La disputa entre el Gobierno y las universidades sumó un nuevo capítulo judicial y volvió a dejar al Ejecutivo frente a una orden de la Justicia. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario y le fijó un plazo de cinco días para acatar la normativa.

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar vigente vinculada con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, en una resolución que vuelve a poner al Gobierno contra las cuerdas por su resistencia a ejecutar la normativa.

El magistrado le otorgó al Ejecutivo un plazo perentorio de cinco días para dar efectivo cumplimiento a la cautelar y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme”, sostuvo Cormick al intimar al Estado Nacional a cumplir con lo ordenado bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.

De esta manera, la Justicia vuelve a intervenir en el conflicto por los recursos destinados a las universidades y le marca un límite al Ejecutivo, que deberá responder ahora dentro del plazo fijado por el magistrado.

Qué ordenó la Justicia sobre el financiamiento universitario

El conflicto judicial se originó a partir de la aplicación de la Ley 27.795, que establece recursos para el sistema universitario. En septiembre, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Cormick, había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En aquella resolución, el juez ordenó ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación, en el marco del reclamo para que el Gobierno implemente efectivamente la normativa.

La UBA había cuestionado el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes.

Cormick consideró entonces que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la ley no admitía mecanismos destinados a suspender su aplicación.

Ahora, ante la falta de cumplimiento total de aquella medida cautelar, el juez volvió a intimar al Gobierno y estableció un plazo de cinco días. El nuevo pronunciamiento suma presión judicial sobre el Ejecutivo en una disputa que mantiene abierta con las universidades públicas por el financiamiento, los salarios y el funcionamiento del sistema universitario.

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados. La causa investiga presuntos direccionamientos de compras, sobreprecios, pagos indebidos y una posible asociación ilícita dentro del organismo. El fallo también rechazó los planteos de nulidad contra los audios atribuidos al exfuncionario.

La Justicia volvió a complicar a Diego Spagnuolo, uno de los exfuncionarios más cercanos al entorno presidencial, al confirmar su procesamiento en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña alcanza además a otros 18 imputados y mantiene vigente una investigación que se convirtió en uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial de la gestión de Javier Milei.

Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico avalaron en términos generales la investigación impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y los procesamientos dictados en primera instancia por el entonces juez Sebastián Casanello.

Spagnuolo quedó procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Además, la Justicia le atribuye el presunto rol de jefe de una asociación ilícita que habría operado dentro del organismo.

La resolución representa un nuevo golpe judicial para el exfuncionario, cuya relación con el entorno presidencial había adquirido especial relevancia desde el inicio del expediente. Su salida de la conducción de la ANDIS se produjo en medio de la escalada del caso y de las sospechas sobre el funcionamiento de las contrataciones del organismo.

Una causa que investiga compras, sobreprecios y pagos indebidos

Entre los restantes procesados figuran el exfuncionario de la ANDIS Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete. Para los camaristas, en esta etapa existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de una estructura coordinada entre funcionarios públicos y particulares.

De acuerdo con la investigación, el mecanismo bajo análisis habría incluido el direccionamiento de contrataciones hacia determinadas empresas, la selección irregular de proveedores, la simulación de competencia y operaciones con presuntos sobreprecios. También se investigan posibles pagos indebidos a funcionarios para facilitar o garantizar determinadas contrataciones.

La acusación judicial estimó en $30.337.220.919,77 el perjuicio económico relacionado con las maniobras investigadas. La cifra corresponde a las operaciones analizadas por la Justicia, vinculadas con el presunto direccionamiento de compras, los sobreprecios y los beneficios que habrían obtenido determinados proveedores.

El período investigado comprende operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, por lo que buena parte de las maniobras bajo análisis corresponde al período de la actual administración nacional.

La Fiscalía sostiene que la incorporación y selección de determinados proveedores habría permitido construir una competencia aparente en los procesos de contratación, favoreciendo a determinadas empresas y generando mayores costos para el Estado.

La Cámara rechazó cuestionamientos sobre los audios

Otro de los puntos centrales de la resolución fue el rechazo de los planteos de nulidad formulados por algunas de las defensas contra los audios atribuidos a Spagnuolo.

Las grabaciones, cuya difusión pública impulsó inicialmente el expediente, fueron cuestionadas por las defensas a partir de su origen y de la posibilidad de que hubieran sido modificadas. Sin embargo, la Cámara consideró que esos planteos no alcanzaban para invalidar la investigación.

Los audios continúan siendo sometidos a análisis pericial de la Gendarmería Nacional, que debe determinar su origen, autenticidad y eventual existencia de cortes o modificaciones.

Además, los camaristas remarcaron que el expediente no depende exclusivamente de esas grabaciones. La investigación cuenta también con documentación vinculada con las contrataciones, elementos obtenidos durante allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados.

De esta manera, el avance de la causa no quedó condicionado únicamente por la discusión en torno a los audios, uno de los principales argumentos utilizados por las defensas.

Spagnuolo, nuevamente en el centro de la investigación

Con la resolución de la Sala II, los 19 procesamientos continúan vigentes y la investigación seguirá avanzando en la Justicia Federal. Para Spagnuolo, la decisión profundiza su situación judicial en una causa que puso bajo la lupa el manejo de contrataciones millonarias dentro de un organismo estatal y alcanzó a funcionarios y empresarios.

La confirmación del procesamiento no implica una condena. Los acusados mantienen sus derechos de defensa y la investigación deberá continuar para determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan y si existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Pero el nuevo fallo deja vigente una acusación de enorme dimensión económica y vuelve a colocar bajo la lupa a un exfuncionario que mantuvo vínculos estrechos con el entorno presidencial durante los primeros meses de la gestión de Milei.