Jorge Julio López, un albañil procedente de Los Hornos, desapareció un lunes 18 de septiembre de 2006, día en que planeaba asistir a la lectura de los alegatos finales del juicio de lesa humanidad que se llevaba adelante en la sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal, proceso que tenía al comisario general Miguel Etchecolatz entre los principales acusados. Desapareció sin dejar rastro alguno. Este viernes, se cumplen 20 años de su ausencia y la causa que investiga las circunstancias del hecho, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, sigue sin tener avances importantes, en una causa que se convirtió en una de las mayores deudas de la democracia Argentina moderna.
Para entender la importancia del hecho, hay que remontarse a más de 20 años atrás. Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por iniciativa del por entonces presidente, Néstor Kirchner en 2003, el país levantó la bandera de los derechos humanos y se iniciaron cientos de procesos judiciales contra represores.
López se presentó a declarar en uno de ellos, el que tenía a Etchecolatz en el centro, el 28 de junio de 2006, para relatar lo que había visto, oído y sufrido durante la última dictadura cívico-militar argentina. Su testimonio fue uno de los más impactantes de todo el proceso y, según, destacó el propio Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, su voz fue crucial para avanzar en la causa. Casi dos meses después, Jorge Julio López fue desaparecido nuevamente, en una Argentina muy distinta a la de 1976.
El testimonio de Julio López
Jorge Julio López tenía 46 años cuando fue secuestrado por grupos de tareas de la última dictadura. Albañil y militante peronista, permaneció detenido ilegalmente y fue torturado durante casi seis meses en distintos centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires.
El primer secuestro ocurrió en la noche del 27 de octubre de 1976, durante un operativo realizado en Los Hornos contra militantes peronistas. Los grupos de tareas estaban encabezados por Etchecolatz, entonces director de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
Durante su primera desaparición pasó por cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. En esos lugares fue torturado y presenció asesinatos.
Se cruzó con las víctimas de La Noche de los Lápices, a quienes los represores llamaban “los subversivos de los boletos baratos”. Entre los compañeros de la Unidad Básica cuyos asesinatos fue testigo eestaban Juan Pablo Maestre, Norberto Rodas, Ambrosio De Marco y Patricia Dell’Orto.
El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de su secuestro, López fue “blanqueado” y puesto “a disposición del Poder Ejecutivo” en la Unidad 9 de La Plata. Permaneció allí hasta el 25 de junio de 1979, cuando fue liberado.
El testimonio contra Etchecolatz
Los vejámenes y crímenes ocurridos durante aquellos meses de detención clandestina fueron relatados por López casi tres décadas después ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata. En su relato, reconoció a Etchecolatz como uno de los represores que lo habían torturado y lo señaló como responsable del asesinato de Patricia Dell’Orto.
El 19 de septiembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua.
“Patricia le gritaba: ‘¡No me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija!’, y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algún día encuentran el cadáver o la cabeza, que tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Buum otro tiro”, contó ante los jueces mientras señalaba con un dedo el centro de su frente.
Durante el relato se mostró emocionado y por momentos tembloroso, pero mantuvo su decisión de contar lo que había presenciado. En uno de los pasajes más fuertes de la declaración recordó: “Pensé: ‘Si un día salgo y lo encuentro a Etchecolatz, yo lo voy a matar’. Así pensaba, pero después me dije, qué voy a matar a una porquería como esa, a un asesino serial. Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza”.
La segunda desaparición y las primeras hipótesis
El 18 de septiembre de 2006, López desapareció nuevamente. La causa, identificada como expediente N.º 16.060 FLP 509/2008 y caratulada “López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona”, acumula más de 50 cuerpos y otros tantos anexos, con miles de fojas, pero aún no tiene avances certeros.
El expediente pasó por cinco jueces y actualmente tramita ante el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata. Desde 2009, la investigación está delegada por decisión de la Procuración General de la Nación en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, dedicada exclusivamente a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Desde agosto de 2018 está a cargo del fiscal Hernán Schapiro.
Una de las principales hipótesis, y la que se mantuvo a lo largo del tiempo, fue que López había sido víctima de una desaparición forzada como represalia por su testimonio contra Etchecolatz. En ese marco, la posible participación de sectores policiales vinculados con la dictadura se convirtió en una de las líneas centrales.
En 2014, durante el veredicto contra Etchecolatz por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, el represor tuvo una última burla y mostró un papel que tenía en sus manos con el nombre “Jorge Julio López” y la palabra “secuestrar”.
El represor escribió el nombre de Jorge Julio López mientras se daba lectura a un juicio por delitos de lesa humanidad en su contra.
Pese a ese episodio y a otras pistas que lo señalaban como principal sospechoso, la Justicia no logró probar que Etchecolatz hubiera sido responsable de la desaparición.
Si nos remontamos a los primeros días, la Justicia analizó otras posibilidades. La propia familia consideró que López podía haber sufrido una descompensación o un episodio de desorientación provocado por la experiencia del juicio y su enfrentamiento con Etchecolatz. Se planteó incluso la posibilidad de que se hubiera retirado voluntariamente y que su desaparición no estuviera relacionada con un hecho criminal.
En ese contexto, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, minimizó públicamente la situación y dijo que López “podría ‘estar tomando el té en la casa de la tía’”. La posibilidad de un repliegue personal o incluso de un suicidio tampoco permitió explicar qué había ocurrido con él.
Cinco días después de la desaparición, la Policía Bonaerense realizó un rastrillaje en Atalaya, partido de Magdalena. El operativo estuvo a cargo de cinco policías: tres integrantes de la División Canes y dos efectivos de la Comisaría 3ª de Los Hornos, bajo las órdenes del capitán Eduardo Zaffino.
Se movilizaron en un vehículo sin identificación y vestidos de civil. Según declararon los propios policías, los perros siguieron un recorrido desde la ruta hasta la vivienda de Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya.
El procedimiento, sin embargo, no continuó como estaba previsto. Los policías se pusieron a merendar en la vivienda del delegado mientras los perros permanecieron afuera. Después retiraron a los animales y, sin labrar un acta, dejaron a dos efectivos de guardia.
Los perros habían reconocido prendas y un colchón con rastros de López dentro de la vivienda. Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido. Los efectivos atribuyeron la decisión a “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. También se denunciaron irregularidades similares en materiales surgidos de otras investigaciones paralelas realizadas por la Policía Bonaerense.
Otra pista fue obtenida durante una requisa en Marcos Paz, cuando fue secuestrada una agenda perteneciente a Etchecolatz. Entre sus anotaciones aparecían los datos de Susana Beatriz Gopar, una policía bonaerense que continuaba en actividad.
Gopar había trabajado en Interpol durante la dictadura y vivía a cinco cuadras de la casa de López. Un vecino declaró haber visto a López durante la mañana de su desaparición “entre la verdulería y Edelap”, en la calle 66, entre 137 y 138. Lo describió parado de espaldas a la calle y mirando hacia las fachadas, como si estuviera buscando algo.
La dirección coincidía con la vivienda de Gopar. Además, ella integraba el grupo de 9000 agentes de la Policía Bonaerense que habían trabajado durante la dictadura y continuaban activos cuando López desapareció por segunda vez.
En septiembre de 2007, Gopar fue citada a declarar ante el Juicio por la Verdad. Allí sostuvo: “No fui secretaria de Etchecolatz”. También afirmó que había estado “muy poco en la dirección de Investigaciones” y que había “vivido con carpetas médicas”. Aseguró además que no conocía al represor.
Cuando le preguntaron cómo había obtenido su número telefónico, respondió: “No sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé”. La querella pidió allanar la vivienda de Gopar, pero el juez Corazza y el fiscal Sergio Franco no avanzaron con esa medida.
A fines de 2008, la pista volvió a activarse. Parte de las escuchas realizadas por la PSA fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, conocida como “Ojota”, para limpiar el audio, pero nunca fueron devueltas. También fue intervenido el correo electrónico de Gopar. Allí apareció información relacionada con el centro clandestino de detención de Arana, aunque la investigación no avanzó. Finalmente, Gopar se mudó de su vivienda de Los Hornos sin que se realizara ningún allanamiento.
La nueva línea de investigación
Después de cuatro años sin reunirse, Rubén López y su abogado, Alfredo Gascón, fueron convocados el viernes último por el fiscal Schapiro, según consignó el periodista Pablo Morosi. Durante el encuentro, el funcionario judicial informó que la depuración y el cotejo de registros comenzaron a arrojar datos de interés que podrían permitir identificar a determinadas personas y abrir una nueva línea de investigación. Los nombres surgidos de ese análisis se mantienen bajo reserva.
Hoy, la investigación se concentra en depurar llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006, con más de 10 millones de llamadas como posibles pruebas. Además, se mantiene vigente una recompensa ofrecida por la Provincia de Buenos Aires, que pasó de 5 a 10 millones de pesos.
A la par, continúa activo el mecanismo de identificación de López entre los cuerpos NN de todo el país, vigente desde 2006. En ese trabajo participan la Unidad Fiscal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
A 20 años de su segunda desaparición, la causa continúa abierta. La depuración de registros busca establecer qué ocurrió con Jorge Julio López y quiénes pudieron haber intervenido en su desaparición, para dar respuesta a una de las causas pendientes más importantes de la democracia argentina.