El bloqueo del Aeropuerto Internacional de Saná, los ataques contra instalaciones civiles y la crisis humanitaria volvieron a colocar a Yemen en una nueva fase de tensión con Arabia Saudita. El informe mensual sobre la situación del país correspondiente a julio de 2026 sostiene que la disputa dejó de estar concentrada exclusivamente en el escenario regional para adquirir una dimensión de confrontación directa entre Saná y Riad.
El mes de julio marcó, según el informe, un nuevo punto de inflexión en la guerra de Yemen. Después de más de una década de conflicto y de los compromisos alcanzados desde 2022 para avanzar hacia un alto el fuego, el levantamiento del bloqueo y el pago de los salarios públicos, Saná sostiene que buena parte de esos acuerdos permanecen incumplidos. El Aeropuerto Internacional de Saná se convirtió así en el principal símbolo de una disputa que combina cuestiones humanitarias, económicas y de soberanía. El documento atribuye a Arabia Saudita y a sus aliados la continuidad de las restricciones y sostiene que la reapertura del aeropuerto constituye un derecho soberano y humanitario del país.
La tensión aumentó el 3 de julio, cuando un avión de la compañía iraní Mahan Air llegó a Saná con ciudadanos yemeníes que permanecían varados en el extranjero. El informe presenta ese vuelo como una ruptura del bloqueo aéreo que se mantenía desde 2016. Diez días después, otro avión iraní intentó llegar a la capital yemení con una delegación que participaría en unas exequias en Teherán, pero, según el documento, cuatro incursiones aéreas saudíes contra la pista impidieron su aterrizaje. Las autoridades de Saná denunciaron entonces ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad una violación de la soberanía yemení y reclamaron el levantamiento de las restricciones.
La respuesta política llegó el 16 de julio, cuando el líder del movimiento Ansar Allah, Abdulmalik al-Houthi, formuló una nueva ecuación de disuasión: «Aeropuerto de Saná por aeropuerto de Riad; aeropuertos por aeropuertos, puertos por puertos y bloqueo por bloqueo». El mensaje supuso un endurecimiento respecto de las anteriores advertencias y fue acompañado por una movilización popular en Saná y otras gobernaciones. Cuatro días después, las Fuerzas Armadas yemeníes anunciaron la prohibición de la navegación marítima hacia Arabia Saudita, extendiendo la confrontación desde el espacio aéreo al ámbito marítimo y económico.
La escalada no significó, según el informe, el abandono de la agenda regional. La causa palestina continuó ocupando un lugar central en el discurso político de Saná, junto con el respaldo a Irán, el Líbano y las fuerzas de resistencia. Las autoridades yemeníes también volvieron a advertir sobre una eventual presencia israelí en el Cuerno de África, que consideran una amenaza para el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo. De este modo, la política de Yemen continúa vinculando su seguridad nacional con el escenario regional y, particularmente, con el control de las rutas marítimas estratégicas.
En paralelo, el Gobierno de Cambio y Construcción afirma haber mantenido el funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos, pese al deterioro económico. Uno de los principales problemas continúa siendo el pago de los salarios estatales. El informe sostiene que los ingresos provenientes del petróleo y el gas fueron trasladados hacia estructuras financieras bajo control de las autoridades asentadas en Adén, mientras miles de empleados públicos permanecen sin cobrar regularmente. La consecuencia, según el documento, es una pérdida acelerada del poder adquisitivo, mayor pobreza y un debilitamiento de las redes de protección social.
La situación del Aeropuerto de Saná constituye además un problema económico de enormes dimensiones. Las autoridades aeroportuarias calculan en unos 160 millones de dólares las pérdidas directas provocadas por su cierre y en más de 3.500 millones las pérdidas indirectas. El informe sostiene que durante los últimos dos años se mantuvieron contactos con compañías aéreas de países como Egipto, Jordania, Argelia, Líbano, Irak, Siria, Qatar, Kuwait, India, Irán y Omán con el objetivo de restablecer las conexiones internacionales. Saná asegura que el aeropuerto se encuentra actualmente en condiciones operativas y reclama el levantamiento de las restricciones que impiden la recuperación plena de la aviación civil.
El puerto de Hodeida aparece como el otro gran punto de presión económica. De acuerdo con el informe, por ese puerto ingresa alrededor del 70% de los alimentos y medicamentos destinados a Yemen. Las restricciones, sostiene, ralentizan el ingreso de mercancías y obligan a utilizar rutas alternativas más costosas, con un impacto directo sobre el transporte, los seguros, el almacenamiento y, finalmente, los precios que pagan los consumidores. A esta situación se suma la escasez de gas doméstico y para vehículos registrada en ciudades como Adén y Taiz, donde el precio de una bombona habría alcanzado los 14.000 riales en el mercado negro.
El deterioro económico tiene su correlato más grave en el terreno humanitario. El informe cita datos de Naciones Unidas según los cuales unos 18,3 millones de yemeníes enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores. En las zonas bajo control de las autoridades de Saná, alrededor de 5,5 millones de personas podrían atravesar una situación de emergencia alimentaria, mientras unas 41.000 enfrentarían condiciones calificadas como catastróficas. El documento también señala que más de 2,2 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda, incluidos unos 516.000 casos de desnutrición aguda grave.
La crisis sanitaria profundiza el cuadro. Los pacientes con cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas y otras patologías crónicas aparecen entre los principales afectados por la falta de medicamentos, equipamiento y tratamientos especializados. Para muchos de ellos, las restricciones al aeropuerto representan además la imposibilidad de viajar al extranjero para recibir atención médica. El informe advierte asimismo sobre las dificultades para garantizar agua potable, saneamiento e higiene, especialmente entre los desplazados internos, cuya población supera los 6,7 millones de personas que dependían de la asistencia humanitaria antes de la reducción de esos programas.
En materia de seguridad, el informe registra ataques contra el Aeropuerto Internacional de Saná, el puerto de Hodeida y la isla de Kamaran, además de bombardeos en distintas gobernaciones. Según las estadísticas incluidas en el documento, durante julio se produjeron 2.518 ataques, bombardeos o acciones militares en distintas provincias yemeníes. Al Hodeida concentró 1.056 de esos ataques, seguida por Saada, con 1.014, y Taiz, con 385. Las autoridades de Saná también denuncian la persistencia de restos de bombas de racimo, que continúan provocando víctimas, especialmente entre mujeres y niños.
Las estadísticas de víctimas correspondientes a julio contabilizan 20 muertos y 84 heridos, para un total de 104 víctimas. El informe sostiene que entre los afectados hubo mujeres y niños y denuncia además ataques contra viviendas y campamentos de migrantes en la gobernación de Saada. Entre las historias incluidas figura la de Dasta, un migrante etíope que sobrevivió a un ataque contra un refugio y quedó con graves lesiones físicas y psicológicas después de perder a varios de sus compañeros.
La historia de Dasta resume, en el relato del informe, una dimensión que las estadísticas difícilmente pueden expresar: la permanencia de las heridas después del bombardeo. El migrante sobrevivió, pero pasó veinte días sin poder hablar y quedó marcado por la muerte de quienes compartían con él el refugio. El documento utiliza su experiencia para reclamar investigaciones, reparación y rendición de cuentas por las víctimas civiles.
El panorama que deja julio es, por lo tanto, el de un conflicto que lejos de haber entrado definitivamente en una etapa de desescalada parece haber adquirido una nueva dimensión. Saná mantiene abierta la puerta a una salida negociada, pero condiciona cualquier avance a la apertura del aeropuerto, el levantamiento del bloqueo, el pago de los salarios y el cese de los ataques. Al mismo tiempo, la decisión de responder con restricciones marítimas y la amenaza de una política de «bloqueo por bloqueo» elevan el riesgo de una nueva escalada regional.
Después de más de doce años de guerra, Yemen continúa atrapado entre una negociación política inconclusa, una economía devastada y una emergencia humanitaria de enormes proporciones. Julio de 2026 muestra que el aeropuerto de Saná y los puertos del mar Rojo ya no son solamente infraestructuras civiles: se han convertido en piezas centrales de una disputa de poder que conecta el futuro de Yemen con el equilibrio estratégico de todo el mar Rojo.