A través de una resolución del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo restringió el acceso a la información pública sobre contrataciones, equipamiento y maniobras militares, encendiendo alarmas sobre la transparencia y el control ciudadano de los fondos públicos.
El Ministerio de Defensa formalizó una medida que amplía significativamente el alcance del secreto militar sobre las operaciones y las contrataciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante esta disposición, el Gobierno restringió la visibilidad pública de compras, ventas y maniobras operativas, encasillando diversos procedimientos administrativos bajo la figura de reserva de seguridad nacional para evitar la divulgação de datos y montos contractuales.
La resolución impone un velo de confidencialidad sobre los procesos de adquisición y modernización de material bélico, así como sobre los convenios con proveedores de defensa. Con este esquema de opacidad, las licitaciones y adjudicaciones quedan eximidas de los mecanismos habituales de rendición de cuentas, limitando de manera severa el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para los organismos de control del Estado.
Esta decisión genera profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y por el margen de discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto del área. El desmantelamiento de los canales de acceso a la información pública contraviene normativas históricas que garantizan el control democrático sobre el gasto estatal y las contrataciones del sector público.
La medida se suma a una serie de disposiciones de la gestión libertaria orientadas a restringir el control ciudadano y la fiscalización institucional sobre áreas sensibles de la administración central. Al blindar las decisiones presupuestarias y operativas de las Fuerzas Armadas, el Gobierno consolida un modelo de gestión caracterizado por el secretismo en la asignación de fondos y el debilitamiento de las herramientas de acceso a la información.