La denuncia apunta a posibles sobresueldos, falsos viáticos, cobros fantasmas y utilización de CUIL de personas retiradas. La Justicia investiga quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos.

El escándalo que sacude a la Armada suma nuevos elementos y pone bajo la lupa un mecanismo de pago que habría permitido canalizar al menos $1.270 millones en acreditaciones presuntamente irregulares durante varios años. La información fue difundida por la periodista Cecilia Boufflet en el programa WiFi y ya forma parte de una investigación judicial que busca determinar el alcance de las maniobras denunciadas.

Entre las irregularidades bajo análisis aparecen supuestos sobresueldos, falsos viáticos, cobros a personas que no prestaban servicios y el uso de CUIL correspondientes a personal retirado. La magnitud de las cifras y la extensión temporal de las operaciones abren interrogantes sobre los controles existentes dentro de la estructura encargada de liquidar y acreditar los haberes.

Uno de los principales señalados es el capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Según las actuaciones administrativas, habría reconocido que efectuaba manualmente determinadas acreditaciones y que intervenía en la definición de sus destinatarios e importes. Su eventual responsabilidad, al igual que la del resto de las personas involucradas, deberá ser establecida por la Justicia.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es que cuatro personas sin vínculo aparente con la Armada habrían recibido 184 acreditaciones por un total de $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto detectado. Entre ellas figura María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido 46 transferencias por $152.259.495,86.

La auditoría también detectó otras situaciones que quedaron bajo investigación, entre ellas pagos simultáneos de haberes en el país y en el exterior y acreditaciones a familiares durante períodos de licencia sin goce de sueldo. Cada caso deberá ser analizado dentro de la causa para determinar si existieron efectivamente irregularidades y responsabilidades penales.

El impacto económico del caso también resulta significativo. Hasta el momento fueron restituidos $42.574.267,63, mientras que, según la denuncia, permanecen pendientes de recuperación $938.574.300,25. La Armada dispuso además el relevamiento preventivo del personal involucrado, preservó los equipos utilizados para procesar los pagos y modificó el circuito administrativo para separar las tareas de liquidación, acreditación y conciliación.

La denuncia fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2. Ahora la investigación deberá establecer cómo funcionó el mecanismo, quiénes intervinieron, cuál fue el perjuicio concreto para el Estado y si el monto involucrado supera los casi $1.000 millones actualmente documentados.

Mientras tanto, algunas fuentes estiman que el perjuicio podría alcanzar los $1.500 millones, aunque esa cifra todavía no fue confirmada judicialmente. La investigación pone así bajo escrutinio los mecanismos de control de los recursos públicos dentro de la Armada y plantea un interrogante central: cómo fue posible que acreditaciones millonarias presuntamente irregulares se mantuvieran durante años sin ser detectadas por los controles internos.

La tasa de desocupación alcanzó al 7,9% en el segundo trimestre y ya acumula tres subas trimestrales consecutivas. El dato, que representa a unos 1,2 millones de personas, expone una creciente tensión entre el discurso del Gobierno sobre el mercado laboral y una realidad marcada por más personas buscando trabajo, mayor informalidad y empleos de menor calidad.

La desocupación volvió a subir y alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa a alrededor de 1,2 millones de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente.

El registro adquiere especial relevancia por su evolución: se trata de la tercera suba trimestral consecutiva, luego del 6,6% registrado en el tercer trimestre de 2025. Al mismo tiempo, la tasa de actividad llegó al 48,9% y la tasa de empleo se ubicó en 45%, equivalente a unos 13,6 millones de personas.

La fotografía del mercado laboral también muestra otro dato de alerta: la informalidad aumentó un punto porcentual interanual, mientras que entre los trabajadores informales creció especialmente el peso del cuentapropismo. Según Daniel Schteingart, director de Fundar, la informalidad pasó del 43% al 45% en el último año, en un escenario en el que cayó el empleo formal y aumentó el informal.

El dato laboral contrasta particularmente con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó la idea de que el Estado deba crear puestos de trabajo y planteó: “¿Para qué voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia?”. La pregunta presidencial queda así enfrentada con un mercado laboral en el que cada vez más personas salen a buscar empleo y no encuentran una ocupación.

#DatoINDEC
Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

La discusión no pasa solamente por la cantidad de puestos de trabajo, sino también por qué tipo de empleo se está generando. El economista Diego Piccardo señaló que durante el trimestre se incorporaron 338.000 personas al mercado laboral, mientras que 265.000 consiguieron una ocupación. La diferencia —73.000 personas— explica el incremento de la desocupación.

Piccardo también destacó el deterioro de la composición del empleo: la informalidad habría alcanzado el 45%, con un incremento estimado de 348.000 trabajadores informales. En ese sentido, sostuvo que el mercado laboral está atravesando una recomposición hacia formas de ocupación con menor estabilidad.

La mayor presión sobre los hogares también aparece detrás de estos números. Cuando los ingresos pierden capacidad para sostener el presupuesto familiar, más integrantes pueden verse obligados a incorporarse al mercado laboral. Si la economía no genera suficientes puestos de trabajo capaces de absorber esa nueva oferta, la tasa de desocupación aumenta aunque también crezca la cantidad de personas dispuestas a trabajar.

El fenómeno resulta especialmente visible en algunas regiones. Las mayores tasas de desocupación se registraron en Gran Rosario, con 11,5%; Gran Córdoba, con 10,5%; y Mar del Plata, con 9,9%. En los aglomerados del interior, además, la desocupación aumentó 0,8 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, hasta alcanzar el 7,6%.

Para el CEPEC, los indicadores reflejan una mayor presión sobre el mercado laboral: no solo aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo, sino también quienes necesitan incrementar sus horas trabajadas o recurrir a una segunda ocupación.

Así, el 7,9% de desocupación funciona como una señal de alerta sobre una de las principales tensiones del modelo económico: mientras desde el Gobierno se relativiza la necesidad de generar puestos de trabajo, los datos oficiales muestran una mayor presión sobre el mercado laboral, un crecimiento de la informalidad y dificultades para transformar el aumento de la población económicamente activa en empleo estable.