“El bar de Tlalpan”, la novela de Silvia Maldonado, no se inscribe en el género policial, pero sí juega con él a través del humor en sus múltiples registros de la lengua, desviándose de lo trágico para revelar la pasión y lo oculto detrás de cada trama, de cada personaje.

Por Víctor Ego Ducrot/ La nueva novela de Silvia Maldonado. Sobre ese texto intentaré escribir, pero antes algunas noticias sobre su autora.

Que es su tercera novela tras «El ícono de Dangling» (2007) y «La bienaventuranza» (2009). Recién llega a las librerías. Como las anteriores, fue editada por Paradiso Ediciones, de Américo Cristófalo y Adriana Yoel, sello pionero en los ’90 del movimiento de editoriales independientes; y de culto: entre tantos nombres, su catálogo incluye a Leónidas Lamborguini, David Viñas, Fogwill, Horacio González, Néstor Sánchez, Roberto Raschella, Marina Tsvietáieva y ahora, recuerdo la deslumbrante traducción que hiciera Andrés Ehrenhaus de «Sonetos y Lamento de una amante», de William Shakespeare.

Que ella, Silvia Maldonado, además de novelista es antropóloga y lingüista, egresada durante su exilio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), de México. Que fue profesora en la UBA. Que el gobierno de Néstor Kirchner la convocó como curadora de Letras en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, cargo que desempeñó durante más de 20 años.

No suelo abocarme a reseñas de libros, ni mucho menos me animo, ni me atreveré jamás, a la crítica literaria. Por eso antes de sentarme para lo que estoy ensayando lo hice para leer a algunos de los que sí saben.

Así fue como redescubrí que Ricardo Piglia definió a Philip Marlowe como un crítico literario del bajo fondo, y que el académico marxista estadounidense Fredric Jameson, de la Universidad de Duke, se refirió a la vida y el devenir del detective privado de Raymond Chandler en tanto una suerte de camino que conecta la totalidad del espacio fragmentado.

La novela de Silvia Maldonado no se inscribe en el género policial, pero sí juega con él. No habita el Marlowe de Piglia ni el de Jameson, pero veamos.

En «El ícono de Dangling» un investigador o investigadora, su género no se enuncia, revela quién, cómo y porqué se cometió un crimen en el contexto de un congreso científico, reflexionando sobre el lenguaje y las lenguas, casi desde la llama y el diamante y entre los ecos del debate que Noam Chomsky y Jean Piaget sostuvieron en 1975, en el Abadía de Royaumont, en París.

En «La bienaventuranza», la trama y su intriga asumen la imposibilidad de justicia, y antiguos camaradas de lucha viven la venganza y sus consecuencias como acto de reparación, de insistencia definitiva en el propio ser. Me animo a considerar que, con un guiño al pensamiento inicial de los tiempos modernos, el de Baruch Spinoza

En «El bar de Tlalpan» vuelve el bramido de la perseverancia, pero desde otra perspectiva, la de un complot que se burla sin piedad de la fría malicia forense, tan perversa a veces, y no permite de modo alguno el olvido. Los conjurados que se reunían entre tequilas y esperanzas en aquella cantina encontraron el camino que conecta la totalidad del espacio fragmentado, que no es el de una ciudad desnuda sino el de un territorio de geografías y lenguas 

La novela de Silvia Maldonado se descubre como la voz de múltiples voces entrañables que vuelven a reunirse tras años de reconstrucciones dolorosas para salvar no la vida de Ana Filippi, pues su pérdida es irreversible, pero si su memoria, ese paréntesis finito entre el nacimiento y la muerte de cada uno de nosotros.

«Novela coral de voces poderosas, que combinan lo íntimo y lo político, en una trama que avanza como piezas de rompecabezas: pequeñas partes que se entrelazan para darnos al final una imagen luminosa de personajes inolvidables», escribió el novelista Sergio Olguín en la contraportada de «El bar de Tlalpan», un texto que denota fina lectura.

Para el cierre de este intento de reseña quiero detenerme en lo que me animo a calificar de episteme literario en los textos de Silvia Maldonado, presente con especial intensidad en «El bar de Tlalpan»: el humor desde los múltiples registros de la lengua, ese devenir de la palabra con señales que se apartan de lo trágico para revelar la pasión, lo oculto detrás de cada trama, de cada personaje.

En cierto texto crítico sobre «El sonido y la furia» Jorge Luis Borges explicó una vez que William Faulkner aunaba el cuidado impecable de sus tramas y los usos del estilo.  Parecería que Silvia Maldonado ha recorrido esa literatura, tanto como nuestros barrocos fundacionales. ¿Sor Juana, Lezama Lima, Carpentier? Quien la entreviste debería preguntarle al respecto.

Ahora sí finaliza esta reseña …

Leyendo «El bar de Tlalpan» pensé mucho en los filos incandescentes del humor que zumba a lo largo de «Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy» (1758), la novela del angloirlandés Laurence Sterne, admirador de Cervantes y tal vez antecedente de James Joyce; y por qué no, aunque sin su errabundia de la palabra, en «El cómico de la lengua» (1974) y luego «Paradiso», en 2007, la de nuestro genial Néstor Sánchez.

*Tomado de La Tecl@ Eñe

Sturzenegger quedó en el centro de los cuestionamientos tras el fracaso de la Ley de Tierras y Milei eligió respaldarlo públicamente con un prolongado abrazo durante el acto por San Martín. En las redes, la escena rápidamente fue comparada con el gesto que tuvo con Manuel Adorni cuando el entonces Jefe de Gabinete enfrentaba denuncias por su patrimonio.

Javier Milei llegó a la Plaza San Martín para participar del homenaje al prócer, en un discurso que tuvo un furcio viral, y saludó con un efusivo abrazo a Federico Sturzenegger.

El gesto ocurrió después del traspié del proyecto para modificar la Ley de Tierras, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación que debió ser retirada del debate en el Senado. 

El fracaso legislativo alimentó las versiones sobre cuestionamientos internos a la gestión de Sturzenegger y sobre una posible salida del funcionario.

La escena inmediatamente despertó comparaciones en redes con lo ocurrido en abril, cuando Milei abrazó públicamente a Manuel Adorni durante un acto por Malvinas, en momentos en que el entonces funcionario enfrentaba denuncias e investigaciones vinculadas con su patrimonio y se multiplicaban las dudas sobre su continuidad.

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza y uno de los empresarios más poderosos de Córdoba y del país, lanzó una advertencia que expone las crecientes tensiones del modelo económico libertario: mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, buena parte de la economía real sigue sin encontrar alivio. “A la gente no le alcanza para llegar a 15 de cada mes”, afirmó.

El diagnóstico adquiere especial relevancia porque no proviene de un dirigente opositor ni de un referente sindical, sino de uno de los principales empresarios del interior productivo. Roberto Urquía, exsenador nacional y dueño de Aceitera General Deheza (AGD), reconoció que existen sectores que atraviesan un buen momento, como la minería, Vaca Muerta y parcialmente el campo, pero advirtió que el panorama es muy diferente para el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno.

“Ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, describió Urquía al graficar la profundidad de la caída del consumo. La frase resume uno de los principales problemas de la economía: aun con una macroeconomía que el Gobierno presenta como ordenada, la demanda interna continúa debilitada y numerosas empresas enfrentan crecientes dificultades para sostener sus niveles de actividad.

El salario se evapora antes de mitad de mes

El empresario puso el foco especialmente en el deterioro de los ingresos y en sus consecuencias sobre trabajadores y empresas. “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes”, sostuvo.

La advertencia expone una de las principales contradicciones del discurso oficial: mientras la Casa Rosada destaca el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como grandes logros, esos resultados todavía no se traducen en una mejora perceptible para numerosos sectores de la economía real.

El propio Urquía reconoció que “la macro está bien” y destacó el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero inmediatamente marcó el límite de ese diagnóstico: ese proceso “no llega a algunos sectores de la micro”. Es decir, la estabilidad de las cuentas públicas no alcanza cuando comercios, empresas y familias siguen enfrentando una fuerte retracción de la demanda y del poder adquisitivo.

Una crítica que llega desde el corazón del empresariado

Las declaraciones de Urquía adquieren una dimensión política y económica particular porque se suman a un creciente malestar que comienza a atravesar incluso a sectores empresarios que tradicionalmente reclaman estabilidad macroeconómica y reglas claras.

El planteo deja en evidencia que el problema ya no puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus opositores. Cuando uno de los empresarios más importantes de Córdoba advierte que los comercios no venden, que las empresas tienen dificultades para pagar salarios y que los trabajadores no llegan al día 15, aparece una señal de alarma proveniente del propio sector productivo.

Urquía también cuestionó las dificultades que enfrenta el interior para hacer llegar sus reclamos al Gobierno nacional. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo con el Gobierno nacional”, afirmó, aunque reconoció que existe contacto con algunos ministros, entre ellos Luis Caputo y el jefe de Gabinete.

En ese sentido, reclamó mayor protagonismo para el interior productivo y recordó que la Argentina excede ampliamente al área metropolitana. “Argentina es mucho más que el conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas”, sostuvo.

Tasas de hasta 1.300% y críticas a la falta de regulación

Otro de los puntos que generó preocupación fue su cuestionamiento a determinadas fintech y financieras digitales. Urquía denunció que algunas llegan a cobrar tasas de hasta 1.300% anual, una cifra que calificó directamente como “una cosa de loco”.

Frente a estos niveles de financiamiento, reclamó una intervención más activa del Estado. “El Gobierno está para eso, está para los abusos”, afirmó, en una definición que también marca distancia con una concepción de Estado limitado a su mínima expresión.

El empresario fue incluso más allá y cuestionó el trato diferencial que, a su entender, recibe el capital extranjero frente a la producción nacional. “Ahí va la alfombra roja”, señaló sobre las inversiones externas, mientras sostuvo que la producción argentina “no tiene un embajador que la defienda”.

Así, desde uno de los sectores más poderosos del empresariado cordobés emerge un diagnóstico incómodo para el Gobierno: la estabilidad macroeconómica no está logrando recomponer la economía cotidiana. Comercios que no venden, empresas que tienen dificultades para pagar salarios, trabajadores cuyo ingreso se termina antes de mitad de mes y tasas de financiamiento exorbitantes configuran un escenario que empieza a generar preocupación más allá de los sectores tradicionalmente críticos del oficialismo.

Y que estas advertencias surjan desde el corazón del empresariado productivo constituye, acaso, una de las señales más contundentes de que el malestar con el rumbo económico comienza a adquirir un carácter cada vez más transversal.

El consultor político y exasesor de Javier Milei fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba salir del país. Las autoridades locales indagan su presunta relación con el atentado a balazos que sufrió la activista Nadia Beller.

El estratega digital cofundador de ‘La Derecha Diario‘ y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, fue detenido por la Policía Boliviana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La aprehensión se ejecutó en el aeropuerto internacional de Viru Viru en momentos en que el consultor se disponía a abordar un vuelo hacia la Argentina, tras quedar bajo la lupa judicial por un atentado armado ocurrido pocas horas antes.

La investigación penal se inició tras el ataque sufirido por la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, quien recibió varios impactos de bala durante una agresión armada en Santa Cruz. La víctima permanece internada con pronóstico reservado, mientras los investigadores reconstruyen el móvil del hecho y analizan la relación previa entre Beller y Cerimedo.

Las fuerzas de seguridad e inteligencia locales ordenaron la detención preventiva del operador político argentino para tomarle declaración e investigar si tuvo participación intelectual o material en el intento de homicidio. Las hipótesis policiales giran en torno a posibles desavenencias personales y vínculos operativos en el marco del armado político en la región.

El arresto de Cerimedo genera fuerte impacto tanto en la política boliviana como en la Argentina, dado el rol clave que el consultor desempeñó en las campañas de comunicación y batallas digitales del oficialismo libertario. Las autoridades de ambos países siguen de cerca las actuaciones judiciales mientras se define la situación procesal del detenido en territorio boliviano.

El ex jugador y director técnico de Los Pumas, Santiago Phelan, junto a su socio en la textil Will Der, Armando Anasal, tuvieron que anunciarles este viernes a los 120 trabajadores de la fábrica el cierre de la empresa frente al descalabro económico. La empresa llevaba más de 20 años produciendo en el país. Pero Javier Milei lo hizo: debieron cerrar.

Will Der producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance pero no se pudo sostener ante la apertura indiscriminada de importaciones que afectan a todo el rubro textil. La decisión de los dueños fue bajar las persianas de las plantas que tienen en Las Flores y en General Pacheco.

“Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan”, dijo el rugbier. “No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos. No somos de esa característica. No hay trabajo en la calle. Piensen la próxima vez a quien votar”, advirtió el empresario ante el llanto de los trabajadores.

“La gestión presidencial tocó su nivel más bajo desde hace más de un año y la imagen negativa del presidente trepó al 58,5%”. Así lo señala la última medición de Zentrix Consultora, dada a conocer este fin de semana, en coincidencia con otras mediciones que reflejan el quiebre en la relación entre el gobiern de Javier Milei y la sociedad.

No es el primer sondeo que muestra números muy malos para el gobierno que parece haber perdido el rumbo político y económico. A la crisis de ingresos y empleo, se sumó en el último tiempo la defensa de Milei al corrupto Manuel Adorni, que todavía no pudo justificar gastos por 400 mil dólares.

La crisis de ingresos tiene su ejemplo mayor en el endeudamiento que afecta a millones de familias. Hay 20 millones de argentinos que tienen deudas pero 6 millones están en mora, es decir, no puede pagar. Nunca antes en la historia argentina se dio una situación así. Para el gobierno, la respuesta es sencilla: “Qué se arreglen como puedan”, aseguró Milei.

A través de una resolución del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo restringió el acceso a la información pública sobre contrataciones, equipamiento y maniobras militares, encendiendo alarmas sobre la transparencia y el control ciudadano de los fondos públicos.

El Ministerio de Defensa formalizó una medida que amplía significativamente el alcance del secreto militar sobre las operaciones y las contrataciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante esta disposición, el Gobierno restringió la visibilidad pública de compras, ventas y maniobras operativas, encasillando diversos procedimientos administrativos bajo la figura de reserva de seguridad nacional para evitar la divulgação de datos y montos contractuales.

La resolución impone un velo de confidencialidad sobre los procesos de adquisición y modernización de material bélico, así como sobre los convenios con proveedores de defensa. Con este esquema de opacidad, las licitaciones y adjudicaciones quedan eximidas de los mecanismos habituales de rendición de cuentas, limitando de manera severa el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para los organismos de control del Estado.

Esta decisión genera profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y por el margen de discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto del área. El desmantelamiento de los canales de acceso a la información pública contraviene normativas históricas que garantizan el control democrático sobre el gasto estatal y las contrataciones del sector público.

La medida se suma a una serie de disposiciones de la gestión libertaria orientadas a restringir el control ciudadano y la fiscalización institucional sobre áreas sensibles de la administración central. Al blindar las decisiones presupuestarias y operativas de las Fuerzas Armadas, el Gobierno consolida un modelo de gestión caracterizado por el secretismo en la asignación de fondos y el debilitamiento de las herramientas de acceso a la información.

La gestión de Javier Milei, en alianza con el PRO y el think tank internacional Political Network for Values, busca desmantelar los avances en igualdad de género, la ESI y el aborto legal, a pesar de que las encuestas confirman un amplio consenso social en favor de estos derechos.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su agenda ideológica ultraconservadora al oficializar la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una plataforma internacional impulsada originalmente por Donald Trump con el objetivo de presionar en organismos multilaterales contra el derecho al aborto. La medida, suscrita por el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas, fue mantenida en reserva por el Ejecutivo durante tres días y solo se dio a conocer luego de que la información trascendiera en la prensa de Estados Unidos.

Esta decisión se enmarca en una estrategia de articulación territorial y política junto a sectores de La Libertad Avanza, el PRO y plataformas transnacionales como la Political Network for Values (PNFV). En un reciente encuentro realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios nacionales y porteños se reunieron con referentes globales de la extrema derecha para promover la denominada “familia tradicional” y coordinar acciones orientadas a la eliminación de políticas públicas vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y los derechos de la comunidad LGBTI+.

Durante la jornada organizativa en la capital, legisladores y dirigentes alineados con el oficialismo expresaron abiertamente su intención de impulsar reformas legislativas para hacer retroceder las conquistas sociales alcanzadas en las últimas dos décadas. Entre las proyecciones planteadas por los sectores convocantes se encuentra la intención explícita de revisar y buscar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), intentando disputar los consensos culturales en la opinión pública.

Sin embargo, las narrativas del oficialismo chocan de manera directa con las posturas mayoritarias de la sociedad argentina. Diversos estudios de opinión pública, como los desarrollados por el observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), revelan que 7 de cada 10 argentinos respaldan el matrimonio igualitario y que más del 80% apoya el acceso a anticonceptivos y el financiamiento estatal para la prevención de la violencia de género.

A pesar de la ofensiva institucional del Ejecutivo para instalar su agenda en organismos internacionales, los indicadores sociales demuestran que los consensos en torno a la igualdad, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos se mantienen firmes en la ciudadanía, configurando un freno democrático ante los intentos de regresión normativa.

El gobierno libertario apela a artilugios legales para congelar los fondos de las casas de estudio, violando la división de poderes y provocando un grave deterioro en la educación pública y la investigación científica.

El gobierno de Javier Milei mantiene una postura de abierta confrontación contra la educación pública argentina al sostener una asfixia presupuestaria que roza la inconstitucionalidad. Un informe de Página12 reveló que a 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) —ratificada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial—, el Poder Ejecutivo insiste en desconocer un mandato legislativo obligatorio y desoír las órdenes de la Justicia Federal, vulnerando los principios fundamentales de la división de poderes y el Estado de Derecho.

Desde la perspectiva legal y constitucional, una ley sancionada y ratificada por el Poder Legislativo no constituye una sugerencia ni una carta de intenciones, sino una obligación estatal ineludible. La estrategia del oficialismo de dilatar la asignación de recursos mediante artilugios jurídicos y actas paritarias insuficientes representa un grave atropello a la institucionalidad republicana, donde el Ejecutivo pretende colocarse por encima de las decisiones de los otros poderes del Estado.

Esta política de recorte sistemático, calificada por referentes académicos como un proceso de “cientificidio”, no responde a un mero ajuste contable, sino a un plan deliberado de desmantelamiento de la producción de conocimiento soberano. El congelamiento salarial ha provocado que docentes e investigadores perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza, desencadenando la renuncia masiva de más de diez mil profesionales e investigadores de las universidades nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.

La crisis trasciende el ámbito de las aulas y golpea directamente a los servicios esenciales que prestan las casas de estudio a la sociedad. La red de hospitales escuela y facultades de Ciencias Médicas, que atiende a más de 1,5 millones de pacientes en todo el país y realiza intervenciones de alta complejidad, opera bajo un desfinanciamiento crítico que pone en peligro la atención sanitaria y la formación de los futuros profesionales de la salud.

Frente al avance del desguace estatal y las descalificaciones del Presidente hacia la comunidad académica, los gremios y la Federación Universitaria Argentina impulsan un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones. La defensa de la universidad pública se consolida así no solo como un reclamo presupuestario, sino como una batalla fundamental para garantizar el derecho a la educación, la investigación científica y el desarrollo soberano de la Argentina.

La metodología que el Gobierno había anunciado para actualizar la medición de precios fue descartada en enero y, tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el organismo continúa utilizando una canasta basada en consumos de 2004. Un recálculo de la consultora Qualy muestra que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la inflación acumulada habría sido 15,5 puntos porcentuales mayor con la canasta actualizada.

El Gobierno de Javier Milei exhibe la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de su gestión. Sin embargo, detrás del índice oficial aparece una discusión metodológica que puede modificar de manera significativa la fotografía de la economía: si se hubiera aplicado la nueva metodología que el propio Gobierno había anunciado y que finalmente dio de baja en enero, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería considerablemente más alta.

El INDEC había previsto abandonar la vieja canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 y reemplazarla por una estructura actualizada a partir de la ENGHo 2017/18. El cambio finalmente no se concretó y estuvo acompañado por la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo.

El impacto de la decisión puede observarse al recalcular mes a mes el índice utilizando las ponderaciones de la canasta actualizada. Según un trabajo de la consultora Qualy, la inflación oficial acumulada desde el comienzo del Gobierno de Milei alcanza el 328,8%, mientras que con la metodología actualizada habría llegado al 344,3%: una diferencia de 15,5 puntos porcentuales.

Aunque la distancia entre ambas mediciones puede parecer marginal cuando se observa cada mes por separado, el efecto acumulativo termina siendo considerable. De hecho, solamente en tres meses el índice recalculado arrojó una variación inferior a la medición oficial. En el resto, la metodología actualizada registró una inflación mayor.

La diferencia más pronunciada se produjo en enero de 2024, cuando alcanzó 0,6 puntos porcentuales. En julio, en cambio, la brecha fue mucho menor: el INDEC informó una inflación del 2,11%, mientras que la canasta actualizada habría arrojado un 2,14%.

La explicación está en los cambios en los hábitos de consumo que incorpora la nueva estructura. La metodología actualizada otorga un peso significativamente mayor a los servicios, un componente que ganó relevancia en el gasto de los hogares argentinos durante los últimos años y que la vieja canasta de 2004 no refleja adecuadamente.

Incluso cuando los precios de algunos bienes y servicios aumentaron menos en julio bajo la nueva medición, la mayor ponderación de los servicios modificó el resultado final. En otras palabras, no se trata simplemente de que los precios individuales sean mayores, sino de qué importancia se les asigna dentro del presupuesto real de las familias.

El dato vuelve a poner bajo la lupa la estadística oficial con la que el Gobierno busca mostrar una supuesta normalización de la economía. Una canasta construida sobre patrones de consumo de hace más de dos décadas difícilmente pueda reflejar con precisión cuánto cuesta vivir en la Argentina de 2026, especialmente después de los fuertes cambios en tarifas, alquileres, transporte y servicios registrados en los últimos años.

La discusión, por lo tanto, excede una cuestión técnica. Mientras la Casa Rosada utiliza el índice oficial para exhibir una inflación en descenso, una metodología actualizada muestra que el deterioro acumulado de los precios podría ser bastante mayor.

El contraste resulta incómodo para el Gobierno: la inflación puede desacelerarse en términos mensuales y, al mismo tiempo, estar siendo medida con una estructura de consumo que ya quedó vieja. La diferencia de 15,5 puntos acumulada desde el inicio de la gestión abre así un interrogante sobre cuánto hay de mejora efectiva y cuánto de maquillaje estadístico en la imagen de estabilización que intenta instalar el Gobierno.