A pesar de su fracaso electoral de 2015, Stolbizer se convirtió en habitué de los medios que potencian su imagen. De cara a 2017 evalúa alianzas, entre el oficialismo y la oposición, para mejorar su performance. Dice que en la calle le piden que no se junte, pero que tiene que hacerlo porque así no la vota nadie.

La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer negó haber hablado de alianzas electorales para las legislativas 2017 tanto con la gobernadora PRO María Eugenia Vidal, como con su par por el Frente Renovador Sergio Massa, aunque no descartó la posibilidad de compartir lista con el hombre de Tigre, con quien viene haciéndose guiños hace meses.

"Tengan en cuenta que mucho más hablan entre ellos y no está mal porque hay que naturalizar que políticos de diversas posiciones colaboremos mucho más", advirtió la legisladora.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Stolbizer comenzó a explicar "traspié electoral importante" del espacio político en las presidenciales de 2015 y por qué está mostrándose con el líder del FR, cuando hace un año la hipótesis de una alianza entre ella y el ex jefe de Gabinete kirchnerista parecía imposible.

Consultada por radio AM Del Plata, respecto de la chance de un acuerdo con Massa, la diputada indicó que no lo descarta y sugirió que necesita de esa alianza si quiere ganar: "Tiene mucho que ver con este mal resultado (sobre los comicios de 2015), porque yo no me arrepiento de nada de lo que hice y sigo pensando que me planté de acuerdo a mis convicciones, pero así me fue".

Y siguió la insólita explicación: "Me pasa que me paran y me piden que no me alinee con Massa y que siga teniendo ese estado puro, pero así no me vota nadie, sobretodo los que me lo piden en la calle porque esos fueron votantes de Massa en 2013 y de Macri en 2015".

Tras sugerir que una alianza con Massa obedecería a intereses electorales, Stolbizer ensayó una justificación al sostener que tiene la "tranquilidad de que en ningún tipo de acuerdo, si se diera" va a "tranzar en ninguno de los principios" que tuvo en sus "60 años". "Yo no voy a rifar en una elección nada de lo que he sostenido en toda mi vida", agregó.

Se trata de Fernando Díaz, quien está acusado de administración fraudulenta e irregularidades en el servicio de catering del sistema penitenciario provincial. Desde el Ejecutivo bonaerense minimizaron el hecho y designaron a un auditor por 90 días.

El mismo día que desde el Ministerio de Seguridad anunciaron el cambió de siete comisarios de la plana mayor de la Policía Bonaerense, el jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Fernando Díaz, renunció a su cargo. Había sido designado en diciembre del año pasado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Quedará en ese importante puesto el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Pablo Baric, y como auditor general, Fernando Rozas. El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, dijo luego de  hacerse pública la citación a la indagatoria de Díaz, que estaba analizando el caso con su par de Nación, Germán Garavano, y que no tenía tomada una postura ni decisión al respecto.

Díaz declaró en octubre pasado en una causa en la que se lo acusa (junto a otros 37 funcionarios) de administración fraudulenta y está sospechado de participar de esa maniobra delictiva –irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta– durante su gestión como auditor general del Servicio Penitenciario Federal.

A pesar de estas cataratas de citaciones y declaraciones en la justicia, Díaz aseguró que su alejamiento de la dirección del sistema penitenciario se debe a “motivos personales”.

Díaz había sido nombrado por Vidal como máximo responsable del SPB en diciembre pasado, luego de la salida de Florencia Piermarini y tras el escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. En estos momentos, lo que se baraja es realizar una auditoria general, en donde quien quedará a la cabeza será Fernando Rozas, ex diputado provincial de Francisco De Narváez y colaborador del intendente de La Plata, Julio Garro, durante la última campaña. El plazo será de 90 días, y una vez terminado, ahí se eligirán a las nuevas autoridades. Mientras tanto será Juan Pablo Baric -actual subsecretario de Política Penitenciaria- quien quede a cargo.

Conocida la causa judicial que involucra a Díaz, lo que alarmó al organismo emblema de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, comandado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es que "desde la nueva designación de Díaz al frente del SPB se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal". Entonces, en base a esto, le pidieron formalmente mediante un escrito a la gobernadora y a Ferrari que separen del cargo al funcionario, según le confirmaron a Letra P.

Según el último informe de la Comisión Provincial de la Memoría, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. El Servicio Penitenciario Bonaerense es tristemente célebre por eso. Vidal y Ferrari ahondarán nuevamente en esta problemática y prometerán seguir reestructurando el área.

Los galenos nucleados en el Cicop retomaran la medida de fuerza desde el martes hasta el jueves próximo, en los 80 hospitales de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo por mejoras salariales y para pedir mayor presupuesto para la salud.

El Consejo Directivo de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) ratificó un paro de 72 horas, que incluirá el martes una marcha al Ministerio de Salud bonaerense junto a los estatales de ATE. En paralelo representantes gremiales mantendrán una reunión en ese edificio con la ministra de Salud, Zulma Ortiz, en la que reclamarán el pase a planta de los becarios, entre muchos otros puntos.

En tanto, luego de los tres días de paro, el Cicop debatirá el viernes en asambleas los resultados de la reunión con Ortiz y los alcances de la medida de fuerza para definir un día después la continuidad o no de su plan de lucha.

Mientras la interna entre el Gobierno provincial y esa fuerza policial se encuentra en su máxima expresión, en los próximos días se darían a conocer movimientos en la cúpula de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con modificación en la superestructura a partir de la salida de siete comisarios generales del Agrupamiento Comando.

Según revela en su edición de hoy el sitio digital "La Tecla" el gobierno provincial evalúa el relevo de otros siete jerarcas policiales.

Siete comisarios generales del Agrupamiento Comando dejarían sus puestos, se trataría de; Alberto Cunsolo; Marcelo Carlos Di Pasqua; Gabriel Gustavo D’Uva; Pablo Eduardo Golini; Néstor Adolfo Larrauri; Rodolfo Alberto Ojeda y javier Alejandro Pometto.

El radicalismo realizó ayer elecciones internas en unos 30 distritos de la provincia de Buenos Aires, aunque en la mayoría de los 135 partidos bonaerenses se lograron listas de unidad. El comité provincia será presidido por el vicegobernador, Daniel Salvador quien logró el acuerdo de los distintos sectores de la UCR para ocupar ese cargo.

La Plata, Bragado, General Villegas, el Partido de la Costa, Saavedra, Avellaneda, Mar del Plata, Malvinas Argentinas , Vicente López, Exaltación de la Cruz, Luján, Morón, Salto, Quilmes, La Matanza y Berazategui fueron algunos de los distritos en los que hoy los afiliados concurrieron a las urnas.

En tanto, en Merlo, Almirante Brown y Nueve de Julio las internas fueron suspendidas por la justicia a raíz de denuncias por irregularidades en los padrones, según admitió una fuente de la junta electoral.

La decisión de lograr una sola lista para los máximos cargos partidarios del radicalismo bonaerense se produjo a fines de septiembre pasado tras intensas negociaciones entre los tres sectores que conforman el partido.

Fue así que se resolvió conformar una nómina encabezada por el vicegobernador, Daniel Salvador, como titular del Comité Provincial, mientras que los otros dos que habían sido potenciales a la presidencia, el senador Carlos Fernández (por el sector de Ricardo Alfonsín) y el diputado Maximiliano Abad (por el sector de Ernesto Sanz y Gustavo Posse), serán vicepresidente y secretario general respectivamente.

Además se acordó que Ricardo Alfonsín será el primer delegado al Comité Nacional seguido por el ex intendente de Pergamino Héctor Gutiérrez (Sanz-Posse), la diputada Alejandra Lorden (alfonsinismo) y Federico Storani (Salvador).

En La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, la lista del concejal Claudio Frangul se impuso sobre la que encabezaba el ex diputado provincial, Sergio Panella, según dijo a Télam una fuente partidaria.

Frangul era acompañado de diversos sectores internos ya que está alineado con Daniel Salvador y contó con el respaldo del alfonsinismo, la Corriente de Opinión de Federico Storani, Integración Radical y sectores juveniles partidarios.

El concejal es uno de los que apoya el acuerdo con Cambiemos, mientras que Panella tiene una postura crítica hacia la gestión del jefe comunal local, Julio Garro.

La Unión Cívica Radical (UCR) celebra hoy sus elecciones internas en toda la Provincia de Buenos Aires conformando una lista unitaria que lleva al vicejefe de Gobierno bonaerense, Daniel Salvador, como único candidato en remplazo a Ricardo Alfonsín. Pero la unidad no hizo mella en diferentes distritos del territorio provincial eso resultó imposible de lograr. Todos quieren encabezar la presidencia del partido a partir de las diferencias  que existen entre los radicales cercanos a Cambiemos y aquellos que resultan críticos no sólo de la gestión sino también de la alianza que concretaron para llegar al poder.

Durante el último semestre el enojo de buena parte e la dirigencia radica con Cambiemos fue en aumento, por sentirse aislados y ninguneados con la incorporación de “peronistas” en la toma de decisiones de la Gobernadora María Eugenia Vidal.. Sin embargo, ahora con Salvador, la tarea de calmar las aguas y buscar la unidad, es el principal desafío.

En La Plata,  habrá dos listas: una encabezada por Claudio Frangul y la otra por Sergio Panella, quien hace unos días señaló que “Garro quiere un presidente del partido que sea títere suyo”.

En Bragado, el titular de la Junta electoral de Bragado, José Luis Rodríguez, denunció penalmente al ex Intendente de ese distrito y candidato a presidir el Comité local, Orlando Costa, por “tentativa de defraudación”; mientras que en Villegas no se quedaron atrás y el concejal de esa localidad, Diego Tellechea, presentó el viernes una denuncia penal en la Ayudantía Fiscal para que se “investigue la presunta comisión de delitos”, donde acusa a la Lista 15, que encabeza el secretario de Seguridad del municipio, Gustavo Santillán. En este caso aseguran que en el listado, además de firmas truchas, se incluyó a tres personas fallecidas.

Distritos como Mar del Plata, Azul, La Costa, Saavedra, Carlos Casares y La Matanza, también hoy se pondrá fin a la incertidumbre que en algunos casos tiene a tres listas en competencia.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza pedirle al Ministerio de Defensa de la Nación equipamiento y tecnología para reforzar a los efectivos de la Bonaerense y  sumar a las Fuerzas Armadas para brindar apoyo logístico en los distintos operativos policiales. ¿Modificación de la Ley de seguridad interior?

Luego del anuncio del envío de efectivos de Gendarmería a todo el Conurbano y a Mar del Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal analiza la posibilidad de realizar un pedido formal al Ministerio de Defensa para pedir el despliegue del Ejército en todo el territorio bonaerense. El principal obstáculo para dicho emprendimiento es la Ley de seguridad Interior, la que puntualiza que las FF.AA. no pueden actuar en esa jurisdicción ni tener un rol operativo en el combate contra el narcotráfico, solamente pueden ofrecer tareas de apoyo o participar en operativos de áreas como salud, educación y desarrollo social.

Según trascendió, las autoridades bonaerenses pedirían un informe para analizar la disponibilidad y capacidad operativa. “No queremos modificar la Ley de Seguridad Interior sino hacer uso de los recursos que hoy tienen las Fuerzas Armadas. La ley no nos impide solicitar apoyo logístico”, aseguró un alto funcionario provincial.

Además, podrían solicitar vehículos blindados, helicópteros y aviones, equipos de comunicación y camiones de transporte. Incluso podrían solicitar cuarteles en desuso para ser utilizados como lugares de detención transitoria ante el colapso del sistema carcelario.

La otra estrategia que vienen barajando los asesores más cercanos a Vidal sería sumar a las FF.AA. como “acompañantes” en los diferentes patrullajes. Desde el Ministerio de Defensa sostienen que “si se nos pide apoyo logístico no habrá ningún problema, aunque habría que ver cómo se pondría en práctica. De hecho, hoy colaboramos junto con la Fuerza Aérea en la lucha contra el narcotráfico con el Ministerio de Seguridad”.

La gobernadora y el líder del Frente Renovador se reunieron en secreto para tratar la sanción del presupuesto del año próximo. También se comprometieron a asegurar gobernabilidad a la mandataria provincial y acordaron tomar deuda por alrededor de 90.000 millones de pesos.

Además de necesitar los votos opositores para aprobar el presupuesto, Vidal necesitaba de un acuerdo que le permita avanzar con un proyecto que busca endeudar brutalmente al Estado provincial. Es por eso que la Gobernadora busca contar con un apoyo político, según consignó el portal Enorsai.

Sin el massismo Vidal se encontraría en un encrucijada de tener que negociar menor tasa de endeudamiento, como sucedió este año con el Frente Para la Victoria. Desde el kirchnerismo le exigieron al gobierno que especifique cómo y para qué se iba a tomar tanta deuda.

Es por eso que Vidal y Macri se reunieron a puertas cerradas para tratar de avanzar con un acuerdo que le permita tomar deuda por cerca de 90.000 millones de pesos, según los cálculos más amigables.

A cambio Massa le exigió quedarse con la titularidad de la cámara de diputados provincial, así como algunos cargos menos a ocupar por su fuerza política.

Pero la negociación no está cerrada y se estima que ante la necesidad de Vidal, Massa podría exigir más condiciones para que sus diputados levanten la mano y aprueben la medida.

Es por el pedido de un paciente que fue desestimado por la cartera sanitaria bonaerense. El mismo debía atenderse con urgente atención médica en la Fundación Favaloro.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata ordenó embargar el sueldo de la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortíz, hasta tanto se haga efectivo el cobro de una multa por 365 mil pesos por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba la cobertura de prestaciones médicas a un paciente de alto riesgo.

De acuerdo al fallo del juez Luis Federico Arias, la funcionaria incumplió con una medida cautelar que regía desde el 1° de diciembre del año pasado, en la que se obligaba a la cartera sanitaria bonaerense, a través del Programa Federal Incluir Salud, a garantizar la cobertura médica y asistencial integral de las prestaciones, intervenciones y medicamentos que requiriera un paciente con tratamiento en la Fundación Favaloro, informó la agencia DIB.

En el texto se advierte que "la atención médica en la Fundación Favaloro le estaría siendo negada al Sr. F. (como se lo llama al paciente para preservar su identidad) debido a la existencia de una deuda que el sistema mantendría con la citada Fundación”.

Esta situación, señala la resolución, le “imposibilita de recibir adecuada atención médica, le impide contar con los certificados, órdenes y prácticas médicas necesarias para su tratamiento y que, como consecuencia de ello, se encontraría impedido de dar cumplimiento a la exigencia de la demandada de acompañar tales constancias para su cobertura”.

Frente a esta situación, Arias resolvió multar a la Ministra por un monto total de $ 325.000 que serán recaudados en el apercibimiento de su sueldo. El embargo a la funcionaria se procede a implementar hasta cubrir la suma indicada "que liquida los haberes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la retención de toda retribución que perciba la Sra. Ministra hasta cubrir la suma indicada en el punto anterior, que no podrá superar el veinte por ciento (20%) de su haber mensual".

"Alcanzado dicho tope, los descuentos respectivos deberán efectuarse de los haberes correspondientes a los períodos sucesivos", concluye el escrito del juez.

El grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COP), que aglutina a sacerdotes católicos que trabajan en las zonas más populares del país, hicieron pública una carta en la que manifestaron su preocupación por la política de seguridad del gobierno nacional.

En la misma línea, el miembro del agrupamiento católico, Ricardo Carrizo, sostuvo que es preocupante la situación de abuso de poder la policía de la Provincia de Buenos Aires.

El cura relató que en su propio barrio presenció un hecho que denominó como privación de la libertad por "portación de rostro": "El otro día estaba caminando por mi barrio, había unos chicos típicos con gorritas "portación de cara" como le dicen ahora y yo estaba caminando cerca de la parroquia y para un patrullero y les dice que se pongan todos contra la pared", contó el diácono.

"Yo me quede mirando, y veo que en vez de sólo preguntar, empezaron los empujones contra la pared, y cuando me acerqué, me empezaron a maltratar a decirme que me vaya y cuando me identifiqué me dijeron "padre perdóneme", relató el curara y añadió "el tema es que es lo que está haciendo vos con estos pibes, le dije yo,".

"Hay una cuestión de prepotencia", aseguró el padre Carrizo.

En las cartas que los Curas de Opción por los Pobres vienen publicando de manera quincenal, están sosteniendo de manera sistemática su preocupación por la política de seguridad de Cambiemos.

Para ellos "la ‘seguridad’ de la ministra Patricia Bullrich se ha dedicado a una verdadera ‘caza de pobres’”

“Ante tanto aparente descontrol de las fuerzas de seguridad nos llama la atención que esto ocurra desde poco después de comenzar el nuevo gobierno luego de 12 años de insistir y educar a las fuerzas de seguridad en DDHH”. Y agregan que “ver que en cuanto tienen la más mínima ocasión sale a la luz su descontrol nos hace pensar que está en su ADN combatir contra sus hermanos; la ideología de este gobierno, además, no solamente se los permite sino que lo avala”, subrayan los párrocos.

El cura Ricardo Carrizo, agregó además, que "la policía insiste con que las personas se identifiquen cuando ellos no están identificados"

Respecto de la situación social en Quilmes el cura párroco sostuvo en forma irónica que se está dando un "hermoso proceso de degradación", a la vez recordó que durante los últimos años el barrio había empezado a crecer y florecer y que se notaba que "había un notable avance y crecimiento".

"Desde diciembre hay cada vez más cartoneros, más gente pidiendo en los comedores, y nosotros no estamos teniendo estructura suficiente", detalló el cura.

"Hay una rotura de códigos donde la situación está llevando a que los pibes estén realizando acciones violentas, esto no es justificar el robo" remarcó.

Respecto e la gobernadora María Eugenia Vidal, sostuvo que "está en un especie de Limbo donde no termina de ubicarse" y apuntó "son muy lindos los discursos pero la realidad es otra cosa".

Escuchá la entrevista completa al diácono Ricardo Carrizo

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