El polémico consultor político de Javier Milei, detenido en Bolivia y acusado en una causa por el asesinato de su pareja embarazada, desembarcó en el estratégico negocio de los servicios portuarios del Gran Rosario.
Su ingreso a Sanabria SRL se produjo a través de una financiera vinculada a él y fue seguido por una rápida obtención de autorizaciones nacionales, en un mercado caracterizado por las altas barreras de acceso y la fuerte concentración.
Fernando Cerimedo, uno de los operadores políticos vinculados al universo libertario, consiguió ingresar a un negocio estratégico y de alto valor económico de la Hidrovía Paraná-Paraguay: los servicios portuarios y navales del complejo agroexportador del Gran Rosario.
El desembarco se produjo a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a unos 35 kilómetros de Rosario, que originalmente funcionaba como guardería náutica y luego se reconvirtió para prestar servicios navales. Entre sus actividades se encuentra la provisión de diésel para remolcadores de barcazas, un negocio estratégico, dolarizado y concentrado en pocos operadores.
El ingreso de Cerimedo se concretó mediante Surlibre Inversiones, una financiera vinculada al consultor que, en julio de 2024, adquirió el 30% de Sanabria SRL. Según registros societarios citados por LPO, la operación implicó el traspaso de 150 cuotas sobre un total de 500.
Una habilitación que despierta interrogantes
Para comenzar a operar en la Hidrovía, Sanabria necesitaba obtener autorizaciones de la Agencia de Puertos y Vías Navegables, organismo que depende del área conducida por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Según fuentes del sector citadas por LPO, la velocidad con la que Sanabria consiguió las autorizaciones nacionales llamó especialmente la atención, debido a las dificultades que habitualmente enfrentan las empresas que buscan ingresar a este mercado.
Empresarios vinculados a la actividad portuaria sostienen que se trata de un sector con fuertes barreras de entrada y que el acceso a las habilitaciones requiere importantes inversiones y contactos con funcionarios de alto nivel. En ese contexto, el denominado “trámite exprés” para la reconversión de Sanabria aparece como uno de los principales interrogantes alrededor del desembarco de Cerimedo.
La operación societaria se produjo apenas dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. El funcionario, vinculado al macrismo, quedó a cargo de un área estratégica para la administración de la principal vía navegable del país y del proceso de privatización de la Hidrovía.
Un negocio estratégico y millonario
El caso adquiere especial relevancia por la dimensión económica de la Hidrovía y el peso que tienen los servicios portuarios en el complejo agroexportador argentino. La provisión de combustible para remolcadores, los servicios navales y las actividades vinculadas al tránsito de barcazas constituyen negocios de enorme importancia para el comercio exterior.
De acuerdo con empresarios del sector, ingresar a ese mercado resulta particularmente complejo. Por eso, la rapidez con la que una empresa parcialmente controlada por una firma vinculada a Cerimedo obtuvo autorizaciones nacionales genera dudas y cuestionamientos dentro del propio sector portuario.
Mientras tanto, desde la Municipalidad de Puerto General San Martín señalaron que Sanabria todavía tenía pendiente parte de la documentación necesaria para completar su habilitación local y afirmaron desconocer tanto la presencia de Cerimedo como su vínculo con Surlibre Inversiones.
La expansión empresarial del operador libertario
El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión del entramado empresarial de Cerimedo tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El consultor, conocido por su actividad política y comunicacional, incorporó durante ese período sociedades vinculadas con inversiones, tecnología y energía.
Su situación judicial en Bolivia agregó otro elemento de controversia. El consultor se encuentra detenido en ese país y enfrenta una investigación penal, mientras la fiscalía reconstruye movimientos financieros y el origen de fondos que habrían pasado por una casa de cambios.
En paralelo, cobró relevancia una supuesta vinculación con la CAF. Uno de sus abogados sostuvo que el organismo regional financiaba una consultoría que Cerimedo habría realizado para el gobierno boliviano, aunque la institución negó tener una relación contractual con el consultor.
La CAF sí aprobó en marzo de 2025 un crédito de 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente destinado al fortalecimiento del sector portuario.
Aunque el organismo negó haber contratado a Cerimedo, su desembarco en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario vuelve a poner bajo la lupa la magnitud de los negocios construidos por el operador libertario y, especialmente, sus vínculos con áreas estratégicas bajo control del Gobierno nacional.
La pregunta que queda instalada en el sector es inevitable: ¿cómo logró una empresa vinculada a Cerimedo ingresar con tanta rapidez a uno de los mercados más concentrados y estratégicos del país?