El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por haber autorizado el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio argentino para realizar ejercicios militares sin la aprobación previa del Congreso Nacional, requisito que, según los denunciantes, exige expresamente la Constitución.
La presentación fue realizada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
Según la denuncia, el Poder Ejecutivo autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de más de 350 militares estadounidenses que participaron durante 42 días en los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, desarrollados en instalaciones militares de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La presentación judicial también cuestiona la participación del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que operó en la Zona Económica Exclusiva Argentina, y recuerda que Milei visitó la embarcación durante esas maniobras.
La acusación: una presunta violación de la Constitución
El eje central de la denuncia sostiene que el Presidente habría ignorado un requisito constitucional al habilitar el ingreso de fuerzas militares extranjeras sin la autorización del Congreso de la Nación.
Los denunciantes invocan el artículo 75 de la Constitución Nacional, que atribuye al Poder Legislativo la facultad exclusiva de autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, y la Ley 25.880, que —afirman— impide que esa decisión sea adoptada mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
En ese marco, solicitaron que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.
Un nuevo frente judicial para el Gobierno
Para Juan Marino, el caso excede una discusión administrativa y plantea un presunto desconocimiento de las competencias que la Constitución reserva al Congreso en materia de defensa y soberanía nacional.
El legislador sostuvo que la denuncia se presenta en un contexto de creciente tensión internacional y cuestionó el alineamiento del Gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no emitió una respuesta oficial sobre la denuncia penal presentada ante la Justicia Federal.