Apenas dos semanas después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a Javier Milei, a su hermana Karina y a los otros involucrados, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó una nueva instancia judicial que podría reactivar la investigación y poner nuevamente bajo la lupa al entorno presidencial.
La decisión representa un duro revés para el intento de cerrar rápidamente uno de los mayores escándalos que enfrenta el Gobierno. La Sala II de Casación aceptó, por mayoría, tratar el recurso de queja presentado por dos inversores damnificados que habían sido apartados de la causa y reclamaban recuperar su condición de querellantes para continuar impulsando la investigación.
Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de habilitar el recurso, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia. Ahora, el tribunal deberá analizar si corresponde reincorporar a los damnificados como acusadores particulares, una decisión que podría abrir nuevamente el camino para cuestionar los sobreseimientos.
El dato central es que el expediente había quedado prácticamente clausurado después de que los querellantes fueran apartados de la investigación. Sin ellos, y con el fiscal Eduardo Taiano impulsando el sobreseimiento de los acusados, no había quedado una parte habilitada para apelar eficazmente el cierre de la causa.
UN CIERRE EXPRESS QUE AHORA VUELVE A QUEDAR BAJO SOSPECHA
El pasado 23 de octubre, Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Milei, Karina y otros nueve imputados, entre ellos los empresarios Mauricio Novelli, Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, al considerar que los hechos denunciados no configuraban delito.
La resolución llegó después de una investigación fuertemente cuestionada por los damnificados y sectores de la oposición, que denunciaron la falta de medidas de prueba fundamentales y el apartamiento de quienes reclamaban que se investigara la operatoria financiera detrás del lanzamiento de $LIBRA.
El caso se originó en febrero de 2025, cuando el Presidente promocionó desde sus redes sociales la criptomoneda, cuyo valor se desplomó pocas horas después de su lanzamiento y dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias.
Ahora, la decisión de Casación vuelve a poner en discusión el procedimiento que permitió cerrar el expediente y deja abierta la posibilidad de que los damnificados recuperen su capacidad de impulsar acciones judiciales contra los responsables.
OTRO FRENTE JUDICIAL: LA PROCURADURÍA TAMBIÉN BUSCA REVERTIR LOS SOBRESEIMIENTOS
La situación se vuelve todavía más delicada para el Gobierno porque el reclamo de los inversores no es el único frente que amenaza con reactivar el expediente. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) también se presentó para reclamar intervención en la causa y cuestionar los sobreseimientos dictados.
El organismo busca asumir un rol activo en la investigación y sostiene que existen elementos que justifican continuar con las actuaciones en lugar de clausurar el caso.
En paralelo, el escándalo vuelve a ganar espacio en el ámbito parlamentario, donde la oposición busca mantener activa la investigación sobre las responsabilidades políticas y económicas detrás de la promoción presidencial de la criptomoneda.
Por ahora, la resolución de Casación no anula los sobreseimientos ni ordena automáticamente reabrir la investigación. Primero deberá resolverse si los damnificados pueden volver a intervenir formalmente como querellantes. Sin embargo, el paso judicial conseguido constituye una nueva oportunidad para discutir el cierre del expediente.
De esta manera, el caso $LIBRA vuelve a convertirse en un problema para Milei y su entorno más cercano. El intento de dar por terminado el escándalo quedó nuevamente bajo revisión y la posibilidad de que la investigación avance vuelve a instalar interrogantes sobre el papel del Presidente, Karina Milei y los empresarios involucrados en la operatoria.
Lejos de quedar definitivamente cerrado, el expediente vuelve a moverse en los tribunales. Y para un Gobierno que había celebrado los sobreseimientos como una victoria judicial y política, la decisión de Casación representa un nuevo capítulo de un escándalo que todavía está lejos de tener todas sus preguntas respondidas.