canciller, Pablo Quirno, quien aspira a convertirse en jefe de Gabinete con el respaldo de Karina Milei, habría impulsado la confección de un listado de destinos diplomáticos para facilitar una salida ordenada del vocero presidencial. Entre las opciones aparecen las representaciones en Italia, Chile y México, aunque ninguna termina de convencer plenamente al propio Adorni, quien, según fuentes oficiales, aún analiza el impacto personal y familiar de una eventual mudanza.

Durante los últimos días, sin embargo, comenzó a ganar fuerza una alternativa considerada menos compleja desde el punto de vista institucional: el Consulado General en Miami. La fórmula permitiría resolver el problema mediante un simple decreto presidencial, evitando el trámite legislativo y reduciendo los riesgos de una confrontación política en la Cámara alta.

La búsqueda de una salida para Adorni refleja una preocupación más profunda dentro del oficialismo. Lo que comenzó como un debate sobre un destino diplomático derivó en una discusión más amplia sobre los costos políticos que genera una figura que, puertas adentro, provoca divisiones, incomodidad y crecientes cuestionamientos. La falta de una definición clara alimenta la sensación de incertidumbre en un Gobierno donde muchos reconocen en privado que el caso se transformó en una cuestión insostenible que nadie termina de saber cómo resolver.

El posible desembarco de Quirno en la Jefatura de Gabinete abrió además otra disputa silenciosa dentro de la Cancillería. Diplomáticos y funcionarios ya comenzaron a posicionarse para una eventual sucesión, con los embajadores Alec Oxenford e Ian Sielecki entre los nombres que circulan para ocupar el Palacio San Martín. En paralelo, otros dirigentes buscan regresar al centro de la escena política, aunque dentro del propio Gobierno admiten que no todos reúnen el perfil necesario para asumir responsabilidades de semejante magnitud.

Mientras las negociaciones continúan, el futuro de Adorni se ha convertido en un síntoma de una interna que crece bajo la superficie y que expone las dificultades del oficialismo para administrar sus propias tensiones de poder.

Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste que recorta el gasto público, reduce partidas sociales y exhibe como principal bandera el equilibrio fiscal, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) protagoniza un fenómeno inverso: una acelerada expansión de sus gastos reservados, fondos cuyo destino permanece fuera del alcance del control ciudadano.

Hasta el 23 de mayo, la SIDE había ejecutado $3.796 millones en gastos reservados. Sin embargo, en apenas poco más de dos semanas esa cifra prácticamente se duplicó. Según los registros presupuestarios, se devengaron otros $3.500 millones, llevando el total a $7.261 millones ejecutados en lo que va del año.

La velocidad del gasto resulta llamativa. En apenas quince días, el organismo consumió una suma equivalente a la ejecutada durante los primeros cinco meses de 2026. Todo ello en un contexto donde la Administración Pública Nacional registra una caída real del gasto del 31% respecto de 2023, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La SIDE, sin embargo, marcha en sentido contrario. El mismo informe señala que su ejecución presupuestaria creció un 34% en términos reales. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el presupuesto total del organismo pasó de $15.000 millones a $97.000 millones, un incremento del 546%. Más impactante aún es la evolución de los gastos reservados: saltaron de $640 millones a $19.000 millones, una suba del 2.823%.

La expansión de estos fondos discrecionales coincide además con un momento delicado para el oficialismo, atravesado por denuncias y escándalos de corrupción que erosionan el discurso de transparencia y superioridad moral con el que el espacio libertario llegó al poder.

En ese marco, tampoco pasó desapercibida la designación de Sebastián Pareja, dirigente de extrema confianza de Karina Milei, al frente de la comisión bicameral encargada de fiscalizar las actividades de inteligencia. Es decir, uno de los principales responsables políticos del control parlamentario sobre los gastos secretos del Estado responde directamente al núcleo de poder que domina el oficialismo.

El Gobierno sostiene que el aumento presupuestario no responde a una ampliación de facultades. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reforma introducida mediante el Decreto 941/25 redujo competencias de la SIDE, transfiriendo tareas vinculadas a inteligencia criminal y ciberseguridad a otros organismos estatales.

La explicación abre un interrogante difícil de responder: si las funciones fueron acotadas, ¿qué justifica una expansión tan pronunciada de los recursos reservados?

La propia actividad pública del organismo no parece ofrecer demasiadas pistas. Los comunicados difundidos por la SIDE durante los últimos meses muestran intervenciones puntuales, como la colaboración en la captura de un integrante de una organización narcocriminal rosarina o la detección de embarcaciones procedentes de zonas afectadas por brotes de ébola. Ninguna de esas acciones permite explicar, al menos a partir de la información disponible, desembolsos multimillonarios realizados en cuestión de días.

La naturaleza reservada de estos fondos impide conocer quiénes los reciben, cómo se distribuyen y cuáles son sus resultados concretos. Esa opacidad alimenta sospechas históricas sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino.

El politólogo Andrés Malamud recordó que los gastos reservados han sido tradicionalmente señalados como una de las principales fuentes de sobresueldos dentro del Estado. “La SIDE, los entes cooperadores y algunos organismos internacionales” constituyen, según afirmó, los mecanismos más habituales para complementar ingresos de funcionarios por fuera de los canales salariales formales.

Así, mientras el Gobierno exige sacrificios económicos a la sociedad, auditorias a universidades y hospitales y reivindica la austeridad como principio rector de la gestión, los fondos secretos de la SIDE se convierten en una de las pocas partidas que no conocen recortes ni gozan de transparencia o rendición de cuentas. Por el contrario, crecen a un ritmo muy superior al del resto de la administración pública y lo hacen lejos de cualquier mecanismo efectivo de rendición de cuentas.

Viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser más caro. Desde este lunes 16 de junio entró en vigencia un nuevo incremento en las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional, en lo que representa el segundo aumento en menos de dos meses para millones de pasajeros que utilizan a diario el transporte público.

La suba, del 2%, forma parte del esquema de aumentos escalonados dispuesto por la Secretaría de Transporte y se suma al ajuste aplicado el pasado 18 de mayo. Además, las autoridades ya anticiparon nuevos incrementos para julio, por lo que el alivio para el bolsillo de los usuarios parece estar lejos de llegar.

Con la actualización tarifaria, el boleto mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó a costar $728,28. En tanto, los valores varían según la distancia recorrida y superan los $1.200 en los trayectos más extensos. Para quienes viajan con una SUBE sin registrar, las tarifas son considerablemente más elevadas.

El aumento alcanza a unas 100 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 60, 86, 88, 152, 168 y 194, entre muchas otras más .

Pero las subas no terminan allí. A partir del 1 de julio también aumentarán los boletos de trenes en el AMBA. El pasaje mínimo pasará de $350 a $380 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que los valores de las demás secciones también serán actualizados. Quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1.400.

Además, desde julio volverán a incrementarse los boletos de colectivos en las líneas que operan bajo jurisdicción de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El pasaje mínimo llegará a $820,60 en CABA y a $1.059,28 en territorio bonaerense.

En lo que va de 2025, las tarifas del transporte público acumulan aumentos que superan ampliamente la inflación registrada en el mismo período. Mientras los boletos de colectivos aumentaron más de 60% en la provincia de Buenos Aires y más de 38% en la Ciudad, la inflación acumulada ronda el 14,7%, consolidando al transporte como uno de los rubros que más presión ejerce sobre los gastos cotidianos de los hogares.