En una multitudinaria conferencia de prensa, el equipo de letrados de la expresidenta expuso las arbitrariedades técnicas de la causa. Detallaron las irregularidades de un proceso viciado de nulidades y confirmaron que la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos busca poner fin al Lawfare en la Argentina.

El equipo legal que representa a Cristina Fernández de Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la que desglosó los aspectos centrales de la presentación radicada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego coincidieron en señalar que la sentencia en la causa Vialidad se sostuvo sobre una “imputación absolutamente falsa”, montada sin pruebas objetivas con el único propósito de lograr la inhabilitación política perpetua de la exmandataria.

Durante la exposición, los letrados explicaron que la condena le atribuyó a la expresidenta responsabilidades sobre actos administrativos que no formaban parte de sus competencias constitucionales. En ese sentido, remarcaron el despropósito jurídico de fundar la acusación en la firma de decretos de reestructuración presupuestaria que fueron aprobados por el Congreso Nacional y que, paradójicamente, continúan vigentes en la actualidad sin que ningún otro funcionario haya sido cuestionado por su aplicación.

La defensa hizo hincapié en la abierta violación a las garantías del debido proceso y al derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Beraldi e los letrados internacionales detallaron la promiscuidad institucional que caracterizó al trámite judicial, donde jueces y fiscales mantuvieron encuentros privados y vínculos de camaradería con los principales operadores del macrismo, configurando un escenario de persecución judicial donde el veredicto estaba escrito de antemano.

La acción impulsada ante los organismos internacionales busca exponer la falta de independencia del Poder Judicial argentino, cuya estructura fue convalidadora y funcional a las políticas de proscripción del mapa político. Al llevar el caso a los estrados de la ONU, la defensa no solo persigue la reparación de las garantías constitucionales vulneradas de Fernández de Kirchner, sino también sienta un precedente internacional contundente frente al avance de la persecución política mediante mecanismos judiciales.

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a los medios este martes por la tarde en el centro porteño, para informar detalles sobre la causa.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 15 horas en el NH Hotel con el objetivo de difundir información de relevancia vinculada al reclamo formal presentado en julio ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la sentencia dictada por la Justicia argentina en la denominada causa Vialidad.

La cita fue fijada por los letrados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes darán a conocer los ejes centrales de la comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En aquel escrito, los defensores documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cometidas durante el proceso judicial que derivó en la condena y en su posterior inhabilitación electoral.

Los cuestionamientos al proceso judicial contra Cristina Kirchner

En la presentación elevada al organismo internacional, los representantes legales de la exmandataria sostuvieron de manera categórica que el juicio constituyó una afectación flagrante de múltiples garantías constitucionales, remarcando que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral” de Kirchner para “impedir su candidatura en futuras elecciones” mediante una sanción que calificaron como una restricción indebida de sus derechos políticos.

Asimismo, el documento cuestiona la legalidad técnica del fallo al argumentar que se le atribuyó a la exjefa de Estado la responsabilidad sobre actos administrativos ajenos a sus competencias constitucionales y que la sentencia se basó en la rúbrica del Decreto 54/2009, el cual continúa plenamente vigente.

La conferencia de este martes servirá para ampliar el alcance internacional de la estrategia defensiva frente al encarcelamiento y la inhabilitación perpetua que pesan sobre la referente política.

Detalles de la presentación de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner llevó su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de una comunicación individual presentada en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ex presidenta denunció que el proceso judicial tuvo como objetivo impedir su participación electoral y reclamó medidas cautelares urgentes, entre ellas la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la presentación, la defensa sostiene que el juicio por el caso Vialidad constituyó una violación de múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, mientras que “la condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones” y que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.

El documento también cuestiona la legalidad de la condena. Entre otros puntos, sostiene que a la ex mandataria “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente”, que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente” y que “se impidió una adecuada defensa”.

Otro de los ejes de la denuncia contra el Estado argentino advierte la falta de imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa.

Un fenómeno se consolidó en los últimos meses y desarmó el relato que trata de erigir el Gobierno nacional. Según advierte un informe de la Universidad Torcuato Di Tella, el 31,3% de la población urbana se encuentra bajo la línea de pobreza en el promedio del semestre marzo-agosto de 2026, lo que representa a unos 9,4 millones de personas.

Así las cosas, más de un millón de personas habrían pasado a la pobreza durante los últimos meses. Las razones: la política de ajuste de Javier Milei que impacta fuertemente sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

Aunque el gobierno insista con su relato de “consumo récord” la realidad va por otro lado. Mientras sube la pobreza, se acrecienta cada mes la mora en las deudas de millones de familias que como no llegan a fin de mes cubren sus gastos con la tarjeta de crédito o con préstamos de billeteras digitales como Mercado Pago, que cobran tasas muy caras.

Un proyecto de resolución del bloque peronista de senadores, firmado por Juliana di Tullio y Martín Soria, busca citar “de manera urgente al presidente del BCRA, Santiago Bausili” para informar el destino de las reservas de oro trasladadas al exterior en 2024 y eso actualizó una polémica por contradicciones en la información oficial.

El pasado 9 de septiembre, Bausili concurrió a la comisión de Economía Nacional y Presupuesto para informar sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA y fue consultado por los legisladores sobre el destino del oro.

Y es que, según denuncian, Bausili incurrió en falsedades al sostener que el oro trasladado se encuentra depositado en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) en Basilea, Suiza, cuando la documentación señalaría que el destino original fue el Bank of England, en Londres.

El BCRA había informado que las reservas embarcadas estaban en Inglaterra. Y, en un contexto en que el Gobierno decidió escalar la tensión con ese país por las Islas Malvinas, recrudecieron las dudas y preocupaciones al respecto.

“Se trasladó y se depositó en el BIS, en Suiza, que es donde sigue estando”, afirmó Bausili durante su exposición ante las comisiones del Senado.

Sin embargo, fuentes cercanas al BCRA explicaron a El Cronista que el oro está físicamente almacenado en Londres, en las bóvedas del Banco de Inglaterra, mientras que la titularidad o el depósito financiero está registrado en una cuenta del BIS, en Suiza. Así, ese organismo sería el responsable de la custodia o de la administración contable de la operación, aunque los lingotes no se encuentren materialmente en territorio suizo.

Ahogado por la caída del consumo y la recesión que su propio modelo generó, el Gobierno recurre a la receta tradicional que juró combatir: la presión fiscal sobre el sector productivo. La quita de incentivos y los aumentos en las alícuotas ahogan al motor del empleo nacional.

El dogma libertario volvió a estrellarse contra la dura realidad macroeconómica que atraviesa el país. Ante la dramática caída de la recaudación tributaria impulsada por el colapso del consumo interno y la parálisis industrial, la dupla conformada por Javier Milei y Luis Caputo decidió volver sobre sus pasos e incrementar la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas. La maniobra expone la falta de recursos de un Palacio de Hacienda obsesionado con sostener un superávit fiscal ficticio mediante el estrangulamiento de los sectores que generan trabajo real.

La decisión oficial de quitar exenciones, eliminar esquemas de financiamiento accesibles e incrementar la carga fiscal efectiva sobre el tejido pyme llega en el peor momento de la recesión. ahogadas por tarifazos desmedidos en los servicios públicos, la caída vertiginosa de las ventas y la Apertura indisciplinada de importaciones, las unidades productivas nacionales se ven ahora obligadas a destinar una porción aún mayor de sus reducidos ingresos a sostener la caja del Estado central.

El incremento impositivo oculta el verdadero drama de la gestión económica: la propia contracción de la actividad comercial licuó la base imponible del país, generando un círculo vicioso del que el Gabinete no logra salir. Para compensar los recursos que la economía real ya no genera debido al ahogo del bolsillo de las familias, el Poder Ejecutivo responde castigando a los contribuyentes que intentan mantener sus persianas abiertas y sus planteles de empleados contratados.

Esta arremetida fiscal tira por la borda las promesas de campaña de quita generalizada de impuestos y desregulación competitiva para los sectores privados. Lejos de promover un entorno favorable para la inversión, el gobierno de Milei consolida un esquema de ahogo que castiga a la producción nacional y acelera la pérdida de puestos de trabajo, demostrando que la mentira del “ajuste a la política” termina siendo pagada, una vez más, por las pymes y la clase trabajadora.

En un durísimo editorial, la emblemática publicación liberal británica cuestionó la agresividad del Presidente, alertó sobre la dramática caída de los salarios y el empleo, y advirtió que el “experimento” libertario corre riesgo de naufragar en 2027 si insiste con el ajuste a ciegas.

El relato triunfalista del Palacio de Hacienda acaba de sufrir un durísimo golpe de gracia desde el lugar menos esperado. El prestigioso semanario británico The Economist, faro histórico del pensamiento liberal internacional, dedicó una severa editorial a la gestión de Javier Milei bajo una premisa categórica: la Argentina “necesita menos gritos y más crecimiento”. La nota desarma la narrativa oficialista y expone que la pirotecnia verbal del Presidente no alcanza para disimular la profunda parálisis económica que atraviesa el país.

El análisis de la revista inglesa puso el foco en la creciente angustia social provocada por el programa de gobierno, señalando que la pérdida del poder adquisitivo y la destrucción de puestos de trabajo han desplazado a la inflación como la principal preocupación de las familias trabajadoras. Para el medio liberal, la falta de empatía de Milei frente al costo social del ajuste y su constante inclinación a la confrontación mediática reducen significativamente el margen político para sostener su plan económico en el tiempo.

Asimismo, el artículo advierte sobre las contradicciones macroeconómicas de la gestión libertaria, criticando la permanencia de los controles de cambio y las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario para contener artificialmente las divisas. Según la publicación, el afán por controlar la brecha mediante la imposición de torniquetes financieros demuestra que el discurso de libertad de mercado se estrella contra la necesidad desesperada de evitar una corrida inflacionaria de cara a las próximas etapas electorales.

El diagnóstico del medio británico concluye con un presagio que enciende las alarmas en el Gabinete: de no revertir la recesión ni generar puestos de trabajo reales, el “experimento liberal” de Milei se encamina a un rechazo masivo en las urnas que le pondrá punto final a su proyecto político en 2027. La crítica lapidaria demuestra que ni siquiera los sectores económicos más alineados con el libre mercado respaldan un esquema que dogmatiza la miseria y basa su gobernabilidad en el insulto y el ahogo social.

Corporación América presiona para blindar su monopolio sobre las terminales aéreas del país. El estrecho vínculo histórico del Presidente con el grupo económico facilita una maniobra que pretende perpetuar el negocio privado a costa del patrimonio público.

La administración de Javier Milei vuelve a dar muestras de la permeabilidad del Estado frente a los intereses de los grandes grupos concentrados de la economía. Corporación América, el holding comandado por la familia Eurnekian, desplegó una silenciosa pero agresiva estrategia para garantizar la prórroga indefinida y la extensión de las concesiones aeroportuarias que administra en todo el territorio nacional. La maniobra busca petrificar un esquema monopólico sobre el transporte aéreo antes de que vencen los plazos legales vigentes.

El impulso a estas pretensiones empresariales no resulta casual en el mapa político actual. El propio Presidente de la Nación construyó su carrera profesional y mediática como empleado estrella del grupo Eurnekian, mientras que diversos funcionarios de primera línea en el Gabinete libertario registran un pasado reciente en las filas del holding armenio-argentino. Esta captura de los resortes estatales por parte de antiguos ejecutivos corporativos allana el camino para resoluciones a medida de los sectores concentrados.

Desde la oposición y sectores especializados en regulación de servicios públicos advierten sobre las graves irregularidades que implica otorgar beneficios de extensión contractual sin compulsas ni licitaciones transparentes. Garantizar la explotación de las terminales aéreas sin exigencias de inversión acordes ni controles estatales efectivos perpetúa tarifas elevadas para los usuarios y resigna soberanía sobre la infraestructura estratégica del transporte del país.

La sobreactuación del Gobierno a favor de Corporación América contrasta de manera grosera con el discurso de la “libre competencia” y la “desregulación” que el oficialismo agita ante la opinión pública. Mientras se promueve la privatización de empresas estatales y la desprotección del mercado interno, la Casa Rosada consagra un capitalismo de amigos donde los monopolios privados alineados con el Poder Ejecutivo obtienen prebendas y concesiones a medida.

Ante la negativa de Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario e ignorar las cautelares judiciales, la casa de altos estudios traslada sus aulas y hospitales a las puertas del Ministerio de Economía en una contundente jornada de protesta.

En el marco del sistemático ahogo presupuestario impulsado por el gobierno libertario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) desplegará este martes una histórica jornada de visibilización frente a la Plaza de Mayo y las puertas del Ministerio de Economía. A lo largo de todo el día, profesionales, docentes y estudiantes de las distintas facultades instalarán puestos de atención de salud gratuitos y dictarán clases magistrales públicas para exponer el valor de la universidad nacional y denunciar el desmantelamiento del sistema científico y educativo.

La medida de fuerza constituye un reclamo directo contra el incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada y la sistemática desobediencia oficialista ante los fallos judiciales que le exigen restituir las partidas presupuestarias. Desde las primeras horas de la mañana y hasta la medianoche, la comunidad universitaria ofrecerá servicios médicos de prevención, controles odontológicos, asesoramiento técnico y talleres comunitarios, demostrando en pleno centro porteño el rol social insustituible que el Gobierno pretende achicar.

Las autoridades de la UBA y los gremios de la educación superior remarcaron que el estrangulamiento de los recursos operativos y la licuación de los salarios docentes ubicaron a las instituciones en un límite operativo inédito. La paralización de obras edilicias, el desabastecimiento de insumos básicos en los hospitales universitarios y la constante descalificación discursiva ejercida desde los despachos oficiales obligaron a trasladar la docencia y el compromiso social directamente a la calle.

La protesta pacífica en la Plaza de Mayo busca interpelar de manera frontal al Palacio de Hacienda, donde la política de déficit cero se ejecuta mediante el estrangulamiento de las instituciones emblemáticas del país. La masiva respuesta institucional demuestra que la comunidad académica mantendrá la lucha por la educación pública, gratuita y de calidad, utilizando el conocimiento y el servicio a la sociedad como la herramienta de resistencia más contundente frente al modelo de ajuste fiscal.

Los abogados de la expresidenta convocaron a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Denuncian ocho violaciones graves a las garantías constitucionales e inhabilitación política deliberada.

El equipo jurídico de Cristina Fernández de Kirchner, integrado por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dará a conocer novedades de alto impacto respecto a la presentación efectuada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio se centra en los avances del recurso internacional interpuesto para revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las severas restricciones impuestas a su prisión domiciliaria, las cuales configuran una abierta proscripción política impulsada por el entramado judicial-mediático en articulación con el escenario político actual.

La estrategia defensiva ante el organismo internacional documenta un total de ocho violaciones sistemáticas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los puntos centrales expuestos en el escrito, los letrados argumentaron que se vulneraron el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el principio de presunción de inocencia y el derecho a un recurso judicial efectivo, en el marco de un proceso viciado de nulidades donde jueces y fiscales mantuvieron inocultables vínculos con dirigentes de la oposición.

Asimismo, la defensa cuestionó la aberración técnica de la condena en la causa Vialidad, donde se le atribuyó a la exmandataria la responsabilidad sobre actos administrativos ajenos a sus facultades constitucionales, fundamentando el fallo en la firma del Decreto 54/2009, que paradójicamente continúa plenamente vigente. La presentación ante las Naciones Unidas enfatiza que el objetivo de fondo del proceso no fue la búsqueda de justicia, sino la exclusión deliberada de la principal referente de la oposición del mapa electoral argentino.

La decisión de acudir a los tribunales internacionales expone internacionalmente la crisis de legitimidad del Poder Judicial argentino y desafía el intento del gobierno libertario por naturalizar la persecución a opositores. Frente a un sistema local cooptado que convalida la proscripción, la revisión por parte de la ONU busca sentar un precedente fundamental para la restitución de las garantías democráticas y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

Militares de Estados Unidos realizan actividades de entrenamiento junto al BIM 4 en Ushuaia y crece la preocupación por la falta de información oficial sobre su despliegue. Martín Pérez reclamó explicaciones y advirtió que el Congreso debe determinar si existe autorización para el ingreso y permanencia de tropas extranjeras.

La presencia de militares estadounidenses en Tierra del Fuego y su participación en ejercicios junto a efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4) encendió una fuerte señal de alarma en torno al control político y constitucional sobre el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino.

Imágenes y publicaciones difundidas en las últimas horas expusieron la participación de efectivos vinculados al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en actividades de entrenamiento en Ushuaia. Sin embargo, hasta el momento no se conoció una comunicación oficial de la Armada Argentina que detalle públicamente el alcance, las características y el encuadre legal de estas operaciones.

Según la información difundida por medios especializados, pequeños contingentes de entre 20 y 30 militares estadounidenses estarían realizando rotaciones en Tierra del Fuego, participando junto al BIM 4 de actividades de reconocimiento y entrenamiento en valles, zonas montañosas y glaciares de la provincia.

A esto se suma el supuesto movimiento y recambio periódico de equipamiento y personal militar estadounidense en Ushuaia, un esquema que, de confirmarse, implicaría algo más que una actividad aislada y plantea interrogantes sobre la naturaleza y duración de esta presencia.

La principal preocupación radica precisamente en bajo qué autorización se están desarrollando estas actividades. No se informó públicamente, al menos hasta el momento, la cantidad exacta de efectivos desplegados, las unidades estadounidenses involucradas, la duración de los operativos, el tipo de entrenamiento realizado ni el instrumento legal que habilita su presencia en territorio nacional.

La pregunta que apunta al Congreso

Frente a este escenario, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó públicamente explicaciones al Gobierno nacional y planteó que sea el Congreso de la Nación el que determine si la presencia de personal militar extranjero cumple con las exigencias establecidas por la Constitución.

“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, cuestionó Pérez.

El intendente también reclamó que el Poder Ejecutivo informe con precisión sobre la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y pidió que el Congreso ejerza sus facultades de control para determinar si existe un eventual incumplimiento constitucional.

El planteo tiene como eje el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales. A su vez, la Ley 25.880 establece el marco legal relacionado con el ingreso y egreso de tropas extranjeras.

Por eso, la cuestión central no pasa solamente por la realización de un ejercicio de cooperación militar, sino por determinar qué autorización existe, quién la otorgó, bajo qué condiciones y si fue sometida al control parlamentario correspondiente.

Tierra del Fuego, territorio estratégico

La situación adquiere una dimensión todavía mayor por el lugar donde se desarrolla. Tierra del Fuego y Ushuaia constituyen un área estratégica para la Argentina, tanto por su ubicación geopolítica como por su proximidad a la Antártida, el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

En ese contexto, la presencia de personal militar de Estados Unidos junto a unidades argentinas genera interrogantes que exceden el entrenamiento operativo y alcanzan directamente a la soberanía, el control territorial y la conducción de la política de Defensa.

Pérez también vinculó el episodio con la decisión del Gobierno nacional de retomar las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El intendente respaldó la importancia estratégica de esa infraestructura, pero advirtió contra cualquier posibilidad de que su recuperación termine asociada a una presencia militar extranjera permanente o a una utilización de instalaciones argentinas por parte de otras potencias.

“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi tres años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.

Y fue todavía más contundente al reclamar que la infraestructura permanezca bajo control nacional:

“Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”.

La discusión, de este modo, queda planteada en términos institucionales: si existen tropas extranjeras realizando ejercicios en Tierra del Fuego, el Gobierno nacional debe explicar públicamente bajo qué marco fueron autorizadas y el Congreso debe determinar si se cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente.

La falta de información oficial sobre un asunto que involucra directamente a personal militar de una potencia extranjera en uno de los territorios más estratégicos del país alimenta, mientras tanto, una preocupación de fondo: que decisiones vinculadas con la defensa y la soberanía nacional puedan avanzar sin el debido control parlamentario.