El acto busca reclamar el fin de la proscripción de la expresidenta.

“Cristina libre, basta de proscripción”, es el mensaje con el kirchnerismo convocó a un banderazo en Parque Lezama este sábado a las 15 horas para exigir la libertad de la expresidenta, en el marco del Día de la Bandera y a un año de su detención domiciliaria en San José 1111 tras el fallo de la Corte Suprema.

El banderazo se realiza una semana después de las cientos de actividades que llevaron a cabo organizaciones políticas, sociales y sindicales en distintas partes del país para denunciar la proscripción y reclamar por la libertad de la presidenta del Partido Justicialista.

Esas actividades tuvieron como mensaje principal que la situación de proscripción de la expresidenta está directamente relacionada con el empobrecimiento de las mayorías. En ese sentido se proyectó un video con testimonios de trabajadores, jubilados y jóvenes sobre el impacto del ajuste y los recortes de Milei, en materia laboral, tarifaria y social, a la vez que esas personas contaron que durante los gobiernos de Cristina la plata alcanzaba y se vivía mejor.

Dirigentes del kirchnerismo esperan que el banderazo sea masivo. La diputada Teresa García aseguró: “Estimo que va a haber una gran movilización de gente independiente, de gente suelta, de familias como ocurrió cuando convocamos a Plaza de Mayo”, adelantó la legisladora en Radio AM 750.

La legisladora también destacó que «por alguna razón Cristina está presa, porque si hubiera sido inocua a la mirada de los intereses del poder real no estaría presa».

De esta manera, el kirchnerismo busca unificar el reclamo por la situación judicial de su máxima referente con la resistencia a las políticas económicas de la actual gestión. Con la mira puesta en el armado político y electoral del próximo año, la movilización en Parque Lezama funciona como una demostración de fuerza para exigir que CFK pueda presentarse sin condicionamientos en las urnas.

La diputada nacional Lilia Lemoine se quejó ante legisladores y dirigentes libertarios de que es la única “que pone la cara” para defender al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado por corrupción. “Nadie va a la tele a defenderlo”, exigió.

“Es una locura, hasta hace una semana nadie podía dar notas sin pedir permiso y ahora nos piden ir a defender a Adorni”, le respondió un diputado oficialista.

Lemoine responde a Karina Milei, al igual que Adorni, y parece dispuesta a todo para mantener firme su lealtad a la pareja presidencial, que en definitiva es la responsable de su salto a la política. Incluso su defensa extrema incluyó argumentos delirantes: “Manuel es inocente. Que no pague impuestos e incumpla la ley no significa que la ley esté bien”, dijo.

El presidente Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos y le ratificó que lo mantendrá como jefe de Gabinete a pesar de los interminables escándalos de corrupción y de la avanzada de la oposición en el Congreso. 

“Ni lo va a echar ni se va a ir”, aseguraron fuentes del gobierno nacional, que agregaron que el Presidente le pidió que lidere al gabinete en el viaje del sábado a Rosario por el acto del Día de la Bandera y que cite a la semana próxima a la mesa política. Adorni es el político con peor imagen positiva del país: el 80% de los argentinos lo rechaza por los escándalos de corrupción que lo involucran.

La reunión de este viernes tuvo la excusa del repaso de temas de gestión, pero fue en realidad un nuevo gesto de apoyo después de una semana donde desde la propia Casa Rosada había trascendido que las horas de Adorni podrían estar contadas, se mencionaron posibles reemplazantes y se habló de que los hermanos Milei le habrían soltado la mano.

En una decisión de altísimo impacto estratégico y económico, la administración de Javier Milei entregó la vía navegable más importante del país a la firma belga. Fuertes cuestionamientos por falta de transparencia y presuntos beneficios dirigidos.

El control y la administración de la infraestructura logística más importante de la Argentina quedaron sellados bajo un manto de severas sospechas. El Gobierno nacional oficializó la adjudicación directa de la Hidrovía Paraná-Paraguay por un período de 25 años a la empresa belga Jan De Nul. La medida, de fuerte repercusión geopolítica, desató un inmediato escándalo político y denuncias por presunto amiguismo y direccionamiento en el proceso licitatorio.

La Hidrovía es la autopista fluvial clave por donde sale más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. La decisión de otorgar una concesión por un cuarto de siglo a la firma que ya controlaba el dragado genera fuertes recelos en los sectores de la oposición y especialistas del mercado naviero, quienes venían reclamando un proceso internacional transparente, auditado y abierto que garantizara la libre competencia y mejores condiciones para las arcas del Estado.

Los puntos más oscuros de la adjudicación:

• Sospechas de corrupción y trajes a medida: Bloques de la oposición y sectores técnicos denunciaron que las condiciones de los pliegos fueron diseñadas para beneficiar de forma exclusiva a Jan De Nul, bloqueando la participación de otros oferentes internacionales de peso y configurando un caso flagrante de “capitalismo de amigos”.
• Un negocio multimillonario a largo plazo: Al garantizarle el control del cobro de peajes y las tareas de mantenimiento hasta la década de 2050, el Ejecutivo le transfiere a una corporación privada extranjera una caja millonaria en dólares, resignando soberanía y capacidad de regulación sobre los dólares que ingresan por el comercio exterior.
• Cuestionamientos al relato “anticasta”: Para los legisladores denunciantes, la entrega de la vía navegable expone la doble vara de la gestión libertaria, que utiliza la bandera de la desregulación para desarmar controles estatales pero convalida la prórroga de monopolios privados de larga data mediante acuerdos directos de oficina.

Impacto soberano y judicialización en puerta

La entrega de la Hidrovía promete transformarse en una de las batallas judiciales y legislativas más complejas del año. Diferentes organizaciones ambientales y portuarias ya preparan presentaciones para frenar el decreto de adjudicación, argumentando que la privatización encubierta y extendida vulnera normativas vigentes y no cuenta con los estudios de impacto ambiental ni los controles fiscales básicos que exige una concesión de semejante envergadura.

Mientras el Gobierno defiende la medida bajo la premisa de la eficiencia privada y la quita de la intervención estatal en los ríos, las denuncias por falta de transparencia colocan a los funcionarios del área de Transporte y Economía en la mira de la Justicia federal por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

El exdirigente libertario rompió el silencio con un durísimo texto dirigido al Presidente. Advirtió que sostener al vocero tras las denuncias por su patrimonio “erosiona la palabra” y rompe el contrato electoral contra los privilegios de la casta.

La interna en el universo libertario estalló por los aires de manera pública. El exlegislador y referente fundacional de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, le envió una durísima carta abierta al presidente Javier Milei con un objetivo explícito y fulminante: exigirle el desplazamiento inmediato de Manuel Adorni de su cargo. El fuerte posicionamiento se da en medio del escándalo judicial que salpica al portavoz presidencial, denunciado penalmente por presunta “omisión maliciosa” y ocultamiento de bienes en sus declaraciones juradas.

En el texto, Marra deslizó severas críticas a la conducción del jefe de Estado por mantener al funcionario en el centro del poder a pesar del evidente costo político que genera. Según el análisis del exdirigente, la continuidad del vocero paraliza la iniciativa oficial, copa la discusión pública y provoca un desgaste acelerado sobre la credibilidad de la gestión que no hace más que eclipsar cualquier tipo de logro económico del Palacio de Hacienda.

Los fragmentos más demoledores de la carta de Marra:

• El peligro de perder la ejemplaridad: “Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar. Una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra. Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda”.
• Un fuerte límite al personalismo de Milei: “Este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos. Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”.
• El reclamo directo de la renuncia: “Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”.

Quiebre definitivo y crisis de “fuerza moral”

La carta abierta de Ramiro Marra expone una fractura ideológica y metodológica sin precedentes dentro del núcleo duro que acompañó a Javier Milei desde sus inicios en la política porteña. Al recordarle al Presidente que “no es el dueño” del proyecto y que los votantes no eligieron “solamente números”, Marra hiere el relato oficialista en su punto más sensible: la pretendida superioridad estética y moral frente a la política tradicional.

El pedido de desplazamiento coloca a Milei ante una encrucijada total. Sostener a Adorni bajo el ala protectora de la Casa Rosada implicará, a partir de ahora, asumir un costo de fuego amigo que expone al Gobierno a las mismas acusaciones de corporativismo y protección de privilegios que históricamente utilizaron para defenestrar a la oposición.

La fuerte caída de la construcción en Buenos Aires se convirtió en una de las señales más claras del deterioro que atraviesa la economía argentina. Un estudio de opinión del Grupo Construya reveló que la actividad del sector se desplomó un 70%, mientras crece la preocupación por la falta de demanda, la escasez de financiamiento y la retracción de las inversiones.

El relevamiento, realizado entre el 17 de abril y el 8 de mayo de este año entre 370 profesionales de la cadena de valor de la construcción de todo el país, muestra un escenario de marcada incertidumbre. Apenas uno de cada diez encuestados considera que su situación mejoró en los últimos doce meses, reflejando el impacto de la recesión sobre uno de los sectores históricamente más vinculados al nivel de actividad económica.

En Buenos Aires, el 33% de los consultados estima que su actividad será menor durante los próximos doce meses, mientras que solo el 32% espera una mejora. El resto considera que la situación permanecerá sin cambios, lo que evidencia la falta de expectativas de recuperación sostenida.

La principal preocupación de los actores del sector es la baja demanda del mercado, señalada por el 23% de los encuestados. Detrás aparecen la menor disponibilidad de financiamiento (16%), el aumento de los costos de construcción (11%) y la caída de la inversión privada (11%). Los datos reflejan un mercado interno debilitado, con consumidores y empresas que postergan decisiones de inversión ante la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica.

La construcción, tradicionalmente considerada un termómetro de la economía, muestra así las consecuencias de una actividad que no logra recuperarse. La menor cantidad de proyectos impacta no solo en desarrolladores y constructoras, sino también en toda la cadena productiva vinculada al sector, desde la industria de materiales hasta el empleo.

A este panorama se suma el incremento sostenido de los costos. Según el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC, los costos crecieron 2,7% en mayo, acumulan una suba del 12,8% en lo que va de 2026 y un aumento interanual del 29%.

De acuerdo con el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), la principal presión provino de la mano de obra, que aumentó 3,5% impulsada por las actualizaciones salariales de la UOCRA, y de los gastos generales, que subieron 4% por los incrementos en las tarifas de electricidad, agua y gas.

Aunque los materiales registraron un incremento más moderado, del 1,6%, las empresas continúan enfrentando mayores costos operativos en un contexto donde el problema central ya no es la inflación de los insumos, sino la ausencia de demanda suficiente para sostener la actividad.

Con una construcción que se derrumba, inversiones que no despegan y consumidores con menor capacidad de gasto, el sector vuelve a mostrar uno de los síntomas más evidentes de la crisis que atraviesa el mercado interno argentino.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el ajuste del gasto público, la reducción del Estado y la necesidad de transparentar la administración de los recursos, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en un 141% los fondos destinados a gastos flexibles de la Casa Rosada y se niega a revelar cómo se utilizan.

En apenas un año, la caja asignada al Fondo Rotatorio de la dependencia pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, multiplicándose por 2,4. El incremento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que elevó además el límite para gastos individuales a 50 millones de pesos por operación.

La ampliación de recursos contrasta con la falta de información disponible sobre su ejecución. A través de un pedido de acceso a la información pública, se solicitó conocer los consumos realizados mediante tarjetas corporativas, los comercios donde se efectuaron los gastos, las facturas respaldatorias y las rendiciones correspondientes. Sin embargo, la respuesta oficial omitió toda la documentación que permitiría verificar el destino de los fondos.

La Presidencia confirmó que actualmente existen 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma “Corporativa Nación”. También entregó la nómina de funcionarios vinculados al sistema, pero rechazó informar cuánto se gastó, en qué conceptos y con qué justificación administrativa.

Entre los usuarios aparecen Karina Milei, a través de su secretaría privada; la vicepresidenta Victoria Villarruel, asociada a dos tarjetas del Fondo Rotatorio; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, entre otros funcionarios.

La negativa a difundir los consumos resulta particularmente llamativa porque el propio sistema utilizado por la Casa Rosada permite acceder en tiempo real al detalle de las operaciones. Según la documentación entregada por la Presidencia, la plataforma desarrollada junto al Banco Nación posibilita identificar movimientos, comercios, transferencias y generar reportes completos de cada gasto realizado.

A ello se suma que la normativa interna establece estrictos mecanismos de control. Cada operación debe registrarse en un expediente electrónico, acompañada por facturas emitidas a nombre de la dependencia, la justificación correspondiente y las firmas digitales de los responsables. Es decir, la información existe y forma parte de los procedimientos administrativos obligatorios.

La documentación también expone situaciones que plantean interrogantes sobre los controles internos. Algunos responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen simultáneamente como usuarios habilitados para operar tarjetas dentro del mismo sistema. Además, determinados funcionarios concentran múltiples perfiles y niveles de autorización, incluyendo facultades de administración sobre la plataforma.

La falta de transparencia se vuelve aún más relevante si se considera que el propio Gobierno reconoció haber iniciado una investigación interna por presuntas irregularidades vinculadas al uso de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el expediente fue archivado el 6 de abril al no detectar perjuicio económico para el Estado, pero rechazó entregar la documentación del caso. De esta manera, permanece bajo reserva qué operaciones fueron investigadas, qué montos estuvieron involucrados y cuáles fueron las conclusiones concretas que motivaron el cierre de la investigación.

En un contexto en el que el Ejecutivo exige ajustes, controles y sacrificios a distintos sectores de la administración pública, el aumento de fondos discrecionales en una de las áreas más cercanas al Presidente y la negativa a transparentar su utilización vuelven a poner en discusión los criterios con los que se aplica la austeridad estatal y el alcance real de las políticas de rendición de cuentas.

La economía argentina continúa mostrando señales de debilidad. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó 5% interanual y 0,8% mensual en mayo, consolidando un escenario de bajo nivel productivo que se arrastra desde hace meses.

Aunque algunos sectores registraron leves mejoras mensuales por una baja base de comparación, la tendencia general sigue siendo negativa. La construcción continúa muy por debajo de los niveles de 2022, la producción automotriz acumula una fuerte contracción interanual, la metalmecánica profundizó su caída y el consumo energético industrial volvió a descender, reflejando una menor actividad en las plantas fabriles.

Los datos oficiales del INDEC muestran que la industria manufacturera acumuló una baja del 2,4% en el primer cuatrimestre del año y opera cerca de un 10% por debajo de los niveles de 2022. Los bienes durables y semidurables fueron los más afectados por el enfriamiento del mercado interno, con desplomes en sectores como automotores, línea blanca, textiles, indumentaria y calzado.

El deterioro también impacta sobre el entramado productivo. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 empresas, al pasar de 512.357 a 485.909 unidades productivas. Solo en marzo cerraron 2.011 firmas, acelerando una tendencia que había mostrado una breve desaceleración en febrero.

Los sectores más golpeados fueron Comercio, Industria, Transporte, Alojamiento y Gastronomía. En términos territoriales, 23 de las 24 provincias registran menos empresas que al inicio de la actual gestión, siendo Neuquén la única excepción.

La caída de la actividad también se refleja en el empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, mientras que el empleo en casas particulares se redujo en más de 30.000 trabajadores. En total, el empleo privado registrado cayó en 370.487 puestos de trabajo durante el período.

Con una industria en retroceso, miles de empresas cerradas y una marcada destrucción de empleo, los principales indicadores productivos continúan evidenciando el deterioro de la economía real.