La Justicia falló nuevamente a favor del Hospital Garrahan y afirmó que hubo “inexistencia de delito” en las distintas medidas de fuerza que realizaron durante el año pasado los trabajadores de la salud.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, profesionales, técnicas y trabajadores representadas por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron que esta decisión judicial impartida por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal “desestima las denuncias realizadas por el director (Mariano) Pirozzo, designado por el ministro de Salud de la Nación”, reseñó el sitio Política Argentina.

“Acá se dejó en claro que no hubo ningún delito en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud del Hospital, a lo largo de todo el año pasado”, manifestaron respaldados por Casación que sostuvo que “el magistrado instructor resolvió desestimar las actuaciones por inexistencia de delito”.

Por su parte, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, planteó que todos los fallos judiciales “les fueron dando la razón” y aseguro que, además, “les da confianza” que la Dra. María Servini “tomara intervención en el proceso sumarial insólito” que le hicieron a 40 trabajadores por protestar en defensa del hospital. “Nos está convocando a prestar testimonio para conocer de primera mano lo que ocurrió”, agregó.

“El hostigamiento de una intervención netamente política como es la de Mariano Pirozzo, que no es pediatra ni registra experiencia alguna en el sector público, que no termina de clarificar qué están haciendo con los fondos millonarios del hospital, que tiene como propósito privatizar áreas del Garrahan, que designa asesores sin concurso con sueldos millonarios, que filtra información reservada como la que, en su momento, el ya renunciado ex jefe de Gabinete (Manuel) Adorni utilizó para atarcarnos por X, ahora emprende una nueva medida, en este caso contra mí, con un nuevo sumario por mi rol de representante gremial. Son lo peor que le pasó a este Hospital desde su fundación”, expresó Lezana.

Este fallo de la Cámara de Casación Penal ratifica lo que ya había expresado el fallo del juez Herman Mendel en la Justicia del Trabajo que “protestar no es delito” sobre todo porque se expresaron ante “la asfixia salarial, el vaciamiento, la violencia institucional”.

“La protesta es un derecho que tenemos y debemos ejercer los trabajadores, las trabajadoras y quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros compañeros y compañeras desde los sindicatos. Luchar sirve y estos fallos ratifican que no es delito”, concluyó. 

Los rumores sobre el futuro de Manuel Adorni sumaron un nuevo capítulo en las últimas horas. Según reveló el periodista Eduardo Feinmann en A24, el exvocero presidencial habría deslizado en conversaciones con personas de su confianza la posibilidad de mudarse a Uruguay. La información, atribuida al periodista Mariano Roa, no fue confirmada por el propio Adorni, pero rápidamente comenzó a circular en medios argentinos y uruguayos, alimentando las especulaciones sobre un eventual cambio de residencia.

La versión aparece en un momento especialmente delicado para quien fue una de las caras más visibles del gobierno de Javier Milei. Tras abandonar la administración nacional, Adorni quedó envuelto en distintas investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio y a presuntas irregularidades durante su paso por la función pública. En ese contexto, cualquier movimiento personal adquiere inevitablemente una lectura política.

De acuerdo con el relato de Feinmann, uno de los motivos que habría mencionado Adorni es el desgaste que le produce la exposición pública. El periodista recordó además la estrecha relación del exfuncionario con el empresario Marcelo Grandío, radicado en Punta del Este, un vínculo que ya había quedado bajo la lupa luego del viaje que ambos compartieron en un vuelo privado durante el último Carnaval. Ese antecedente volvió a cobrar relevancia a partir del nuevo rumor.

Más allá de las especulaciones, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre una eventual mudanza. Tampoco pesa sobre Adorni una restricción judicial que le impida salir del país. Sin embargo, la posibilidad de que uno de los principales referentes comunicacionales del mileísmo decida instalarse en Uruguay no deja de tener una fuerte carga simbólica: quien durante años defendió con vehemencia el proyecto libertario podría terminar eligiendo otro país para desarrollar su vida.

El episodio vuelve a exponer el complejo presente político del exvocero. Hace apenas unos meses ocupaba un lugar central en el dispositivo de comunicación de la Casa Rosada y era uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente. Hoy, en cambio, las noticias que lo rodean ya no pasan por conferencias de prensa ni anuncios oficiales, sino por causas judiciales, versiones sobre su patrimonio y rumores acerca de un posible exilio voluntario. Mientras tanto, el silencio de Adorni alimenta aún más las especulaciones.

Por Juan Pablo Osinalde

“El libro refleja a Moreno como un eslabón importante en una larga historia de economistas peronistas contemporáneos que se dedicaron a debatir y pensar como se hace la economía peronista, desde fines de los fines de los ochenta hasta los principios de la década ganada”.

Sobre la figura del economista y ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno -que en los últimos años se ha convertido en un fenómeno comunicacional para la militancia peronista- siempre existe un riesgo. Que es el de caer en una lectura reducida, por el lugar común propio del fenómeno de las redes sociales que viralizan clips y simplifican las ideas más densas de quienes las expresan.

Para quienes no conocen la densidad intelectual de su perfil, la figura de Moreno puede confundirse con el estereotipo construido de él. Un dirigente con formas polémicas: “el buen salvaje”, al decir de la prensa gorila. Tal como se lo nombra en el titulo de un libro antiperonista de Diego Cabot y Francisco Olivera.

Antes ese riesgo el libro “Guillermo Moreno: una vida peronista. Biografía autorizada” de Santiago Asorey tiene un gran valor que es la reconstrucción de la tradición militante e intelectual del ex funcionario del gobierno kirchnerista.

El libro refleja a Moreno como un eslabón importante en una larga historia de economistas peronistas contemporáneos que se dedicaron a debatir y pensar como se hace la economía peronista, desde fines de los ochenta hasta los principios de la década ganada. Desfilan por estas páginas también los economistas justicialistas Eduardo Curia, Daniel Carbonetto, Eduardo Setti y Pablo Challú quienes pujaron por la visión de una Argentina industrial en pleno auge de la globalización y su visión de la Argentina reducida a una economía de servicios y financiera.

La obra de Asorey refleja también la visión geopolítica de Moreno que anticipó en la política argentina la crisis de la globalización: la derrota de Europa y China en la puja geopolítica y los ascensos de nuevos nacionalismos en el mundo en el cual se advierte el rol hegemónico de Estados Unidos y la Federación Rusa. Además, de dimensionar el rol fundamental de los Papas Francisco y León XIV.

En este marco, también se retratan las discusiones de Moreno como funcionario de los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner con el poder real. Los Macri, el Grupo Clarín, la discusión por el precio de la comida y la energía, entre otras historias.

De alguna manera, el libro corre el velo para descubrir los fundamentos que llevan a Moreno a pensar como piensa y actuar como actúa -con la determinación y resiliencia que lo caracteriza-. Se trata de una biografía llena de relatos vivos que reflejan la humanidad de los personajes, más allá de la experiencia política. En el universo de Moreno conviven de distinta manera, Diego Maradona, el Papa Franscisco, Alejandro “el gallego” Álvarez, Hebe de Bonafini, Nestor y Cristina Kirchner y Juan Domingo Perón. No hay manera que el lector justicialista no se sienta identificado.

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por haber autorizado el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio argentino para realizar ejercicios militares sin la aprobación previa del Congreso Nacional, requisito que, según los denunciantes, exige expresamente la Constitución.

La presentación fue realizada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Según la denuncia, el Poder Ejecutivo autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de más de 350 militares estadounidenses que participaron durante 42 días en los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, desarrollados en instalaciones militares de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La presentación judicial también cuestiona la participación del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que operó en la Zona Económica Exclusiva Argentina, y recuerda que Milei visitó la embarcación durante esas maniobras.

La acusación: una presunta violación de la Constitución

El eje central de la denuncia sostiene que el Presidente habría ignorado un requisito constitucional al habilitar el ingreso de fuerzas militares extranjeras sin la autorización del Congreso de la Nación.

Los denunciantes invocan el artículo 75 de la Constitución Nacional, que atribuye al Poder Legislativo la facultad exclusiva de autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, y la Ley 25.880, que —afirman— impide que esa decisión sea adoptada mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

En ese marco, solicitaron que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.

Un nuevo frente judicial para el Gobierno

Para Juan Marino, el caso excede una discusión administrativa y plantea un presunto desconocimiento de las competencias que la Constitución reserva al Congreso en materia de defensa y soberanía nacional.

El legislador sostuvo que la denuncia se presenta en un contexto de creciente tensión internacional y cuestionó el alineamiento del Gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no emitió una respuesta oficial sobre la denuncia penal presentada ante la Justicia Federal.