Ahogado por la caída del consumo y la recesión que su propio modelo generó, el Gobierno recurre a la receta tradicional que juró combatir: la presión fiscal sobre el sector productivo. La quita de incentivos y los aumentos en las alícuotas ahogan al motor del empleo nacional.
El dogma libertario volvió a estrellarse contra la dura realidad macroeconómica que atraviesa el país. Ante la dramática caída de la recaudación tributaria impulsada por el colapso del consumo interno y la parálisis industrial, la dupla conformada por Javier Milei y Luis Caputo decidió volver sobre sus pasos e incrementar la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas. La maniobra expone la falta de recursos de un Palacio de Hacienda obsesionado con sostener un superávit fiscal ficticio mediante el estrangulamiento de los sectores que generan trabajo real.
La decisión oficial de quitar exenciones, eliminar esquemas de financiamiento accesibles e incrementar la carga fiscal efectiva sobre el tejido pyme llega en el peor momento de la recesión. ahogadas por tarifazos desmedidos en los servicios públicos, la caída vertiginosa de las ventas y la Apertura indisciplinada de importaciones, las unidades productivas nacionales se ven ahora obligadas a destinar una porción aún mayor de sus reducidos ingresos a sostener la caja del Estado central.
El incremento impositivo oculta el verdadero drama de la gestión económica: la propia contracción de la actividad comercial licuó la base imponible del país, generando un círculo vicioso del que el Gabinete no logra salir. Para compensar los recursos que la economía real ya no genera debido al ahogo del bolsillo de las familias, el Poder Ejecutivo responde castigando a los contribuyentes que intentan mantener sus persianas abiertas y sus planteles de empleados contratados.
Esta arremetida fiscal tira por la borda las promesas de campaña de quita generalizada de impuestos y desregulación competitiva para los sectores privados. Lejos de promover un entorno favorable para la inversión, el gobierno de Milei consolida un esquema de ahogo que castiga a la producción nacional y acelera la pérdida de puestos de trabajo, demostrando que la mentira del “ajuste a la política” termina siendo pagada, una vez más, por las pymes y la clase trabajadora.