En una decisión de altísimo impacto estratégico y económico, la administración de Javier Milei entregó la vía navegable más importante del país a la firma belga. Fuertes cuestionamientos por falta de transparencia y presuntos beneficios dirigidos.
El control y la administración de la infraestructura logística más importante de la Argentina quedaron sellados bajo un manto de severas sospechas. El Gobierno nacional oficializó la adjudicación directa de la Hidrovía Paraná-Paraguay por un período de 25 años a la empresa belga Jan De Nul. La medida, de fuerte repercusión geopolítica, desató un inmediato escándalo político y denuncias por presunto amiguismo y direccionamiento en el proceso licitatorio.
La Hidrovía es la autopista fluvial clave por donde sale más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. La decisión de otorgar una concesión por un cuarto de siglo a la firma que ya controlaba el dragado genera fuertes recelos en los sectores de la oposición y especialistas del mercado naviero, quienes venían reclamando un proceso internacional transparente, auditado y abierto que garantizara la libre competencia y mejores condiciones para las arcas del Estado.
Los puntos más oscuros de la adjudicación:
- Sospechas de corrupción y trajes a medida: Bloques de la oposición y sectores técnicos denunciaron que las condiciones de los pliegos fueron diseñadas para beneficiar de forma exclusiva a Jan De Nul, bloqueando la participación de otros oferentes internacionales de peso y configurando un caso flagrante de “capitalismo de amigos”.
- Un negocio multimillonario a largo plazo: Al garantizarle el control del cobro de peajes y las tareas de mantenimiento hasta la década de 2050, el Ejecutivo le transfiere a una corporación privada extranjera una caja millonaria en dólares, resignando soberanía y capacidad de regulación sobre los dólares que ingresan por el comercio exterior.
- Cuestionamientos al relato “anticasta”: Para los legisladores denunciantes, la entrega de la vía navegable expone la doble vara de la gestión libertaria, que utiliza la bandera de la desregulación para desarmar controles estatales pero convalida la prórroga de monopolios privados de larga data mediante acuerdos directos de oficina.
Impacto soberano y judicialización en puerta
La entrega de la Hidrovía promete transformarse en una de las batallas judiciales y legislativas más complejas del año. Diferentes organizaciones ambientales y portuarias ya preparan presentaciones para frenar el decreto de adjudicación, argumentando que la privatización encubierta y extendida vulnera normativas vigentes y no cuenta con los estudios de impacto ambiental ni los controles fiscales básicos que exige una concesión de semejante envergadura.
Mientras el Gobierno defiende la medida bajo la premisa de la eficiencia privada y la quita de la intervención estatal en los ríos, las denuncias por falta de transparencia colocan a los funcionarios del área de Transporte y Economía en la mira de la Justicia federal por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.