La disputa entre el Gobierno y las universidades sumó un nuevo capítulo judicial y volvió a dejar al Ejecutivo frente a una orden de la Justicia. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario y le fijó un plazo de cinco días para acatar la normativa.
La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar vigente vinculada con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, en una resolución que vuelve a poner al Gobierno contra las cuerdas por su resistencia a ejecutar la normativa.
El magistrado le otorgó al Ejecutivo un plazo perentorio de cinco días para dar efectivo cumplimiento a la cautelar y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme”, sostuvo Cormick al intimar al Estado Nacional a cumplir con lo ordenado bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
De esta manera, la Justicia vuelve a intervenir en el conflicto por los recursos destinados a las universidades y le marca un límite al Ejecutivo, que deberá responder ahora dentro del plazo fijado por el magistrado.
Qué ordenó la Justicia sobre el financiamiento universitario
El conflicto judicial se originó a partir de la aplicación de la Ley 27.795, que establece recursos para el sistema universitario. En septiembre, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Cormick, había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En aquella resolución, el juez ordenó ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación, en el marco del reclamo para que el Gobierno implemente efectivamente la normativa.
La UBA había cuestionado el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes.
Cormick consideró entonces que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la ley no admitía mecanismos destinados a suspender su aplicación.
Ahora, ante la falta de cumplimiento total de aquella medida cautelar, el juez volvió a intimar al Gobierno y estableció un plazo de cinco días. El nuevo pronunciamiento suma presión judicial sobre el Ejecutivo en una disputa que mantiene abierta con las universidades públicas por el financiamiento, los salarios y el funcionamiento del sistema universitario.