Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino impulsan un programa para acompañar a personas endeudadas y un proyecto de ley para regular estas situaciones. Buscan facilitar la renegociación de deudas y equilibrar la relación entre las familias y las entidades financieras.
El diputado provincial Facundo Tignanelli y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, presentaron este jueves dos iniciativas destinadas a asistir a familias que atraviesan situaciones de endeudamiento y tienen dificultades para afrontar sus compromisos.
Se trata del Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y del proyecto de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Ambas propuestas apuntan a intervenir ante bancos, financieras y otros acreedores para facilitar acuerdos y nuevas condiciones de pago.
Un programa para negociar las deudas
El programa funcionará a través de la Defensoría del Pueblo. Las personas que necesiten asistencia deberán registrarse e informar los datos de sus deudas y acreedores.
A partir de esa presentación, el organismo podrá intervenir para negociar o renegociar las condiciones de pago. El objetivo es equilibrar la relación entre los consumidores endeudados y las entidades que reclaman el cobro.
Tignanelli sostuvo que el problema está vinculado principalmente con familias que recurrieron al crédito para afrontar gastos básicos como alimentos, luz, gas y agua, y no para realizar compras extraordinarias.
El proyecto para prevenir el sobreendeudamiento
La segunda iniciativa propone crear un régimen provincial específico para prevenir, encauzar y resolver situaciones de endeudamiento extremo.
El proyecto contempla mecanismos para facilitar la reestructuración de las deudas y establecer condiciones de cumplimiento que sean razonables y sostenibles para los consumidores.
La propuesta parte de un escenario en el que numerosas familias acumularon compromisos financieros para sostener sus gastos cotidianos y quedaron en una situación de desigualdad frente a bancos, financieras y otros acreedores.
La intención de los impulsores es que el Estado provincial pueda intervenir antes de que esas situaciones se profundicen y brindar herramientas para que las familias puedan ordenar sus obligaciones.