El gobierno libertario apela a artilugios legales para congelar los fondos de las casas de estudio, violando la división de poderes y provocando un grave deterioro en la educación pública y la investigación científica.
El gobierno de Javier Milei mantiene una postura de abierta confrontación contra la educación pública argentina al sostener una asfixia presupuestaria que roza la inconstitucionalidad. Un informe de Página12 reveló que a 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) —ratificada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial—, el Poder Ejecutivo insiste en desconocer un mandato legislativo obligatorio y desoír las órdenes de la Justicia Federal, vulnerando los principios fundamentales de la división de poderes y el Estado de Derecho.
Desde la perspectiva legal y constitucional, una ley sancionada y ratificada por el Poder Legislativo no constituye una sugerencia ni una carta de intenciones, sino una obligación estatal ineludible. La estrategia del oficialismo de dilatar la asignación de recursos mediante artilugios jurídicos y actas paritarias insuficientes representa un grave atropello a la institucionalidad republicana, donde el Ejecutivo pretende colocarse por encima de las decisiones de los otros poderes del Estado.
Esta política de recorte sistemático, calificada por referentes académicos como un proceso de “cientificidio”, no responde a un mero ajuste contable, sino a un plan deliberado de desmantelamiento de la producción de conocimiento soberano. El congelamiento salarial ha provocado que docentes e investigadores perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza, desencadenando la renuncia masiva de más de diez mil profesionales e investigadores de las universidades nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.
La crisis trasciende el ámbito de las aulas y golpea directamente a los servicios esenciales que prestan las casas de estudio a la sociedad. La red de hospitales escuela y facultades de Ciencias Médicas, que atiende a más de 1,5 millones de pacientes en todo el país y realiza intervenciones de alta complejidad, opera bajo un desfinanciamiento crítico que pone en peligro la atención sanitaria y la formación de los futuros profesionales de la salud.
Frente al avance del desguace estatal y las descalificaciones del Presidente hacia la comunidad académica, los gremios y la Federación Universitaria Argentina impulsan un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones. La defensa de la universidad pública se consolida así no solo como un reclamo presupuestario, sino como una batalla fundamental para garantizar el derecho a la educación, la investigación científica y el desarrollo soberano de la Argentina.