En medio de fuertes tensiones internas por los recortes a la discapacidad en el Presupuesto, la senadora utilizÃģ una canciÃģn de la artista enfrentada con Javier Milei para enviar un mensaje a la Casa Rosada. La sobreactuaciÃģn en redes vuelve a exponer las grietas y la falta de coordinaciÃģn en el oficialismo.
La interna dentro del ecosistema libertario sumÃģ un episodio tan insÃģlito como revelador de las dinÃĄmicas superficiales que dominan la polÃtica oficial. Tras manifestar pÚblicamente su enojo por modificaciones de Último momento en el Presupuesto 2027 que afectan al sector de discapacidad sin consulta previa, la senadora Patricia Bullrich difundiÃģ un peculiar video en sus redes sociales utilizando de fondo el tema “No me importa” de Lali EspÃģsito. La elecciÃģn del tema no fue casual: eligiÃģ a la referente cultural sistemÃĄticamente hostigada por el propio Presidente para escenificar su descontento.
El trasfondo del episodio expone el nivel de improvisaciÃģn y desconexiÃģn con el que el Poder Ejecutivo elabora las leyes de mayor impacto social. Bullrich admitiÃģ en declaraciones radiales que se enterÃģ de la derogaciÃģn parcial de leyes clave para las prestaciones bÃĄsicas en discapacidad cuando el proyecto ya habÃa ingresado al Congreso, advirtiendo que este tipo de “errores no forzados” y la falta de diÃĄlogo terminan haciendo quedar a los propios legisladores oficialistas “como tontos o mentirosos” ante la sociedad.
Lejos de encauzar las discusiones de forma institucional, las disputas de poder dentro del bloque gobernante terminan resolviÃĐndose a travÃĐs de chicanas digitales, guiÃąos en redes sociales y provocaciones infantiles. Mientras los sectores mÃĄs vulnerables sufren el impacto directo del ajuste y la incertidumbre por la quita de prestaciones asistenciales, las principales figuras del armado libertario se dedican a enviarse mensajes encriptados mediante listas de reproducciÃģn y posteos virales.
Esta escenografÃa pone en evidencia las profundas grietas de un Gobierno que no solo impone polÃticas de desmantelamiento social, sino que es incapaz de articular consensos con sus propios aliados. La utilizaciÃģn de las redes como campo de batalla interno muestra a una dirigencia centrada en el espectÃĄculo mediÃĄtico y el fuego amigo, totalmente disociada de las urgencias concretas que atraviesa el paÃs.
Jorge Julio LÃģpez, un albaÃąil procedente de Los Hornos, desapareciÃģ un lunes 18 de septiembre de 2006, dÃa en que planeaba asistir a la lectura de los alegatos finales del juicio de lesa humanidad que se llevaba adelante en la sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal, proceso que tenÃa al comisario general Miguel Etchecolatz entre los principales acusados. DesapareciÃģ sin dejar rastro alguno. Este viernes, se cumplen 20 aÃąos de su ausencia y la causa que investiga las circunstancias del hecho, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, sigue sin tener avances importantes, en una causa que se convirtiÃģ en una de las mayores deudas de la democracia Argentina moderna.
Para entender la importancia del hecho, hay que remontarse a mÃĄs de 20 aÃąos atrÃĄs. Tras la derogaciÃģn de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por iniciativa del por entonces presidente, NÃĐstor Kirchner en 2003, el paÃs levantÃģ la bandera de los derechos humanos y se iniciaron cientos de procesos judiciales contra represores.
LÃģpez se presentÃģ a declarar en uno de ellos, el que tenÃa a Etchecolatz en el centro, el 28 de junio de 2006, para relatar lo que habÃa visto, oÃdo y sufrido durante la Última dictadura cÃvico-militar argentina. Su testimonio fue uno de los mÃĄs impactantes de todo el proceso y, segÚn, destacÃģ el propio Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, su voz fue crucial para avanzar en la causa. Casi dos meses despuÃĐs, Jorge Julio LÃģpez fue desaparecido nuevamente, en una Argentina muy distinta a la de 1976.
El testimonio de Julio LÃģpez
Jorge Julio LÃģpez tenÃa 46 aÃąos cuando fue secuestrado por grupos de tareas de la Última dictadura. AlbaÃąil y militante peronista, permaneciÃģ detenido ilegalmente y fue torturado durante casi seis meses en distintos centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires.
El primer secuestro ocurriÃģ en la noche del 27 de octubre de 1976, durante un operativo realizado en Los Hornos contra militantes peronistas. Los grupos de tareas estaban encabezados por Etchecolatz, entonces director de Investigaciones de la PolicÃa Bonaerense.
Durante su primera desapariciÃģn pasÃģ por cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la ComisarÃa Quinta y la ComisarÃa Octava. En esos lugares fue torturado y presenciÃģ asesinatos.
Se cruzÃģ con las vÃctimas de La Noche de los LÃĄpices, a quienes los represores llamaban âlos subversivos de los boletos baratosâ. Entre los compaÃąeros de la Unidad BÃĄsica cuyos asesinatos fue testigo eestaban Juan Pablo Maestre, Norberto Rodas, Ambrosio De Marco y Patricia DellâOrto.
El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco dÃas despuÃĐs de su secuestro, LÃģpez fue âblanqueadoâ y puesto âa disposiciÃģn del Poder Ejecutivoâ en la Unidad 9 de La Plata. PermaneciÃģ allà hasta el 25 de junio de 1979, cuando fue liberado.
El testimonio contra Etchecolatz
Los vejÃĄmenes y crÃmenes ocurridos durante aquellos meses de detenciÃģn clandestina fueron relatados por LÃģpez casi tres dÃĐcadas despuÃĐs ante el Tribunal Oral Federal N.š 1 de La Plata. En su relato, reconociÃģ a Etchecolatz como uno de los represores que lo habÃan torturado y lo seÃąalÃģ como responsable del asesinato de Patricia DellâOrto.
El 19 de septiembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.š 1 de La Plata condenÃģ a Etchecolatz a reclusiÃģn perpetua.
âPatricia le gritaba: âÂĄNo me maten, llÃĐvenme a una cÃĄrcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija!â, y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algÚn dÃa encuentran el cadÃĄver o la cabeza, que tiene el tiro metido de acÃĄ y le sale por acÃĄ. Buum otro tiroâ, contÃģ ante los jueces mientras seÃąalaba con un dedo el centro de su frente.
Durante el relato se mostrÃģ emocionado y por momentos tembloroso, pero mantuvo su decisiÃģn de contar lo que habÃa presenciado. En uno de los pasajes mÃĄs fuertes de la declaraciÃģn recordÃģ: âPensÃĐ: âSi un dÃa salgo y lo encuentro a Etchecolatz, yo lo voy a matarâ. Asà pensaba, pero despuÃĐs me dije, quÃĐ voy a matar a una porquerÃa como esa, a un asesino serial. Etchecolatz personalmente dirigiÃģ esa matanzaâ.
La segunda desapariciÃģn y las primeras hipÃģtesis
El 18 de septiembre de 2006, LÃģpez desapareciÃģ nuevamente. La causa, identificada como expediente N.š 16.060 FLP 509/2008 y caratulada âLÃģpez, Jorge Julio s/desapariciÃģn forzada de personaâ, acumula mÃĄs de 50 cuerpos y otros tantos anexos, con miles de fojas, pero aÚn no tiene avances certeros.
El expediente pasÃģ por cinco jueces y actualmente tramita ante el Juzgado Federal N.š 1 de La Plata. Desde 2009, la investigaciÃģn estÃĄ delegada por decisiÃģn de la ProcuraciÃģn General de la NaciÃģn en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, dedicada exclusivamente a crÃmenes de lesa humanidad cometidos durante la Última dictadura. Desde agosto de 2018 estÃĄ a cargo del fiscal HernÃĄn Schapiro.
Una de las principales hipÃģtesis, y la que se mantuvo a lo largo del tiempo, fue que LÃģpez habÃa sido vÃctima de una desapariciÃģn forzada como represalia por su testimonio contra Etchecolatz. En ese marco, la posible participaciÃģn de sectores policiales vinculados con la dictadura se convirtiÃģ en una de las lÃneas centrales.
En 2014, durante el veredicto contra Etchecolatz por los crÃmenes cometidos en el centro clandestino de detenciÃģn La Cacha, el represor tuvo una Última burla y mostrÃģ un papel que tenÃa en sus manos con el nombre âJorge Julio LÃģpezâ y la palabra âsecuestrarâ.
El represor escribiÃģ el nombre de Jorge Julio LÃģpez mientras se daba lectura a un juicio por delitos de lesa humanidad en su contra.
Pese a ese episodio y a otras pistas que lo seÃąalaban como principal sospechoso, la Justicia no logrÃģ probar que Etchecolatz hubiera sido responsable de la desapariciÃģn.
Si nos remontamos a los primeros dÃas, la Justicia analizÃģ otras posibilidades. La propia familia considerÃģ que LÃģpez podÃa haber sufrido una descompensaciÃģn o un episodio de desorientaciÃģn provocado por la experiencia del juicio y su enfrentamiento con Etchecolatz. Se planteÃģ incluso la posibilidad de que se hubiera retirado voluntariamente y que su desapariciÃģn no estuviera relacionada con un hecho criminal.
En ese contexto, el entonces ministro del Interior, AnÃbal FernÃĄndez, minimizÃģ pÚblicamente la situaciÃģn y dijo que LÃģpez âpodrÃa âestar tomando el tÃĐ en la casa de la tÃaââ. La posibilidad de un repliegue personal o incluso de un suicidio tampoco permitiÃģ explicar quÃĐ habÃa ocurrido con ÃĐl.
Cinco dÃas despuÃĐs de la desapariciÃģn, la PolicÃa Bonaerense realizÃģ un rastrillaje en Atalaya, partido de Magdalena. El operativo estuvo a cargo de cinco policÃas: tres integrantes de la DivisiÃģn Canes y dos efectivos de la ComisarÃa 3Š de Los Hornos, bajo las Ãģrdenes del capitÃĄn Eduardo Zaffino.
Se movilizaron en un vehÃculo sin identificaciÃģn y vestidos de civil. SegÚn declararon los propios policÃas, los perros siguieron un recorrido desde la ruta hasta la vivienda de RubÃĐn DarÃo Durso, delegado municipal de Atalaya.
El procedimiento, sin embargo, no continuÃģ como estaba previsto. Los policÃas se pusieron a merendar en la vivienda del delegado mientras los perros permanecieron afuera. DespuÃĐs retiraron a los animales y, sin labrar un acta, dejaron a dos efectivos de guardia.
Los perros habÃan reconocido prendas y un colchÃģn con rastros de LÃģpez dentro de la vivienda. Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido. Los efectivos atribuyeron la decisiÃģn a âlo tupido de la vegetaciÃģn y la oscuridad reinanteâ. TambiÃĐn se denunciaron irregularidades similares en materiales surgidos de otras investigaciones paralelas realizadas por la PolicÃa Bonaerense.
Otra pista fue obtenida durante una requisa en Marcos Paz, cuando fue secuestrada una agenda perteneciente a Etchecolatz. Entre sus anotaciones aparecÃan los datos de Susana Beatriz Gopar, una policÃa bonaerense que continuaba en actividad.
Gopar habÃa trabajado en Interpol durante la dictadura y vivÃa a cinco cuadras de la casa de LÃģpez. Un vecino declarÃģ haber visto a LÃģpez durante la maÃąana de su desapariciÃģn âentre la verdulerÃa y Edelapâ, en la calle 66, entre 137 y 138. Lo describiÃģ parado de espaldas a la calle y mirando hacia las fachadas, como si estuviera buscando algo.
La direcciÃģn coincidÃa con la vivienda de Gopar. AdemÃĄs, ella integraba el grupo de 9000 agentes de la PolicÃa Bonaerense que habÃan trabajado durante la dictadura y continuaban activos cuando LÃģpez desapareciÃģ por segunda vez.
En septiembre de 2007, Gopar fue citada a declarar ante el Juicio por la Verdad. Allà sostuvo: âNo fui secretaria de Etchecolatzâ. TambiÃĐn afirmÃģ que habÃa estado âmuy poco en la direcciÃģn de Investigacionesâ y que habÃa âvivido con carpetas mÃĐdicasâ. AsegurÃģ ademÃĄs que no conocÃa al represor.
Cuando le preguntaron cÃģmo habÃa obtenido su nÚmero telefÃģnico, respondiÃģ: âNo sÃĐ, a mi casa no llamÃģ y eso puede constatarlo por mi nÚmero, ni yo lo llamÃĐ”. La querella pidiÃģ allanar la vivienda de Gopar, pero el juez Corazza y el fiscal Sergio Franco no avanzaron con esa medida.
A fines de 2008, la pista volviÃģ a activarse. Parte de las escuchas realizadas por la PSA fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, conocida como âOjotaâ, para limpiar el audio, pero nunca fueron devueltas. TambiÃĐn fue intervenido el correo electrÃģnico de Gopar. Allà apareciÃģ informaciÃģn relacionada con el centro clandestino de detenciÃģn de Arana, aunque la investigaciÃģn no avanzÃģ. Finalmente, Gopar se mudÃģ de su vivienda de Los Hornos sin que se realizara ningÚn allanamiento.
La nueva lÃnea de investigaciÃģn
DespuÃĐs de cuatro aÃąos sin reunirse, RubÃĐn LÃģpez y su abogado, Alfredo GascÃģn, fueron convocados el viernes Último por el fiscal Schapiro, segÚn consignÃģ el periodista Pablo Morosi. Durante el encuentro, el funcionario judicial informÃģ que la depuraciÃģn y el cotejo de registros comenzaron a arrojar datos de interÃĐs que podrÃan permitir identificar a determinadas personas y abrir una nueva lÃnea de investigaciÃģn. Los nombres surgidos de ese anÃĄlisis se mantienen bajo reserva.
Hoy, la investigaciÃģn se concentra en depurar llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006, con mÃĄs de 10 millones de llamadas como posibles pruebas. AdemÃĄs, se mantiene vigente una recompensa ofrecida por la Provincia de Buenos Aires, que pasÃģ de 5 a 10 millones de pesos.
A la par, continÚa activo el mecanismo de identificaciÃģn de LÃģpez entre los cuerpos NN de todo el paÃs, vigente desde 2006. En ese trabajo participan la Unidad Fiscal, el Sistema Federal de BÚsqueda de Personas Desaparecidas, el Equipo Argentino de AntropologÃa Forense y la ProcuradurÃa de Trata y ExplotaciÃģn de Personas.
A 20 aÃąos de su segunda desapariciÃģn, la causa continÚa abierta. La depuraciÃģn de registros busca establecer quÃĐ ocurriÃģ con Jorge Julio LÃģpez y quiÃĐnes pudieron haber intervenido en su desapariciÃģn, para dar respuesta a una de las causas pendientes mÃĄs importantes de la democracia argentina.
El deterioro de la capacidad de pago de las familias empezÃģ a golpear de lleno en los balances de las empresas que financian el consumo. Si la gente no paga, es un problema. Por ejemplo, La AnÃģnima perdiÃģ $41.151 millones en su negocio financiero durante el Último ejercicio, afectada por un salto de la incobrabilidad de Tarjetas del Mar, la sociedad que administra la tarjeta propia de la cadena de supermercados.
El resultado expone el impacto empresario de un problema que se profundizÃģ durante los Últimos meses: la mora de las familias llegÃģ al 12,8% en junio y alcanzÃģ el nivel mÃĄs alto de la serie que el Banco Central publica desde 2010. La suba comenzÃģ en noviembre de 2024 y desde entonces avanzÃģ prÃĄcticamente sin interrupciones, con las tarjetas de crÃĐdito entre los segmentos mÃĄs afectados. Mientras, el gobierno de Javier Milei insiste en que la mora es un problema “de cada endeudor, nadie los obligÃģ”…
En el caso de La AnÃģnima, el impacto fue particularmente fuerte. Los cargos por deudores incobrables de Tarjetas del Mar saltaron de $13.297 millones a $48.675 millones en tÃĐrminos comparables, lo que implica un incremento real del 266%.
El deterioro de la cartera terminÃģ por comerse el negocio financiero de la compaÃąÃa. Tarjetas del Mar obtuvo ingresos netos por $26.197 millones, por encima de los $18.931 millones del ejercicio anterior, pero esa mejora quedÃģ completamente neutralizada por el aumento de la incobrabilidad y los $14.258 millones destinados a gastos comerciales y administrativos.
El presidente Javier Milei echÃģ a casi todo el personal civil de la Quinta de Olivos furioso porque uno de sus perros se descompuso y se filtrÃģ que el gobierno gastÃģ mÃĄs de 500 millones de pesos en comprar carne para el Presidente y sus funcionarios.
La explicaciÃģn oficial es que se trata de un cambio en la seguridad de Milei, pero esto no explica por quÃĐ se despidiÃģ a personal civil que viene trabajando con presidentes hace dÃĐcadas, reseÃąaron diferentes medios. El delirio del presidente ya es total: ÂŋestÃĄ bien?
Milei enfureciÃģ cuando vio la filtraciÃģn de la compra de 29 toneladas de carne por un valor de 500 millones de pesos, a una empresa ligada a su hermana Karina. Total normalidad.
En medio del escÃĄndalo, Milei dispuso el despido hasta del jardinero, que habÃa sido nombrado como intendente de la residencia. Solo quedan el electricista y cuatro civiles mÃĄs, a los que por ahora no les buscÃģ reemplazo pero temen por su fuente laboral.
La denuncia apunta a posibles sobresueldos, falsos viÃĄticos, cobros fantasmas y utilizaciÃģn de CUIL de personas retiradas. La Justicia investiga quiÃĐnes participaron y cuÃĄl fue el destino de los fondos.
El escÃĄndalo que sacude a la Armada suma nuevos elementos y pone bajo la lupa un mecanismo de pago que habrÃa permitido canalizar al menos $1.270 millones en acreditaciones presuntamente irregulares durante varios aÃąos. La informaciÃģn fue difundida por la periodista Cecilia Boufflet en el programa WiFi y ya forma parte de una investigaciÃģn judicial que busca determinar el alcance de las maniobras denunciadas.
Entre las irregularidades bajo anÃĄlisis aparecen supuestos sobresueldos, falsos viÃĄticos, cobros a personas que no prestaban servicios y el uso de CUIL correspondientes a personal retirado. La magnitud de las cifras y la extensiÃģn temporal de las operaciones abren interrogantes sobre los controles existentes dentro de la estructura encargada de liquidar y acreditar los haberes.
Uno de los principales seÃąalados es el capitÃĄn de NavÃo contadorAriel Baltasar Atanasoff, quien se desempeÃąaba como jefe del Departamento Revista. SegÚn las actuaciones administrativas, habrÃa reconocido que efectuaba manualmente determinadas acreditaciones y que intervenÃa en la definiciÃģn de sus destinatarios e importes. Su eventual responsabilidad, al igual que la del resto de las personas involucradas, deberÃĄ ser establecida por la Justicia.
Uno de los puntos mÃĄs sensibles de la investigaciÃģn es que cuatro personas sin vÃnculo aparente con la Armada habrÃan recibido 184 acreditaciones por un total de $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto detectado. Entre ellas figura MarÃa del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habrÃa recibido 46 transferencias por $152.259.495,86.
La auditorÃa tambiÃĐn detectÃģ otras situaciones que quedaron bajo investigaciÃģn, entre ellas pagos simultÃĄneos de haberes en el paÃs y en el exterior y acreditaciones a familiares durante perÃodos de licencia sin goce de sueldo. Cada caso deberÃĄ ser analizado dentro de la causa para determinar si existieron efectivamente irregularidades y responsabilidades penales.
El impacto econÃģmico del caso tambiÃĐn resulta significativo. Hasta el momento fueron restituidos $42.574.267,63, mientras que, segÚn la denuncia, permanecen pendientes de recuperaciÃģn$938.574.300,25. La Armada dispuso ademÃĄs el relevamiento preventivo del personal involucrado, preservÃģ los equipos utilizados para procesar los pagos y modificÃģ el circuito administrativo para separar las tareas de liquidaciÃģn, acreditaciÃģn y conciliaciÃģn.
La denuncia fue presentada por el jefe de AdministraciÃģn Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, y quedÃģ radicada en el Juzgado Federal N.š 2. Ahora la investigaciÃģn deberÃĄ establecer cÃģmo funcionÃģ el mecanismo, quiÃĐnes intervinieron, cuÃĄl fue el perjuicio concreto para el Estado y si el monto involucrado supera los casi$1.000 millones actualmente documentados.
Mientras tanto, algunas fuentes estiman que el perjuicio podrÃa alcanzar los $1.500 millones, aunque esa cifra todavÃa no fue confirmada judicialmente. La investigaciÃģn pone asà bajo escrutinio los mecanismos de control de los recursos pÚblicos dentro de la Armada y plantea un interrogante central:cÃģmo fue posible que acreditaciones millonarias presuntamente irregulares se mantuvieran durante aÃąos sin ser detectadas por los controles internos.
La tasa de desocupaciÃģn alcanzÃģ al 7,9% en el segundo trimestre y ya acumula tres subas trimestrales consecutivas. El dato, que representa a unos 1,2 millones de personas, expone una creciente tensiÃģn entre el discurso del Gobierno sobre el mercado laboral y una realidad marcada por mÃĄs personas buscando trabajo, mayor informalidad y empleos de menor calidad.
La desocupaciÃģn volviÃģ a subir y alcanzÃģ el7,9% durante el segundo trimestre, segÚn informÃģ el Instituto Nacional de EstadÃstica y Censos (INDEC). El dato representa a alrededor de 1,2 millones de personasque no tienen ocupaciÃģn, estÃĄn disponibles para trabajar y buscan empleo activamente.
El registro adquiere especial relevancia por su evoluciÃģn: se trata de la tercera suba trimestral consecutiva, luego del 6,6% registrado en el tercer trimestre de 2025. Al mismo tiempo, la tasa de actividad llegÃģ al 48,9% y la tasa de empleo se ubicÃģ en 45%, equivalente a unos 13,6 millones de personas.
La fotografÃa del mercado laboral tambiÃĐn muestra otro dato de alerta:la informalidad aumentÃģ un punto porcentual interanual, mientras que entre los trabajadores informales creciÃģ especialmente el peso del cuentapropismo. SegÚn Daniel Schteingart, director de Fundar, la informalidad pasÃģ del 43% al 45% en el Último aÃąo, en un escenario en el que cayÃģ el empleo formal y aumentÃģ el informal.
El dato laboral contrasta particularmente con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionÃģ la idea de que el Estado deba crear puestos de trabajo y planteÃģ: âÂŋPara quÃĐ voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia?â. La pregunta presidencial queda asà enfrentada con un mercado laboral en el que cada vez mÃĄs personas salen a buscar empleo y no encuentran una ocupaciÃģn.
La discusiÃģn no pasa solamente por la cantidad de puestos de trabajo, sino tambiÃĐn por quÃĐ tipo de empleo se estÃĄ generando. El economista Diego Piccardo seÃąalÃģ que durante el trimestre se incorporaron 338.000 personas al mercado laboral, mientras que 265.000 consiguieron una ocupaciÃģn. La diferencia â73.000 personasâ explica el incremento de la desocupaciÃģn.
Piccardo tambiÃĐn destacÃģ el deterioro de la composiciÃģn del empleo: la informalidad habrÃa alcanzado el 45%, con un incremento estimado de 348.000 trabajadores informales. En ese sentido, sostuvo que el mercado laboral estÃĄ atravesando una recomposiciÃģn hacia formas de ocupaciÃģn con menor estabilidad.
La mayor presiÃģn sobre los hogares tambiÃĐn aparece detrÃĄs de estos nÚmeros. Cuando los ingresos pierden capacidad para sostener el presupuesto familiar, mÃĄs integrantes pueden verse obligados a incorporarse al mercado laboral. Si la economÃa no genera suficientes puestos de trabajo capaces de absorber esa nueva oferta, la tasa de desocupaciÃģn aumenta aunque tambiÃĐn crezca la cantidad de personas dispuestas a trabajar.
El fenÃģmeno resulta especialmente visible en algunas regiones. Las mayores tasas de desocupaciÃģn se registraron enGran Rosario, con 11,5%; Gran CÃģrdoba, con 10,5%; y Mar del Plata, con 9,9%. En los aglomerados del interior, ademÃĄs, la desocupaciÃģn aumentÃģ 0,8 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta alcanzar el 7,6%.
Para el CEPEC, los indicadores reflejan una mayor presiÃģn sobre el mercado laboral: no solo aumentÃģ la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo, sino tambiÃĐn quienes necesitan incrementar sus horas trabajadas o recurrir a una segunda ocupaciÃģn.
AsÃ, el 7,9% de desocupaciÃģn funciona como una seÃąal de alerta sobre una de las principales tensiones del modelo econÃģmico: mientras desde el Gobierno se relativiza la necesidad de generar puestos de trabajo, los datos oficiales muestran una mayor presiÃģn sobre el mercado laboral, un crecimiento de la informalidad y dificultades para transformar el aumento de la poblaciÃģn econÃģmicamente activa en empleo estable.
